El Senado uruguayo convertirá mañana en ley un proyecto que el Ministerio de Economía pidió sancionar con urgencia y que establece importantes restricciones al secreto bancario.

Además, según el oficialismo, con la nueva normativa se alineará a Uruguay con las normas internacionales de transparencia fiscal.

Sin embargo, desde la oposición política se alertó que la iniciativa vulnera el derecho a la intimidad de las personas e incluso se acusó al Frente por su actitud "proactiva" con lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin "oponer salvaguardas" para proteger el desarrollo nacional.

A esta instancia se llegó luego de que en el año 2009 Uruguay fuera incluido en una lista negra de la OCDE por su poca transparencia fiscal y poco intercambio de datos. El primer gobierno de Tabaré Vázquez, con Alvaro García en el Ministerio de Economía, se comprometió entonces a adecuar la normativa, flexibilizó el secreto bancario y se pasó a un concepto de renta mundial.

Ahora se da un nuevo paso y el secreto bancario será limitado aún más.

De aquí en más, los bancos y entidades financieras deberán informar los saldos y rentas de las cuentas de las empresas y las personas físicas a la Dirección General Impositiva (DGI).

Deberán reportar las personas jurídicas con cuentas con más de u$s250.000 y las personas físicas que superen el millón de dólares.

El texto apunta también contra las sociedades que operan en los llamados paraísos fiscales y se establece un mecanismo de sanciones para quienes incumplan con la obligación de reportar.

Proyecto

El proyecto contiene cuatro capítulos. El primero, regula la remisión de información a la DGI correspondiente a los saldos, los promedios anuales y las rentas originadas de los residentes fiscales en el exterior y titulares de cuentas en entidades financieras. La misma información deberán aportar los residentes fiscales en Uruguay.

Un segundo capítulo apunta a identificar al beneficiario final de las entidades residentes en el país, así como de las entidades no residentes que tengan un nexo suficiente con Uruguay.

El tercero refiere a normas tributarias dirigidas a desestimular la utilización de entidades residentes domiciliadas, constituidas o ubicadas en los países de baja o nula tributación o que se beneficien de ese régimen.

El último capítulo introduce nuevas obligaciones respecto a la información y documentación de operaciones comprendidas en el régimen de precios de transferencia del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Especialistas.

Mario Ferrari de la consultora PwC dijo sobre los cambios al secreto bancario que lo propuesto "no es un invento uruguayo" y la mayoría de los países están en esa línea. Advirtió además que lo importante "es el uso correcto que se le de a esa información" para darle garantías a los contribuyentes.

Virginia Brause, socia del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause, comentó que el proyecto establece "un desequilibrio" entre los poderes que se le otorgan a la DGI y los derechos de los contribuyentes.

Señalaron que la DGI puede acceder a datos de cuentas siempre que un juez lo habilite y lo que se propone ahora no garantiza derechos.

"Parecería que se ataca un pilar básico de la democracia que es el derecho a la libertad del cual el derecho a la intimidad es parte", opinó Brause.

Félix Abadi, catedrático en impuestos de la Universidad ORT, dijo a El Observador que sus críticas refieren más al capítulo tres sobre las sociedades que operan en zonas de baja tributación.

Abadi advirtió que pese al objetivo primario de más transparencia, el texto y la penalización propuesta demuestran "un claro afán recaudatorio del gobierno".

El especialista, dijo que Uruguay penaliza y pone en el banquillo a otros países cuando aquí existen zonas francas y regímenes de promoción de inversiones que también pueden ser cuestionados desde el exterior. "Esto puede ser un búmeran", opinó Abadi.