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Las claves del proyecto oficial para bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen

05-01-2017 El Gobierno quiere conformar un cuerpo interdisciplinario que redacte un texto para que sea presentado ante el Congreso y luego pueda ser debatido. Entre otros puntos, busca que los menores de 14 puedan ser juzgados. Voces a favor y en contra. Cómo funciona el sistema actual
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Luego de las elecciones legislativas de octubre de este año, el Gobierno impulsará un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

La propuesta se enmarca en el plan Justicia 2020 que elaboró la cartera encabezada por Germán Garavano.

Para lograr redactar un anteproyecto que será debatido por la nueva composición del Congreso, se planea conformar una comisión de expertos coordinada por un representante del Poder Ejecutivo e integrada por jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud.

Además de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, se tratará de que estipulen distintas escalas según el delito cometido: la pena de prisión sería sólo para los casos más graves, como homicidio, abuso sexual y robos con armas.

Este tema fue una de las propuestas de varios dirigentes políticos, como Sergio Massa, en las últimas campañas electorales, pero quedará pospuesto para el año que viene.

¿Por qué se demorará el debate? Si bien es una idea que está recorriendo sus primeros pasos, de acuerdo con lo averiguado por iProfesional, no contaría con el apoyo de un número importante de legisladores de la oposición, fundamentales para aprobar la iniciativa, ante el bajo número de miembros de Cambiemos.

Incluso, falta el visto bueno de algunos legisladores del oficialismo (especialmente los que provienen de la UCR).

Desde el Gobierno esperan que la futura composición del Poder Legislativo -cuya mitad de Diputados y un tercio del Senado se renueva a fines de este año-, ayude a contar con un número cercano al quórum y no obligue al Gobierno a negociar demasiado para aprobar la propuesta.

Tras darse a conocer la noticia, el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, aseguró que el objetivo del proyecto para modificar el régimen penal juvenil es "preventivo", y tiene el objetivo de "integrar" al menor a la sociedad, luego de que cumpla su pena, para que pueda desarrollarse.

También sostuvo que la "mayor preocupación del ministro de Justicia, Germán Garavano, es que se elabore en base a un 'trabajo interdisciplinario' que tenga en cuenta "qué medidas socioeducativas se le van a brindar a esos menores en situación de privación de la libertad para que vuelvan a integrarse a la sociedad".

La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN), aliada en los últimos tiempos de Massa, cuestionó la intención del Gobierno y pidió que la Casa Rosada invierta en mejorar la calidad de la educación en lugar de pensar en bajar la edad de imputabilidad.

Desde el macrismo remarcaron que se tendrá en cuenta la postura de la Unicef, pero el organismo dependiente de las Naciones Unidas recomienda la aprobación de una Ley Penal Juvenil (de la cual Argentina carece) que no disminuya la edad de imputabilidad.

Además, pide que contemple estándares internacionales de protección de derechos humanos y garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con debidas garantías y medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional y de última instancia la restricción de la libertad personal.

Situación actual
Argentina no tiene un régimen de responsabilidad penal juvenil como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño. En la actualidad, rige el régimen penal de la minoridad, establecido por una ley de la dictadura de 1980.

Dicha norma establece dos categorías: una, de 16 a 18 años no cumplidos, y otra para los menores de 16 años.

De los primeros dice que son "relativamente imputables". Se les hace un proceso, pero la sentencia y la pena no se fijan hasta que cumplan los 18 años. 

La norma ordena un tratamiento tutelar por un año como mínimo, al cabo del cual el juez decide si continúa o no.

Si el magistrado considera que el tratamiento tutelar dio resultado, envía al menor con sus padres o representantes legales. El problema para los abogados especialistas es que la situación varía si los menores vienen de familias con escasos recursos económicos o no.

En tanto, señala que los menores de 16 son absolutamente inimputables y no punibles.

Si se les imputa un delito, el expediente penal se cierra y se abre otro, el tutelar. Si del estudio de ese expediente, el juez llega a la conclusión de que el menor está en peligro moral o material "puede disponer de él". De acuerdo con los expertos, aquí vuelve a tener relevancia la situación económica del menor y su familia.

Consideran que se debería establecer un régimen de Responsabilidad Penal Juvenil que contemple las características de un debido proceso apuntado a un sistema específico para menores inspirados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN).  

De acuerdo con dicho tratado internacional, se deben buscar alternativas a las medidas no privativas de la libertad. 

En diciembre de 2009, el Senado, por unanimidad, dio media sanción a un proyecto acordado por los legisladores que encabezaban cada uno de los partidos con representación (Marita Perceval, Gerardo Morales, Rubén Giustiniani y Miguel Ángel Pichetto), de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Pero no logró pasar el filtro de la cámara baja y perdió estado parlamentario. Dicho proyecto también bajaba la edad de imputabilidad a los 14 años. 

De acuerdo al abogado Adrián Tenca, hace tiempo que se discute si disminuir la edad de imputabilidad es o no conveniente. 

“La pregunta que se impone es la siguiente: ¿qué impulsa a los legisladores a ocuparse de este tema en la actualidad? La respuesta es que estadísticamente se ha comprobado que son muchos los menores de 16 años que cometen delitos, y ello provoca la reacción y el reclamo social”, indicó. 

Los proyectos procuran, si bien con matices importantes, bajar la edad de la imputabilidad, ubicándola en los 14 años pero, de acuerdo al especialista, ninguno explica los motivos que conducen a concluir que en estos tiempos y en nuestra sociedad una persona comprende la criminalidad de sus actos y los dirige conforme esa comprensión (art. 34 inc. 1 del C.P) a los 14 años y no a los 16 años.

En esta inteligencia, no pueden dejar de soslayarse presupuestos básicos a saber: diferencia entre conocer la criminalidad y comprenderla; composición y desarrollo del proceso de socialización; diferencias existentes entre la socialización primaria y la secundaria; mecanismos de condicionamiento que operan sobre el proceso; vinculación existente entre la imputabilidad y los fines de la pena.

Si no se tienen en cuenta los presupuestos referidos, cualquier modificación sobre la edad en que una persona debe ser considerada imputable, operará tan sólo como una respuesta política a una coyuntura meramente circunstancial y pasajera, concluyó Tenca.

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