El convenio en Vaca Muerta finalmente verá la luz. Los gremios petroleros y las operadoras avanzarán con el acuerdo para bajar los costos laborales y estimular las inversiones en la segunda reserva mundial de gas, luego de que el Gobierno se comprometiera a pagar subsidios por despidos.

Así lo resolvieron este miércoles durante una reunión en el Ministerio de Trabajo de la que participaron su titular, Jorge Triaca, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren; los titulares de los petroleros de base y jerárquicos, Guillermo Pereyra y Manuel Arévalo; y directivos de las petroleras.

"Viene todo muy bien, la adenda la van a firmar empresas, sindicatos, y homologa el Ministerio de Trabajo", dijo a iProfesional una fuente de Presidencia, en referencia a los cambios en las condiciones de trabajo en Vaca Muerta. 

La cartera laboral Trabajo destrabó la firma de la adenda el martes al llegar a un acuerdo con los gremios petroleros para que 900 operarios despedidos reciban subsidios del Plan Nacional de Reconversión Productiva, tal como lo había adelantado este medio.

Se trata de una suma mensual de entre $13.000 y $20.000, según la antigüedad, que se extenderá por seis meses, a la espera de inversiones que reactivan el sector, mientras el sindicato mantendrá las prestaciones de la obra social y las empresas pagarán las indemnizaciones.

Mientras tanto, la conciliación obligatoria, que vencía el martes, se prolongó cinco días más. En ese tiempo, las empresas elevarán un listado con los trabajadores que serían convocados cuando se recupere la actividad, en particular en la explotación no convencional.

"Tras muchos momentos de extrema tensión, en los que inclusive el sector gremial estuvo a punto de retirarse de la mesa de negociaciones, se llegó a un acuerdo en el que los enérgicos reclamos sindicales fueron atendidos y con la mediación oficial se acordó convertir los despidos en retiros voluntarios", confirmó el sindicato de Pereyra en un comunicado.

El convenio para relanzar la segunda reserva de gas mundial y el cuarto de petróleo no convencional había sido anunciado el 10 de enero por el Presidente en un acto en Casa Rosada, donde prometió una "revolución de empleo" y un impulso a las inversiones sin precedentes.

Pero el entendimiento nunca prosperó por los despidos en Neuquén, que ya superan los 1.500, luego de que YPF bajara 33 equipos en diciembre pasado. Los recortes derivaron en un paro de 48 horas y en el dictado de la conciliación, que ahora volvió a extenderse.

En medio de tironeos, Pereyra puso dos condiciones para firmar el acuerdo: la entrega de un bono indemnizatorio para una parte de los despedidos y un compromiso de inversiones por parte de las operadoras. Asimismo, reclamó un freno a las cesantías en las empresas del rubro.

Sin embargo, mientras el dirigente sindical negociaba en Buenos Aires, unos 110 empleados de la empresa Petrogas recibieron telegramas en los que se los "invitaba" a adherir a un plan de retiro voluntario y, en respuesta, los delegados de la empresa cortaron el martes al mediodía el acceso a la gerencia de YPF en Añelo, en Neuquén.

El goteo de despidos no ha cesado en la provincia pese al acuerdo alcanzado en noviembre entre la CGT y las cámaras empresarias del G6 para evitar bajas laborales. YPF se comprometió el lunes con Pereyra a pagar las indemnizaciones de 160 operarios de la petrolera SP, que canceló su actividad. Y en las últimas semanas, también hubo recortes en las contratistas en Vaca Muerta, Halliburton y Schlumberger.

Inversiones

Uno de los puntos clave que todavía queda pendiente es el de las inversiones. Macri había anunciado en enero el compromiso de inversión de u$s5.000 millones en 2017 y u$s15.000 millones por año desde 2018 para la extracción de gas en Vaca Muerta por parte de YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow.

Ahora, tanto la provincia de Neuquén como los gremios petroleros quieren asegurarse de que haya una garantía de inversiones y niveles de actividad, a cambio de la excensión de impuestos provinciales y la reducción de beneficios en el convenio colectivo.

El Ejecutivo, a su vez, anunció la quita de retenciones a las exportaciones petroleras de la provincia y un precio mínimo hasta 2020 a los productores de gas de u$s7,5 por millón de BTU en los pozos nuevos, extendiendo el Plan Gas que vence el 31 de diciembre de este año. Pero el Ministerio de Energía aún no publicó la resolución que define el precio del hidrocarburo.

"Este acuerdo es el primero de una serie de compromisos sectoriales que vamos a impulsar en este 2017, y significa empleo de calidad para los neuquinos, progreso para la región y para la Argentina, y energía más económica y abundante para los hogares, las fábricas, las empresas y los negocios de todo el país", aseguró Macri la semana pasada.

Los cambios en las condiciones de trabajo en Vaca Muerta contemplan la quita de las "horas taxi" (o de traslado) y la supresión de las extra, así como una menor dotación por equipo, contratos por tiempo determinado y un turno nocturno. Además, se implementa un esquema de una jornada de trabajo por una de descanso (en lugar de dos días consecutivos de descanso) y se permiten tareas con una mayor velocidad de viento, lo que elevaría el riesgo de accidentes de quienes trabajan en las torres, a 30 metros de altura.

La idea de la Rosada es extender los "acuerdos de productividad" a los yacimientos petroleros convencionales de toda la Patagonia. De hecho, los petroleros de Chubut se encuentran en plenas negociaciones con las operadoras. Pero las autoridades también pretenden impulsarlos en otras actividades, como es el sector textil, electrónico y metalmecánico.

La iniciativa de modificar los convenios colectivos forma parte de la "reforma laboral" que promueve el Gobierno. Los planes incluyen el blanqueo laboral de trabajadores en negro con subsidios del Tesoro para cubrir los aportes patronales y una moratoria a las empresas que incumplieron el contrato laboral y el pago de impuestos.

Los proyectos que podrían salir por decreto apuntan además a relanzar el sistema de pasantías, con la participación de los gremios, a través de la incorporación de los ingresantes a los convenios colectivos, y un programa para convertir los planes sociales en empleo registrado. El lunes pasado, Macri decretó la reforma a la Ley de Riesgos de Trabajo.