Luego de que Diputados le diera media sanción al proyecto unificado de la oposición, la reforma al impuesto a las Ganancias se transformó en una obsesión para el Poder Ejecutivo.
Desde la Casa Rosada apuestan a la influencia de los gobernadores para que se modifique la iniciativa en el Senado y vuelva a la Cámara baja.
Meses atrás, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había asegurado que los mandatarios provinciales eran "socios del Presidente en lo que a gestión se refiere".
Más allá de la afirmación del funcionario, lo cierto es que el carácter coparticipable del impuesto tuerce voluntades hacia uno y otro lado.
Siete gobernadores apoyan al jefe de Estado y le dieron la espalda al proyecto opositor que cosechó 140 votos a favor, 86 negativos y 7 abstenciones. En ese grupo se encuentran:
- Miguel Lifschitz (Santa Fe)
- Alberto Weretilneck (Río Negro)
- Sergio Uñac (San Juan)
- Gerardo Morales (Jujuy)
- Alfredo Cornejo (Mendoza)
- Ricardo Colombi (Corrientes)
y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Desde el PJ y del Movimiento Popular Neuquino. También criticaron la medida:
- Juan Schiaretti (Córdoba)
- Juan Manuel Urtubey (Salta)
- Gustavo Bordet (Entre Ríos)
- Hugo Passalacqua (Misiones)
- Omar Gutiérrez (Neuquén)
En la otra vereda, contrarios a la postura del Gobierno, inicialmente aparecen los gobernadores de:
- La Pampa, Carlos Verna,
- Chubut, Mario Das Neves
- Santa Cruz, Alicia Kirchner
Das Neves señaló que prefiere "perder un peso en la provincia" y que, a cambio, "la gente lo vuelque en el mercado".
Impuesto a los inmuebles improductivos: un tiro en los pies al blanqueoEl dictamen de Impuesto a las Ganancias que aprobó Diputados agrega un tributo de emergencia por tres períodos fiscales denominado "Impuesto de Emergencia a los Inmuebles Improductivos", y los especialistas lo consideran "un tiro en los pies" al régimen de blanqueo que se encuentra en plena vigencia.
Puntualmente, el nuevo recaerá sobre los inmuebles del país y del exterior que no se exploten, ya sean de propiedad de las personas humanas o jurídicas. El mismo prevé la aplicación de una tasa del 0,75 por ciento.
Martín Caranta, desde Lisicki, Litvin & Asociados, advirtió que "es poco oportuna la propuesta, si se tiene presente que actualmente se intenta inducir a los contribuyentes a entrar al régimen de blanqueo de capitales".