El Gobierno vetó una ley que reestablecía el salario mínimo profesional en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La decisión fue tomada el 20 de diciembre, pero se conoció este lunes tan solo dos días después del agasajo a la CGT en Olivos.

El beneficio en cuestión, que había sido eliminado por la dictadura en 1976, fue reincorporado a la ley por el Senado el 23 de noviembre pasado al sancionar un proyecto de legislador del Frente para la Victoria (FpV), Juan Mario País, que fijaba un piso para todas las remuneraciones por categoría profesional en los convenios laborales.

El veto reabrió así el debate sobre los convenios y los salarios, y constituye una nueva señal para los gremios, en momentos que el Gobierno busca implementar cláusulas de productividad y un esquema de paritarias para el 2017 sobre la base de la inflación futura, en lugar de la pasada.

En esa línea, el Ejecutivo arregló con los petroleros jerárquicos de Chubut el jueves pasado un nuevo diagrama de trabajo, con 14 días laborales pagos, 7 días de franco y otros 7 de suspensión sin goce de haberes, así como la búsqueda de acuerdos de productividad.

Las autoridades publicaron este lunes el decreto 1283 en el Boletín Oficial, que deroga el salario mínimo profesional, con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Es el segundo veto en lo que va del año a un reclamo laboral, luego de que el 20 de mayo pasado Macri rechazara la denominada Ley antidespidos, impulsada por la CGT para aminorar el impacto de los despidos.

No obstante, el senador País anticipó este lunes que buscará el rechazo al veto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, de la cual es miembro. El chubutense recordó que "la desaparición de este término en la Ley de Contrato de Trabajo tuvo como objetivo achatar el salario en la negociación colectiva", y consideró que los términos del veto presidencial "son una clara señal de cuál es el modelo que quiere el gobierno para los trabajadores, que no es otro que el de la precarización y flexibilización laboral".

El proyecto de ley (27.331) impulsado por País sustituía el artículo 114 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) por otro que incorpora el salario mínimo profesional, como aquel "establecido por las convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales con fuerza de tales o actos dictados por autoridad competente, en los que se determine la remuneración por categoría profesional de la actividad o empresa que corresponda, el que constituirá la menor retribución que deba percibir el trabajador".

De ese modo, la iniciativa apuntaba a disponer de un salario superior al mínimo vital y móvil, fijado por el Consejo del Salario que se reúne una vez por año, y a su vez, por encima de los básicos instituidos en los convenios. Según explicó País en los fundamentos del proyecto, la vieja normativa le daba un mayor énfasis al reconocimiento de que el salario negociado en los convenios colectivos es "indisponible a la baja".

Para el Ejecutivo, en cambio, el salario mínimo profesional -según consta en el decreto- iba a provocar una "distorsión" en el sistema de relaciones del trabajo al desvirtuar la noción del salario básico de convenio, superponer tipologías salariales y generar juicios laborales.

Asimismo, su regulación legal, dice el texto del veto, es "contradictoria" con la autonomía que el Estado debe fomentar en acuerdo con el convenio 154 de la Organización Internacional del trabajo.

"Debe concluirse que una norma de estas características, por su rigidez y antigüedad conceptual resulta contraria al modelo racional y moderno de regulación laboral que se busca promover en la actualidad, basado en la creación y protección de empleo, pero alejado de toda esclerosis legal que impida el desenvolvimiento de nuevas y creativas formas de organización del trabajo", cierra el decreto.

Por otra parte, a través del decreto 1281, el mandatario rechazó "en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.335", que apuntaba a declarar "de interés nacional la protección integral psicofísica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas", establecer el objetivo de "procurar la detección precoz" de esa enfermedad y crear un "Programa de Estudio e Investigación, Docencia, Formación, Diagnóstico y Tratamiento de la Trombofilia".

En tanto, en medio del silencio de la CGT, el titular del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, cuestionó con dureza a Macri por vetar "otra ley favorable a los trabajadores" al referirse a la derogación del salario mínimo profesional. En un comunicado titulado "Macri: a los trabajadores con cariño (otro veto), el legislador señaló este lunes que el mandatario ya había rechazado la ley antidespidos y afirmó que ahora "con el discurso de los 90, el presidente Macri reivindica la legislación laboral de la dictadura cívico militar... y a eso lo llama moderno".

No obstante, el Ejecutivo promulgó tres leyes impulsadas por País. Se trata de las normas 27.321, 27.320 y 27.325, que introducen modificaciones a favor de los trabajadores en los artículos 54, 147 y 255 de la Ley de Contrato de Trabajo en lo referente a los requisitos de validez de planillas y otros elementos de contralor, la inembargabilidad de las cuentas sueldo y sobre las indemnizaciones en casos de reingreso del trabajador.

ImpactoEn la actualidad, el salario mínimo profesional persiste solo en algunas pocas actividades de mayor antigüedad o bien aparece en convenios más nuevos, como el del Neumático, con la finalidad de mejorar las condiciones salariales.

Si bien los laboralistas descartan que el beneficio hubiera tenido un gran impacto macro económico, reconocen que su promulgación hubiera permitido elevar el piso salarial en cada convenio. 

"Es una garantía salarial en caso de que no hubiera paritarias", explicó a iProfeisonal el abogado León Piasek, quien analizó la medida como una reacción del Gobierno al temor de que se generara una posible estampida en las negociaciones para subir los mínimos de la actividad. En tanto, desde el bloque de senadores del FpV señalaron a este medio que se trata de una "reivindicación histórica" no estipulada hoy en el régimen laboral y que "refuerza el espíritu de no negociar a la baja".

La iniciativa fue aprobada en octubre de 2015 por Diputados y recién a principios de noviembre pasado recibió dictamen favorable en la comisión de Trabajo en la Cámara alta, con las firmas de legisladores de todos los bloques como Alfredo Martínez (UCR), Inpes Blas (FpV), la presidente del bloque de senadores del PRO, Laura Rodríguez Machado, y su impulsor.

De corta vigencia, el piso salarial por categoría profesional había sido creado en septiembre de 1974, cuando se aprobó un nuevo regimen laboral en el marco del congelamiento de las paritarias que había dispuesto Perón un año antes hasta 1975.

Dicha ley de contrato de trabajo estaba inspirada en el anteproyecto elaborado por Norberto Centeno, un asesor de la de la CGT de Capital Federal y Mar del Plata, secuestrado el 7 de julio de 1977 por el Ejército al salir de su estudio jurídico, para luego ser torturado y asesinado, junto a otros abogados laboralistas que acompañaron los cambios en la legislación del trabajo. 

El salario mínimo profesional fue suprimido en abril del 76, tan solo un mes después del golpe militar. En sus artículos 131 y 132, la Ley de Contrato de Trabajo aseguraba un "ingreso adecuado", atendiendo a su profesión oficio, categoría o calificación.

Esa fue una de las primeras normas en ser reformadas por la dictadura, que en total eliminó 27 artículos y mutiló 94, convirtiendo el derecho de huelga en un delito penal. Recién en la última década fueron reincorporados algunos artículos de la LCT del 74, mientras que otros fueron modificados en favor del sector empresario.