Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 40.000.000 millones de personas intentarán en 2017 obtener un puesto de trabajo. Lamentablemente, la gran mayoría de ellas no podrán ingresar al mundo del empleo.

La falta de capacidad del sistema  para dar respuesta a estas necesidades, plantean la urgente necesidad de un cambio de paradigma a la hora de interpretar el futuro escenario del empleo.

Desde la crisis generada por las resoluciones de la OPEP en la década del 70 hasta el colapso generado a la economía mundial por efecto de la crisis originada por Lehman Brothers en 2008, el mundo ha atravesado verdaderos sismos económicos cuyas consecuencias más visibles son el aumento del desempleo y mayores niveles de pobreza e inequidad.

A partir de allí, la fuerte transformación de los ciclos económicos en nuestra sociedad, nos marca la necesidad de encontrar nuevas modalidades para hacer frente a estos desafíos. El dialogo social junto a políticas de fomento del empleo y legislaciones modernas que contemplen los nuevos escenarios del trabajo son, no solo necesarias, sino urgentes. La promoción de mercados laborales inclusivos con legislaciones adaptadas a un contexto en permanente cambio surge, en consecuencia, como (quizás) el principal desafío en materia de políticas públicas.

Qué es la precarización laboralPara entender esta cuestión es necesario citar la definición de "trabajo decente", concepto acuñado por el Sr. Juan Somavia, ex director general de la OIT en 2008. 

“Es la posibilidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.

La sola ausencia de alguna de estas condiciones constituye precariedad laboral. 

A sabiendas que en la Argentina cerca del 40% de los asalariados sufre algún grado de precarización, debemos (Estado, Organizaciones sociales y sector privado) buscar soluciones que respalden e impulsen a todos los canales que brinden empleo formal. Esto es mediante la promoción de leyes que se adapten a estos escenarios y alienten la contratación de trabajadores.

En nuestro País el empleo temporario es garantía de trabajo decente. Desde la obligatoriedad de gestionar la habilitación para operar ante el MTEySS hasta la de constituir garantías económicas para solventar hipotéticos créditos laborales.

Incluso considerando que la problemática del empleo joven no es patrimonio de nuestro país, lo cierto es que año tras año miles de jóvenes obtienen su primer empleo a través de las empresas de servicios eventuales, convirtiéndonos en canal preferencial de este grupo vulnerable y aumentando, en consecuencia, sus niveles de empleabilidad. Aportes y contribuciones, vacaciones, aguinaldo sueldos de convenio, obra social, cobertura de riesgos de trabajo, constituyen un aporte real al trabajo decente. Un significativo porcentaje de nuestros colaboradores acceden por primera vez a un empleo registrado y cerca del 40% pasará a integrar la nomina de nuestros clientes. Nuestra actividad en el mundo ayuda cada año a  más de 46 millones de personas a conseguir trabajo.