Un compromiso para evitar los despidos hasta marzo y mesas de trabajo. Esos fueron los principales resultados de la Mesa del Diálogo para la Producción y el Trabajo que este miércoles reunió en Casa Rosada a funcionarios, empresarios y sindicalistas. En paralelo, el Gobierno dio luz verde a la Emergencia Social.

Con esas iniciativas y el envío previo de fondos frescos a las obras sociales, el oficialismo buscó extender la paz social y apaciguar el clima previo a las fiestas.

"Fue una reunión muy fructífera y, lo más importante, es que empezamos a avanzar en una agenda y una metodología de trabajo poniendo especial énfasis en la generación de empleo", dijo el ministro de Trabajo Jorge Triaca en la conferencia de prensa que encabezó junto con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, luego de tres horas de debate con la CGT y el denominado Grupo de los Seis, que nuclea a las principales cámaras privadas.

Las negociaciones también incluyeron momentos de tensión. Según pudo reconstruir iProfesional, el ala dura del sindicalismo sorprendió a ministros y ejecutivos cuando, en plena reunión en el subsuelo de Balcarce, cuestionó el llamado del Presidente a modificar los convenios colectivos y amenazó con lanzar medidas de fuerza en rechazo al proyecto oficial de Ganancias.

"La opinión del Presidente no hace bien al diálogo", disparó Omar Maturano, dirigente ferroviario y uno de los líderes de la Confederación del Transporte (CATT).

El ferroviario estaba acompañado por el triunvirato que lideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, y una delegación integrada por Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Jorge Solá, Francisco "Barba" Gutiérrez, Rodolfo Daer, Abel Frutos y Gerardo Martínez.

Maturano se quejó, además, de los cambios anunciados por el oficialismo respecto al mínimo no imponible: "Habíamos consensuado que nos iban a acercar el anteproyecto para que lo veamos antes, el que avisa no traiciona".

Así se refirió a la reunión que el martes próximo realizará la CATT, en la que talla fuerte el camionero Pablo Moyano, para definir posibles acciones de protesta como asambleas en los lugares de trabajo. Una medida que, sin convertirse en un paro, podría afectar igualmente el servicio de trenes, barcos, aviones y camiones.

Ese fue uno de los instantes en que el clima cordial que predominó en las conversaciones se vio interrumpido por las miradas en silencio de la mayoría de los 29 comensales sentados alrededor de la mesa redonda del Museo del Bicentenario.

Además de Triaca y Quintana, estaban presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Hacienda, Alfonso Prat Gay y de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Por el lado empresario también hubo algunas señales de resistencia que derivaron en modificaciones de último minuto.

Los industriales plantearon que por estatuto no pueden obligar a las empresas adheridas a no efectuar despidos.

"No tenemos potestad para eso", argumentó la comitiva de la central fabril, encabezada por su titular Adrián Kaufmann y su vice Daniel Funes de Rioja.

La postura despertó la adhesión del resto de la delegación empresaria, integrada por el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Luis Di Fiori; de la Bolsa de Comercio porteña, Adelmo Gabbi; y de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere.

No obstante, los titulares de las cámaras privadas acordaron que lo que se firmaba era un "compromiso político".

"Nadie se comprometió a no despedir porque eso no se puede garantizar jurídicamente", dijo a iProfesional un directivo que participó del cónclave.

Un acuerdo "suave"

En la conferencia de prensa, Triaca afirmó que "todos ponemos algo", en referencia a que el sector empresario tiene "el cuidado de los puestos" laborales, junto a los trabajadores, a quienes se suma el Gobierno con sus "herramientas". No precisó, en cambio, qué ocurrirá si hay despidos en el verano, tal como le consultó este medio.

De acuerdo con el acta sin firmas ni membrete distribuida por Presidencia, los firmantes "consensúan la importancia tanto de fortalecer el incipiente proceso de creación de empleo observado en los últimos meses como de mantener los puestos de trabajo existentes, evitando el sector empresario despidos incausados hasta el próximo mes de marzo de 2017".

El acuerdo era un reclamo impulsado por los gremios, luego de que en los últimos 12 meses se perdieran más de 120.000 empleos en el sector privado.

Sin embargo, el "Barba" Gutiérrez, secretario de interior de la central y líder metalúrgico, fue otro de los que se retiró "decepcionado" de la reunión de este miércoles y anunció a este medio que la UOM evalúa medidas para la semana próxima.

Su gremio ya registró 20.000 despidos y suspensiones en lo que va del año y ahora teme otros 15.000 por la decisión oficial de reducir los aranceles a las importaciones de electrónicos a partir de marzo.

"El compromiso es bastante suave, no veo que vaya a cambiar la política, y hay mucha bronca porque llaman al diálogo pero mandan el proyecto de Ganancias sin consultar", se descargó el sindicalista.

En mayo pasado, Macri había logrado un entendimiento similar. La diferencia es que en ese entonces el documento de carácter "voluntario" fue suscrito por 200 empresas, con más peso para tomar esa decisión que las cámaras.

Aunque la central obrera no lo aceptó en ese entonces, ese respaldo fue suficiente para que días después el mandatario vetara la Ley antidespidos sancionada por el Congreso, que suspendía las cesantías por seis meses y reinstalaba la doble indemnización.

Por otra parte, el sindicalismo no logró incluir esta vez en el acuerdo la interrupción de las suspensiones.

Si bien figuraba en la redacción inicial, se terminó por excluirla por considerar que era un "mal menor".

"Después de todo, es una medida acordada entre las empresas en dificultades y el gremio para evitar despidos", explicó un empresario de la mesa tripartita.

Con todo, la postura que predominó entre los sindicalistas fue la de convalidar el diálogo.

"Satisfechos", fue el calificativo que eligió el integrante del Consejo Directivo de CGT, el panadero Abel Frutos, al ser consultado acerca de con qué sensación se retiraron los gremialistas de la segunda reunión por la Producción y el Trabajo.

Es que, si bien el compromiso es menos vinculante que el de mayo, le da aire a la cúpula sindical frente a la ola de cesantías.

Pero también, ante el estancamiento de las negociaciones por el bono en el sector privado. En la reunión previa, en octubre, la Mesa del Diálogo había acordado discutir por sector un plus a partir de los $2.000.

Desde entonces, recién la semana pasada el Gobierno anunció un bono de entre ese valor y los $3.500 para unos 130.000 estatales.

El beneficio, que no alcanza a los empleados municipales y provinciales ni a los monotributistas, le valió elogios este miércoles al titular de UPCN, Andrés Rodríguez, durante el encuentro en la Rosada.

¿Felices Fiestas?

En tanto, el macrismo aprovechó este miércoles para descomprimir el escenario de conflictividad social y presión gremial, que quedó planteado luego de que el viernes pasado la CGT encabezara una protesta frente al Congreso junto con los movimientos sociales en reclamo de la Ley de Emergencia Social y un freno a los despidos.

Tras el cónclave en la Rosada, los funcionarios intentaron minimizar el impacto de la caída del empleo.

Prat Gay Señaló en ese sentido que "en los últimos cuatro meses creció", mientras que Triaca limitó las cesantías registradas en el año a la construcción y a la industria, esta última afectada por Brasil, según el diagnóstico oficial.

Al mismo tiempo, el titular de Hacienda señaló que "estos compromisos se cumplen en la medida de lo posible" y que "nadie está obligando a nadie".

No obstante, aclaró: "La última vez que se firmó el compromiso dejó de caer fuerte el empleo, incluso en la construcción".

"El mismo sector que explica la mayor caída, ya vemos por los números de agosto y septiembre que hubo una pequeña recuperación", afirmó.

En paralelo, el Gobierno arribó este miércoles a un acuerdo con los bloques de la oposición en Diputados para incluir la reforma del Impuesto a las Ganancias y la Emergencia Social en el llamado de sesión a extraordinarias, por lo que ambas propuestas serán debatidas en el recinto el próximo 6 de diciembre.

La declaración de la Emergencia social significa que se adicionarán $30.000 millones para engrosar los planes sociales y de empleo.

De concretarse la medida, se trata de un nuevo giro del oficialismo que forma parte del plan de contención para llegar a fin de año sin desbordes sociales.

Fue esa preocupación la que impulsó al equipo de Macri a acercarse a la principal central obrera, los piqueteros dialoguistas y la Iglesia mediante la apertura de mesas de negociación y la concesión de paleativos.

Lo que todavía no queda claro es si esas medidas serán suficientes. Incluso, si los gremios están en condiciones de controlar las calles.

En medio de una jornada de febriles gestiones, el fantasma de la conflictividad volvió a aparecer, cuando unos 500 empleados de la AFIP tomaron este miércoles el edificio central del organismo para protestar contra "una reducción salarial que afecta a más de 16.000 empleados".

Fue a escasos metros de donde los funcionarios negociaban la paz social.