El oficialismo logró dar dictamen a una iniciativa propia, que cuenta con el apoyo de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), sobre la rebaja de las comisiones de tarjetas.

Pese a que en un principio el plenario de Legislación General y Finanzas se había levantado por no reunir el quórum necesario, a los minutos, y tras una discusión sobre el reglamento, el encuentro se reanudó.

El nuevo texto fija un tope de 2% al arancel percibido por las compras con crédito y del 1% en las de débito, lo cual supone un trato más benévolo para los bancos respecto del proyecto original que habían impulsado los comercios.

Tanto el kirchnerismo como el Frente Renovador acompañaron con la firma, aunque con disidencias. La reunión había sido convocada tras la sesión del miércoles en Diputados ante las críticas por un posible "cajoneo" del proyecto que avaló el Senado.

Es que es mucho el dinero en juego y es fuerte el lobby a favor y en contra del proyecto, señalan varios referentes del sector bancario, legisladores y representantes de las cámaras que nuclean a los comercios minoristas.

Esa es la explicación que muchos de ellos dan para "justificar" por qué aún no es ley la iniciativa para reducir las comisiones que los usuarios pagan por sus compras con tarjetas de crédito y débito.

"Cuando parecía que era inexorable la salida de la ley, los bancos hicieron valer su poder de fuego y lograron dilatar su tratamiento", reconoce una fuente del mercado financiero.

Así las cosas, los tiempos se estiran y son muchos los que ya temen que la inciativa puede llegar a quedar "cajoneada".

Luego de haber sido convalidada por unanimidad en el Senado hace ya dos meses, era de prever que iba a sufrir modificaciones en Diputados, tal como sucedió.

En el mientas tanto, este tema mantiene en vilo a los comerciantes, empresarios y, claro está, a los bancos.

De acuerdo con datos de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), acérrima defensora del plan para bajar las alícuotas, sólo en concepto de comisiones por compras con plásticos se movilizaron en el año casi $13.500 millones.

Los representantes de esa entidad están convencidos de que ese dinero podría haberse destinado a rebajar precios y, en consecuencia, a favorecer el consumo.

No todos coinciden con esa postura. Especialmente los banqueros, que argumentan que sólo pueden mantener su política de descuentos y beneficios a partir de las comisiones que reciben.

Algunos de ellos se han mantenido en contacto con legisladores para expresarles que una ley que obligue a bajar esos cargos significará el punto final de varias de las estrategias de rebajas que se llevan a cabo.

O, en todo caso, llevará a las entidades financieras a tener que espaciar los beneficios en el tiempo.

En medio del fuerte lobby, un importante directivo de una entidad de capitales españoles asegura a iProfesional que "el consumidor hasta puede resultar perjudicado si el proyecto para bajar las comisiones se convierte en ley"."El peligro es que por detrás de un aparente beneficio para el público aparezca la imposibilidad de darle continuidad a los programas de descuentos", expresa.

Ante la pregunta de este medio, sostiene que "las comisiones son las que ayudan a mantener los pagos en cuotas y las promociones".

En tanto, desde la otra vereda califican expresiones de este tipo como "amenazas promovidas por un sector que ejerce mucha presión como es el de los bancos".

En rigor de verdad, algo de esto ya se vio cuando las entidades hicieron valer su poder ante el Gobierno, al poner en duda su permanencia en el plan "Ahora 12".

Desde la oposición, en tanto, culpan al macrismo de ceder ante el "lobby financiero" y así demorar el tratamiento.

Para frenar tales acusaciones (que incluyen además a Sergio Massa, que trató de frenar el debate), a última hora de este miércoles -tras la sesión en Diputados- el Gobierno decidió convocar a un plenario de comisiones para este jueves con el fin de impulsar su propio proyecto.

Frente a la posibilidad de quedarse sin una normativa, la CAME decidió apoyar esta propuesta que, por cierto, es más benévola que la aprobada por el Senado.

La misma apunta a reducir al 2% los aranceles para las compras con crédito y al 1% para las efectuadas con débito (en lugar del 1,5% y 0% respectivamente).

De convalidarse, a raíz de los cambios introducidos deberá volver al Senado, en donde tendrán que apurar la discusión, ya que el 30 de noviembre finaliza el período de sesiones ordinarias y el Gobierno no incluirá este tema en las extraordinarias.

Por ahora, todo es confusión y posturas encontradas, incluso en la oposición. Si bien manifestaron su conformidad por el "volantazo" del macrismo ante las advertencias por el posible "cajoneo", aún no hay un lineamiento uniforme. Algunos continúan apoyando la propuesta que avaló la cámara alta mientras que otros se resignan a acompañar a la iniciativa oficial.

En tanto, un grupo se muestra convencido de que si no hay ley este año puede que tampoco la haya en 2017, ya que creen que los bancos buscarán que el tema salga de la agenda de discusión y se pierda en el olvido.

Debate postergado

La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, contempla la reducción de las alícuotas por transacciones con plásticos.

Concretamente:

-Del 3% al 1,5% en operaciones financiadas con tarjetas de crédito

-Del 1,5% al 0% para aquellas canceladas con débito

Los bancos, decididos a dar pelea, vienen coordinando una estrategia que combina una cuota de diálogo con otra de amenaza.

Al momento de que esta iniciativa deba ser tratada, según confiaron a iProfesional importantes ejecutivos del sector:

-Aceptarían una reducción de esos porcentajes pero de un modo más gradual al establecido en el proyecto.

-Inicialmente, hicieron referencia a una baja del 3% al 2% en un lapso de hasta cuatro años para consumos abonados con crédito.

-Además, proponen realizar un reintegro pero bajo un sistema en el que el beneficiario no sea el comerciante sino el consumidor.

-En relación con el punto anterior, aspiran a que sea similar al que hoy en día brindan por compras realizadas con débito.

En la iniciativa avalada por el Senado se excluyó expresamente del texto a las 26 tarjetas no bancarizadas que operan actualmente en el país.

Luego, desde el Gobierno advirtieron que se le iban a introducir modificaciones al momento de ser tratada en Diputados.

Ya en el arranque de la discusión, el titular de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, consideró "un error" que las compras con débito no estén sujetas al pago de comisión alguna.

"Es casi como ponerle una carga pública a una empresa privada, lo cual pareciera que no es constitucionalmente válido", expresa.

Desde el PRO, los legisladores proponen que las comisiones máximas pasen a ser del 2% (tarjetas de crédito) y del 1% (operaciones con débito).

Otro eje de la discusión es que la modificación propuesta no sea de alcance general. Concretamente, que la reducción de los aranceles sólo se aplique para los pequeños y medianos comercios pero no para los grandes.¿Qué dicen los comerciantes?

Así como los banqueros advierten que una ley que obligue a bajar comisiones terminará siendo perjudicial para los consumidores, desde las cámaras que nuclean a los puntos de venta también hacen oír su voz.

Sostienen que los montos que son transferidos a los bancos quitan liquidez y reduce el capital de trabajo.

Además, argumentan que las entidades financieras rankean alto entre los sectores que mayores ganancias obtienen en el país, y que buena parte de las mismas derivan de las comisiones que perciben.

Según datos del BCRA, los bancos obtuvieron utilidades por unos $60.000 millones en todo 2015, casi un 35% más que el año anterior.

De acuerdo con datos de CAME, de todas las compras (medidas en pesos) que los argentinos efectúan en comercios:

-El 45% son canceladas con tarjetas de crédito

-Un 35% se pactan en efectivo

-El 20% se realizan con débito

En otras palabras, menos de $4 por cada $10 que reciben los puntos de venta son pesos contantes y sonantes.

Además de las comisiones, desde la cámara que nuclea a los comercios minoristas se quejan por otra cuestión no menor: la posición dominante de Visa y las condiciones "a veces leoninas" impuestas.

Desde CAME afirman que el 70% de las ventas con tarjeta se realizan con Visa (controlada Prisma S.A.) y que, además:

-La firma provee el 60% de las terminales electrónicas

-Tiene bajo su órbita el 60% del procesamiento de los pagos-Controla casi $7 de cada $10 de las transacciones con tarjetas

-Reúne el 60% de las compras con débito

Otro de los argumentos esgrimidos por CAME es que en la Argentina los comercios afrontan cargos más altos que en cualquier otro país.

"Por ventas con tarjetas de crédito, en Perú se paga una comisión del 1,5% y en Brasil, del 1,3%", afirman.

"El 3% que rige en la Argentina es el doble comparado con el promedio del continente", completan desde CAME.

Por el lado del Gobierno, el titular de la comisión de Defensa de la Competencia, Esteban Grecco, señala que "el proyecto no soluciona el problema y resulta insuficiente."

Entiende que los aranceles finalmente pueden terminar siendo cobrados a los comercios de otra forma.

Recuerda además que el organismo abrió una investigación por abuso de posición dominante contra Grupo Visa.

Desde esta compañía, los directivos formulan su descargo al sostener que no se le puede imputar a esta empresa la falta de otros oferentes.

"Hay que trabajar en el tema de competencia", afirma José García Hamilton, directivo de la compañía.

Además, expresa que el proyecto aprobado por Senadores no servirá para beneficiar a los pequeños comercios.

"La reducción de las comisiones no incrementará las ventas ni tampoco los comerciantes van a trasladar a los precios las rebajas alcanzadas", advierte.

Por el contrario, considera que se irá "a un mercado restringido, más concentrado y con menos gente bancarizada, porque los menores ingresos significan, en los hechos, un incentivo a privilegiar el volumen".Lobby bancario

Al ver que el proyecto de ley "no avanza", desde la CAME han comenzado a moderar sus pretensiones.

Su titular, Osvaldo Cornide, afirma que estaría de acuerdo con que la reducción de las alícuotas "sólo aplique a las Pymes" que son las que hoy día se sienten "más perjudicadas".

En tanto, Vicente Lourenzo, secretario de la entidad, remarca que "una rebaja en las comisiones facilitará una reducción en los costos en momentos recesivos como el actual".

"Para los bancos, las tarjetas son un servicio más. Para nosotros, el único servicio que brindamos", describe.

En medio de la compulsa, queda poco tiempo para terminar de sesionar.

Por reglamento, los diputados pueden emitir dictamen hasta el 20 de noviembre para tratar el proyecto de ley dentro del período ordinario que finaliza el 30 del mes.

Así las cosas, sólo si el Poder Ejecutivo llama a sesiones extraordinarias o si se prorrogan las ordinarias podría convertirse en ley antes de fin de año.

Por cierto, esto luce como muy poco probable dada la diversidad de temas a tratar.

Mientras tanto, los bancos festejan este "delay inducido". También, claro está, su poder de lobby, que no es poco.