Lo que parecía que iba a ser un duro escollo para el Gobierno, no lo fue. Y las famosas audiencias públicas como paso previo a los ajustes tarifarios, que tanto revuelo político y judicial habían causado, pasaron con más pena que gloria, y una indiferencia de la opinión pública que pocos habrían imaginado. 

Puede parecer sospresivo, si se tiene en cuenta que tras el fallo de la Corte Suprema que echó atrás el “tarifazo” de gas, hubo un mes en donde se llegó a dudar de la continuidad del ministro de Energía, Juan José Aranguren, si los reclamos se hacían más fuertes y la oposición mostraba una postura más dura.

Acaso la facilidad con la que se sorteó esta instancia haya sido causada por el hecho de que la Corte aclaró que la audiencia era "no vinculante" y entonces el debate quedó "devaluado" por anticipado.

Pero, en parte también influyó la actitud del Gobierno, que pocos días antes de la reunión, restó expectativas al adelantar detalles de su plan revisado. El nuevo tarifazo será mucho más suave si se lo compara con el original e incluso con el "corregido" con tope de 400% para usuarios residenciales.

De hecho, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, anunció que tiene asumido un mayor costo fiscal por subsidios y que estos se encuentran contemplados en el proyecto de Presupuesto 2017 que analiza el Congreso.

De esta forma, el macrismo logró con bastante cintura política que la audiencia fuera algo sin mayor trascendencia pública, a pesar de que en el primer día La Usina del Arte, el lugar donde se desarrolló el encuentro, estuvo sitiada varias cuadras a la redonda mediante un gran operativo de seguridad por la cantidad de protestas y piquetes en las calles.

Claro que quienes promovieron la audiencia también tienen sus argumentos para defender la realización de este evento. Bien puede plantearse -a la vista de lo que era el tarifazo original y el que finalmente quedó en pie- que de no haber sido por su insistencia, el ajuste habría pegado con más fuerza.

En definitiva, el resultado de la audiencia pública para el tarifazo del gas mostró al Gobierno como airoso de la situación, sin tener que pagar grandes costos políticos, aunque sí habiendo aceptado la revisión de los errores que tuvo el primer diseño de su política energética.Bajo ratingTal fue el desinterés que generó el encuentro, que solo una veintena de personas en la sala y 100 espectadores vía web -por la página del ministerio de Energía y Minería en la red social Youtube que transmitía en vivo- conformaron el público final. La última jornada  fue breve y sin sobresaltos. Duró apenas algo más de hora y media.

El único momento tenso de esa jornada se dio cuando subió al atril un ciudadano que fue identificado como el "señor Garay", quién expresó que no cuenta con servicio de gas por red en su domicilio y su salario no le alcanza para comprar más de una garrafa al mes. 

Muchos de los críticos del macrismo pegaron el faltazo a pesar de que figuraban en la lista de oradores, como los líderes de las CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza.

El Gobierno, que indicó que las recomendaciones que le hicieron durante casi tres días iban a ser escuchadas y tenidas en cuenta, trata de mostrar que salió favorecido de situación porque su nuevo cuadro tarifario respeta los lineamientos de la Corte Suprema sobre "viabilidad" y "proporcionalidad" del ajuste. 

Para otros, en tanto, se trata de una nueva lectura de la realidad social, en la que el macrismo concluyó que se había equivocado al no hacer un camino gradualista.

Los puntos a revisar tras la audiencia serán pocos, como la falta de información sobre el precio del gas a boca de pozo, la dolarización de las tarifas, las dificultades para acceder a la tarifa social y el impacto en las pequeñas y medianas empresas.

El ente regulador Enargas ya elabora un informe preliminar en los próximos 10 días y en un mes, habrá un dictamen definitivo, con las definiciones de política tarifaria que regirán entre octubre y marzo de 2017.

Las nuevas facturas comenzarán a llegar a los usuarios residenciales en los primeros días de noviembre.

Puntos a revisar

Aranguren fue el único de los expositores que participó de las tres jornadas y al término de ellas dio una conferencia de prensa en la que explicó los puntos a revisar por el Gobierno sobre la política tarifaria. 

Sobre las pymes, el funcionario señaló que habrá que reformular los puntos comprendidos en la resolución de abril pasado para lograr un sistema “más sustentable” que permita al mismo tiempo recuperar los costos de importación.

En cuanto a los clubes de barrio y otras asociaciones civiles, indicó que en el primer caso, la secretaría de Deportes implementó un subsidio para aquellas instituciones que cuenten con hasta 2.000 socios, hasta tanto se reglamente la Ley 27.098 de "Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo.

Aranguren destacó que "faltan reglamentar dos leyes que fueron promulgadas a fines del año pasado, la Ley de Entidades de Bien Público y la de Clubes de Barrio, pero lo vamos a hacer en poco tiempo", prometió.

En cuanto a la tarifa social, el ministro de Energía indicó que habrá una modificación para su acceso, en particular aquel vinculado con la tenencia de un auto de más de 15 años de antigüedad.

La normativa vigente establece que quedan excluidos de acceder a la Tarifa Social aquellos propietarios de autos cuyos modelos tengan más de 15 años de antigüedad. Ese requisito se eliminará.

Los criterios a partir de los cuales una persona puede ser excluida de la Tarifa Social son además:

- Registro de propiedad Inmueble: quedarán excluidos aquellos titulares de más de una vivienda.

- Embarcaciones y aeronaves de lujo: Los hogares de sus propietarios quedarán excluidos.

También quedarán imposibilitados de acceder los beneficiarios del Programa Hogar, de garrafa subsidiada (actualmente brinda una cobertura a 2,8 millones de hogares).

Al evaluar qué sucede con los precios internacionales y su incidencia en el valor final de las tarifas, el Gobierno decidirá en cada semestre si se trasladar a los consumidores o se efectúa la reducción de subsidios de manera más paulatina que la prevista.

Por último, sobre las pymes, que se quejaron por los altos montos que están pagando y que quedaron exceptuados del tope, el funcionario remarcó que “si bien no fueron motivo del fallo de la Corte, reconocemos que hay casos que tenemos que reformular”.

“Lo vamos a analizar sobre la base de las presentaciones que han hecho la CAME y otras organizaciones, además de quienes comercializan el GNC”, explicó Aranguren, al finalizar la audiencia.

El ministro detalló el viernes que hay un tipo de gas para la industria que tendrá un aumento inicial del 166% y luego actualizaciones semestrales del 36%. 

En lugar del 500% que pensaba aplicar -y que la Corte Suprema no objetó-, se estima que el aumento para los usuarios comerciales estaría más cerca del 250%.