"A Gómez Centurión se lo aplaudió de pie. Y esta no es una platea que regale aplausos”. 

Con estas palabras, Ariel Schale, director de Fundación ProTejer, explicó a iProfesional el buen feeling que hoy existe entre el restituido titular de la Dirección General de Aduanas y el sector empresarial. 

Mucha agua ha corrido tras las controvertidas denuncias por supuestos casos de corrupción, sobornos y maniobras de subfacturación -que provocaron su desplazamiento durante cerca de dos meses- y su posterior confirmación al frente del organismo. 

Juan José Gómez Centurión hoy goza del crédito de la mayoría de las cámaras sectoriales, especialmente de aquellas que pertenecen a los sectores más sensibles al contrabando.

Su reivindicación pública tuvo lugar en el marco de la ProTextil, la convención anual que reúne a los principales referentes y empresas de esta rama de actividad y que este año contó con la participación de funcionarios como el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y de la vicepresidenta, Gabriela Michetti.

“Gómez Centurión subió al estrado en medio de un aplauso infernal. Realmente fue un reconocimiento por haber dado el puntapié inicial de la fuerte purga en la Aduana y por haber sido quien comenzó a investigar la enorme red de funcionarios y empresarios que se dedicaron a montar una estructura para contrabandear por montos millonarios”, acotó Miguel Ponce, experto en comercio exterior. 

Hoy, la Aduana es un gran hervidero. Cada vez que se abre un contenedor, es como si se destapara una olla que no hace más que correr el velo de una organización que fue creada para violar los controles de múltiples formas.

Como parte de esta investigación es que la Justicia decidió ordenar las detenciones del ex director de la DGA en el Puerto de Buenos Aires, Edgardo Paolucci; de Federico Tiscornia, hermano del ex juez Guillermo Tiscornia y de Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido. 

Desde que Macri nombró como titular de la DGA a este ex militar, quien combatió en la guerra de Malvinas y fue condecorado con la más alta distinción, se inició una importante “limpieza” dentro del organismo responsable de monitorear el comercio exterior. 

Tras su regreso, los controles sobre cada carga que ingresa al país se volvieron cada vez más exhaustivos. 

Así lo confirma un reconocido despachante de Aduana que camina el puerto a diario: “Hasta el año pasado teníamos cuatro o cinco contenedores por semana que pasaban por el canal rojo. Ahora fácilmente diría que más del 60% de las cargas que gestiona mi estudio pasa por esta etapa de control”. 

En la jerga aduanera, “canal rojo” implica la fiscalización más exhaustiva que puede realizarse sobre un embarque, incluyendo apertura del container, su escaneo y el chequeo de todo el papeleo administrativo, incluido un análisis del legado del importador. 

Los propios empresarios textiles coinciden en afirmar que este año, tras un 2015 récord en materia de contrabando registrado a través de la terminal porteña, el comercio ilegal comenzó a aflojar. 

“En los últimos meses, hemos notado un parate importante de las maniobras truchas", confirma Schale, ex subsecretario de Comercio Internacional de la Cancillería. 

Esto, lógicamente ha redundado en algunas demoras en la logística, algo que las cámaras industriales ven como un signo positivo de que los controles se están efectuando. 

Ahora, los industriales están dando un paso más en la lucha para frenar el contrabando.

En diálogo con este medio, Schale anticipa que la cámara tiene bajo investigación a un importante grupo de empresas y particulares que, en connivencia con algunas facciones del poder judicial, armó una maquinaria aceitada.

La misma les permite obtener medidas cautelares de manera casi instantánea para saltear el proceso de otorgamiento de las Licencias No Automáticas (LNA), necesarias para gestionar una importación. 

Las LNA son los instrumentos de monitoreo y control que reemplazaron a las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que había creado Moreno. 

En la actualidad, el Gobierno controla más de 1.400 productos con este mecanismo.

La Organización Mundial del Comercio otorga hasta dos meses para su aprobación, período en el cual el Gobierno puede analizar los antecedentes y avales del importador, las características del producto que se quiere ingresar y el país de origen. 

Sin embargo, según explica Schale a este medio, “hemos detectado una operatoria muy aceitada entre empresas truchas y el sector judicial con la que sistemáticamente `bypassean` la política de control y administración de comercio”. 

Se trata de sociedades fantasmas creadas para gestionar uno o dos pedidos de importación, para luego disolverse.

En algunos casos, según pudo saber este medio, aparecen como testaferros jubilados sin ningún tipo de solvencia económica. 

“Son sociedades que duran cuatro o cinco meses, que manejan fondos en negro y que operan importaciones por millones de dólares, puenteando el control que puede hacer el Gobierno", agrega el directivo.

Para peor, lo hacen "con la ayuda de algunos jueces que los benefician con esos amparos”, completa. 

La cámara preparó un documento en el que han recopilado la información de todas las sociedades truchas . 

En el sector consideran que muchas de las sociedades fantasma que se crearon para utilizar este mecanismo también estuvieron vinculadas con otros fraudes, como el contrabando y la subfacturación. 

“Al cerrárseles las ventanas para realizar maniobras ilícitas, algunas optaron por entrar la mercadería dándoles un viso de legalidad”, apunta un referente de la industrial textil.

Además, afirmó que a través de esta "industria de los amparos" estaría ingresando mercadería por más de u$s300 millones anuales. 

En medio de esta cruzada anti contrabando, Schale asegura que tienen nombres de magistrados implicados y que presentarán dicho informe en el Congreso para “pedir que se avance con juicios políticos”. 

Fin de "zona liberada" en el puertoEmpresarios del sector calzado, la electrónica y del rubro textil aseguran que, desde la llegada de Gómez Centurión los controles en el puerto de Buenos Aires se reforzaron notablemente. 

En concreto, tras cruzar datos de importadores y elaborar perfiles de riesgo por los orígenes y las mercaderías declaradas, se detectaron 4.500 contenedores sospechados de contrabando por un valor superior a los u$s500 millones. 

“En algunos contenedores decían que traían tasas de plástico y baratijas, pero resultaba que venían telas por más de u$s100.000”, especifica a este medio Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación ProTejer. 

“En los últimos meses la Aduana también detectó otro tipo de maniobras: como la de importadores que llenaban el 20% del container con la mercadería declarada y después utilizaban el 80% restante para cargarlo con productos más costosos y no declarados”, acota. 

Ponce recuerda además que cuando se daban los primeros pasos de esta investigación, aparecieron “cargados con prendas con la etiqueta que rezaba `Industria Argentina` cuando, en realidad, era toda producción importada desde el Sudeste Asiático”. 

En este contexto, Schale confirma que el sector textil, que es el que más sufre por el contrabando, “avala en un 100% la gestión que ha venido llevando adelante el actual titular de la Aduana, luego de los años duros que transitamos".

Los datos recopilados por la entidad son contundentes: de 2010 a 2015, la Administración General de Aduanas en el puerto fue literalmente un verdadero "colador".

Hay un cálculo bastante preciso que señala que sólo en concepto de textiles “Made in China” el contrabando llegó a los u$s1.800 millones en esos seis años. 

“Desde 2010 ingresaron de manera ilegal casi 6.000 contenedores con textiles asiáticos, con una carga de mercadería valuada en u$s300.000 promedio”, explicita. 

Las cifras de ProTejer tienen asidero: para obtenerlas, realizan el siguiente comparativo:

-Verifican los datos declarados todos los años por los exportadores chinos en su país que envían sus productos a la Argentina. 

-Luego contrastan esos números con los que informan los importadores (argentinos) ante la Aduana nacional. 

Este cruzamiento de datos arrojó que en 2015 se registró el récord de contrabando de los últimos años: desde China se informó que salió mercadería textil con destino a la Argentina por casi u$s1.000 millones. ¿Cuánto se declaró de ese total en la Aduana local? Apenas u$s540 millones. 

Esto significa que un 45% de todos esos embarques que tendrían que haberse declarado, entraron de manera ilícita (ver cuadro).

¿De qué manera? Según explica Meloni, “las técnicas pueden ser variadas: algunos declaran menos peso del que en realidad traen, para pagar menos impuestos". 

"Otros realizan lo que llamamos el salto de posición arancelaria: es decir, importan un producto pero lo declaran como otro ítem de menor valor para evadir tributos”, agrega. 

En diálogo con iProfesional, uno de los empresarios textiles líderes de la Argentina, quien pidió estricto off the record, afirmó que “históricamente, más del 40% de los textiles que llegaban desde Asia se contrabandeaban. Esto es lo que, de a poco, se está cortando”. 

Por lo pronto, Pro Tejer estima que este año entrarán textiles “declarados” y en forma legal desde China por u$s650 millones, un 20% más que el año pasado, frente a una tasa de crecimiento de las importaciones generales del sector menor al 10% en divisas. 

"Esto implica que hay más importadores que pasaron a actuar en la formalidad", señala la fuente consultada. 

Tapando los agujeros del “colador”Una de las medidas clave de la "operación limpieza" que inició Gómez Centurión fue la de monitorear más de cerca los depósitos fiscales.

Básicamente, son predios o galpones de almacenamiento, en general emplazados cerca del puerto, donde se pueden vaciar containers de importación y almacenar la mercadería a bajo costo. 

La nueva gestión se encontró con que en estos depósitos se realizaban muchas maniobras de madrugada, sin ningún control por parte del personal aduanero.   

De hecho, la mayoría de los 4.500 containers bajo sospecha por maniobras fraudulentas y sin dueño descansaban en este tipo de predios.  

Tras numerosas auditorías, la Aduana decidió quitarle la licencia para operar a cerca de diez depósitos fiscales.

Entre ellos figura la firma Lo Primo, gestionada nada menos que por Miguel Pascucci, quien es presidente de la Cámara Argentina de Depósitos Fiscales (CADEFIP). 

Tras este escándalo, la AFIP avanzó con una resolución con la que modificó el régimen de habilitación de permisos para operar depósitos fiscales, con el objetivo de recuperar el control total de la mercadería que entra y queda almacenada a la espera de que la retiren los importadores.

Pero para los funcionarios recién están rascando la “cáscara” de una operación de grandes proporciones. 

De hecho, Gómez Centurión y el subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi, denunciaron a 55 empresas que habrían incurrido en delitos aduaneros y de lavado de activos.

Sospechosamente, fue a las 48 horas de esa presentación que apareció la denuncia que lo apartó momentáneamente de su cargo. 

Ahora, con él nuevamente al frente de la DGA, la investigación prosigue: hay 17.000 CUIT de operadores que presentan inconsistencias por u$s14.000 millones y que están siendo analizados por la AFIP. 

Algunas empresas y particulares son investigados por haber solicitado divisas al BCRA (cuando se requería el visto bueno de la entidad, en tiempos del kirchnerismo) pero que, como contrapartida, nunca realizaron la importación correspondiente.

Otros directamente están sospechados de maniobras ilícitas como subfracturación y contrabando. 

Como parte de esta megaoperación para ir tapando los agujeros del colador en el que se había transformado la Aduana, Gómez Centurión también avanzó con un movimiento de fichas clave: decidió crear la Subdirección de Control Aduanero para cortar con un “vicio” inexplicable hasta ese momento.

Sucedía que los fiscalizadores del puerto, que debían velar por la transparencia, reportaban a la propia Subdirección de Aduana Metropolitana, a la que tenían que controlar. 

"El trabajo que se viene realizando para desbaratar a todas estas mafias hasta ahora fue intenso. Pero la sensación que hay entre empresarios y los propios funcionarios, es que recién se está tocando la punta del iceberg", concluye Ponce.