Tras las audiencias públicas del mes pasado, el Gobierno dio a conocer el nuevo cuadro tarifario del gas. Uno de los sectores que sufrirá mayor impacto será el de las pequeñas y medianas empresas.

Con el nuevo esquema, en el caso de las Pyme, el servicio general P1 y P2 pasarán de un incremento promedio del 600% a uno del 277%. En el segmento P3, la suba bajará del 572% al 369% en el promedio de las tarifas.

Si bien este es la suma promedio, para los casos en los cuales, por alguna circunstancia especial, se parta de niveles más bajos en 2015, se establecieron topes de aumento en la factura final con impuestos.

En el caso de las Pyme comerciales e industriales, los usuarios SGP no podrán tener un aumento mayor al 500% en la comparación con el mismo período de facturación del año anterior, del monto a pagar, impuestos incluidos.

En el caso del período de abril a septiembre, Aranguren señaló que se mantiene el cuadro tarifario anterior y también el tope del 500%.

Desde las firmas que agrupan a ese sector se mostraron preocupados. Es que consideran que no se tienen en cuenta los sectores productivos. Sostienen que hay áreas de producción como el cuero, que son grandes consumidores de gas y que apenas pueden mantenerse en pie. Además, sostienen al incrementarse el costo de producción, este deberá ser trasladarlo a los precios para poder mantener la empresa rentable.

En ese aspecto insistirán para que se traten diversas propuestas para apuntalar el sector. Por ejemplo, a fin del mes pasado, la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) fueron al Congreso para pedir por un proyecto de ley que regule las tarifas de los servicios públicos, de manera que no afecten la actividad productiva ni el acceso de la sociedad en su conjunto a servicios básicos.

El presidente de la CEEN, Francisco Dos Reis, resaltó que “es urgente que el Congreso Nacional discuta una Ley de emergencia Pyme y ocupacional, sobre todo cuando nada se avanzó con la Ley 27.264 de Recuperación productiva que impulsaba la oferta cuando aquí el problema central es de demanda”.

“El ajuste de tarifas propuesto por el Gobierno quita competitividad a la pymes y las ahoga económicamente al punto de ponerlas al borde del cierre con todo el daño que provoca, como el aumento de desempleo”, advirtió Dos Reis. 

Asimismo, para el titular de la CEEN “las resoluciones del Ministerio de Energía han introducido una serie de valores arbitrarios e imposibles de pagar que sextuplican los gastos en gas de las pequeñas y medianas empresas”.

Los empresarios pymes, que emplean al 76,4% de la población activa, están preocupados por la brusca caída del empleo, de la producción y del mercado interno, así como por el crecimiento de la importación.

Además, la cuestión podría continuar judicializándose por lo “desmedido” de los incrementos.

El vicepresidente de Confederación General de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Elías Soso, destacó que el anuncio del aumento de las tarifas de gas se realiza "en un marco general de desasosiego que tienen que enfrentar las empresas en los últimos tiempos".

Y advirtió que los incrementos en las facturas de energía "tendrán consecuencias imprevisibles" en muchos emprendimientos como fundiciones y acerías que tienen un uso intensivo de gas.

En esa línea ejemplificó que para una fábrica de cristales, al 40% de los productos lo integra el costo energético. “Es decir que un vaso que vale 10 pesos, tiene 4 de costo de energía, y con el tope del 500% de aumento, ese costo se va a 16 pesos. Entonces el vaso de 10 pesos, se va a más de 20, porque hay que agregarle el aumento de energía, y se descoloca a ese empresario del mercado internacional, y también del mercado interno”, advirtió.

Para Came, en el actual contexto, solo hay margen para una suba gradual de tarifas, donde los precios se vayan sincerando en un período mínimo de dos años, que dé tiempo para que la economía y las empresas puedan ir recuperando su actividad. 

Pero a su vez, ese gradualismo debe definirse contemplando tres categorías: pyme con baja incidencia de la luz y el gas en sus costos, pyme con incidencia media, y pyme con incidencia alta.

“Para construir un esquema tarifario viable para el país y los usuarios, la única vía en la coyuntura actual es el gradualismo. De lo contrario, se llevará al quiebre de muchas empresas”, agregó Soso.

La cámara que engloba a más de 500.000 empresas Pymes sostiene que el criterio para aumentar no tiene que ser un porcentaje, porque "genera inequidades". Y agregó: "Un 300% de aumento a una fábrica que usa poca luz o poco gas, no le incide, mientras que a una que utiliza luz intensiva, la deja fuera de mercado".

Raúl Eduardo Zylbersztein, de la Cámara Industrial de las Manufactureras del Cuero y Afines (CIMA), aseguró que "hay que hacer una segmentación por tamaño o sector”. 

“Los que hacen panificados, vidrios y las curtidoras tienen un uso intensivo de gas", ejemplificó.

A la Justicia

Hace pocos días, el juez federal Miguel Vaca Narvaja aceptó la apelación del Gobierno en la causa iniciada por Apyme que frenó su fallo por el aumento de las tarifas de gas a grandes consumidores.

De esta manera, si llega la factura con aumento, las Pyme tienen que pagar.

"La medida cautelar se suspende hasta tanto la Cámara Federal de Apelaciones se expida sobre la apelación realizada por el Gobierno. El efecto de la apelación por ley es suspensivo, quiere decir que la resolución queda en suspenso hasta tanto sea ratificada o revocada", explicó el magistrado.

En ese contexto, las empresas distribuidoras no deberán modificar el esquema de facturación, lo que hace que el cuadro tarifario se mantenga vigente, con los aumentos del 500% dispuestos por el Gobierno desde el 1º de abril.

Vaca Narvaja se expidiría en el corto plazo por la causa principal, que debe decidir si Apyme puede interponer un amparo colectivo para cuestionar la suba del gas desde esa fecha hasta la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario tras la audiencia pública.

Por otro lado, las pyme analizan los pasos a seguir tras la publicación de las nuevas tarifas. Es que sostienen que se trató de una arbitrariedad del Estado en fijar un porcentaje sin tener en cuenta la incidencia de dicho servicio público en determinados sectores productivos.

Sostienen que algunas empresas, pese a que habría una reducción en el incremento originalmente previsto, podrían entrar en riesgo.