El Gobierno está dando muestras de que piensa jugar fuerte con tal de cumplir su plan de ajustes salariales por un criterio de inflación proyectada, algo que considera esencial en su programa de “estabilización económica” para este año.

Su intención es replicar el "modelo Vidal". 

El macrismo, por cierto, cuenta con aliados: en el mundo empresarial, la iniciativa está siendo recibida con entusiasmo.

Los ejecutivos creen que se trata de una propuesta "inteligente" y se mostraron expectantes en que las próximas rondas de discusión salarial se guíe por estos carriles. 

El caso más claro al respecto es el de la banca, un sector de alto perfil mediático y con un gremio combativo, donde la Casa Rosada no se limitó sólo a cuestionar el tipo de acuerdo que se había firmado a fines de 2016 sino que está, en este momento, haciendo el intento de lograr una marcha atrás.

Primero fueron las entidades extranjeras. Luego se plegó el Banco Central. Ahora la rebelión contra las paritarias se extendió a toda la actividad.

En sintonía con los deseos del Gobierno, las principales cámaras como ADEBA (bancos nacionales) y ABAPPRA (bancos públicos y privados) rechazan pagar la suba del 24% que habían acordado con el gremio en noviembre.

La misma había sido muy cuestionada por la Casa Rosada.

En lugar de respetar este pacto, el Banco Provincia liquidó solo una suba del 4%. En paralelo, el Nación libró una circular en el mismo sentido.

Ese 4% es una porción mínima del acuerdo "a cuenta" que se había fijado para 2017. El mismo incluía además una suma mensual de $2.000 hasta abril (equivalente a un 10%) y otro incremento del 10%.

Estos dos ítems son los que los bancos se rehúsan a pagar y la principal fuente de conflicto.

Si bien ABA (bancos extranjeros) y el BCRA nunca firmaron el arreglo, la novedad es que ahora ADEBA y ABAPPRA siguieron el mismo camino.

En las últimas horas, el Gobierno ordenó a las filiales del Nación, el Provincia y el Ciudad no liquidar el incremento del 24% pactado. 

Javier González Fraga, recientemente designado presidente del Banco Nación –al cierre de esta edición no había asumido, a la espera del decreto que lo habilite a ejercer su nueva función- sigue el tema de cerca.

No es para menos, por su nuevo rol también ostenta la titularidad de ABAPPRA.

Junto con la banca nacional, desde el Nación se había convalidado la cifra el 23 de noviembre pasado cuando suscribieron el acuerdo en el Ministerio de Trabajo.

El cierre de las tratativas contaba con el aval del ahora expresidente de la entidad, Carlos Melconian, quien la semana pasada fue sustituido por González Fraga.

Melconian había sido criticado al interior del Gobierno por su rol en la negociación con el sindicato. Y esto le terminó jugando en contra. 

De hecho, una de las versiones que corre con fuerza en el ámbito político luego del cambio de figuras en la presidencia del Nación, es que el principal malestar del Ejecutivo para con Melconián estaba vinculado con la postura del funcionario en el tema salarial.

Su adhesión al acuerdo del 24% no solo iba en sentido opuesto al modelo de negociación que se intenta imponer ahora en otros sectores -donde prima un tipo de ajuste según la inflación proyectada-.

También implicó un "ruido" político porque dejó al descubierto posturas opuestas entre el Nación y el Central, a cargo de Federico Sturzenegger.

De hecho, según la misma versión, la renuncia de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas tendría razones similares.

Escalada en el nivel de conflictividad

El giro de las cámaras empresariales provocó la reacción inmediata de la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, quien en las últimas horas intimó a las entidades a pagar la totalidad del acuerdo.

Además, publicó una solicitada en medios de comunicación nacionales y convocó a una reunión para el próximo lunes en la que el sindicato definirá un "plan de acción".

Palazzo envió el miércoles una carta documento a cada una de las entidades -incluida la banca especializada (ABE)- en la que exige el cumplimiento del acuerdo "bajo apercibimiento de iniciar acciones gremiales".

El líder sostiene sindical sostiene que, debido a que el pacto "no fue impugnado ni observado, que tuvo su principio de ejecución y que habiéndose cumplido con exceso el plazo para su homologación, se encuentra homologado tácitamente".

Uno de los argumentos gremiales es que el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, nunca objetó de manera formal la paritaria.

No obstante, en el comunicado publicado el miércoles, la organización acusa a los bancos y a las autoridades nacionales de realizar "una acción aviesa y absurda" por el incumplimiento del acuerdo.En defensa del "modelo Vidal"

La pauta acordada en noviembre generó ruido en el Gobierno, donde vieron con malos ojos el despegue de los bancarios de las paritarias cerradas en provincia de Buenos Aires por María Eugenial Vidal, del 18% y de carácter anual.

La propia cartera laboral sugirió en un comunicado de diciembre que el incremento pretendido implicaba una suerte de "reapertura".

En lugar del ajuste "a cuenta" por un cuatrimestre, el Ejecutivo prevé subas del orden del 20% mediante acuerdos de 12 meses, tal como lo adelantó en diciembre iProfesional.

El esquema contemplado por los funcionarios incluye cláusulas gatillo atadas a la evolución de la inflación medida por el INDEC.

El desplante de los bancos, sobre todo aquellos encabezados por el Estado, apuntaría a alinear la paritaria bancaria con esa meta y evitar sentar un precedente que perfore la pauta establecida por la Casa de Rosada del 18% para el 2017.

El esquema ideal que pretende el Gobierno para su plan de ajustes salariales y que impulsa el ministro Triaca, toma como referencia el “modelo Vidal”.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires acordó en diciembre del año pasado primero con un sector de los estatales –como UPCN, Salud Pública y Soeme- y luego con otra docena de gremios –como la Unión Ferroviaria, Puertos y Gráficos- un incremento del 18% para este año, a pagarse en cuatro cuotas iguales de 4,5% en enero, abril, julio y octubre.

El arreglo incluyó una cláusula gatillo por la que se realizarán revisiones trimestrales en función de las mediciones de inflación que realice el INDEC y de haber una diferencia,  el gobierno se compromete a ajustar el aumento salarial otorgado.

También sumó un retoque del 3,6% correspondiente al último trimestre del 2016, que llevó la suba de ese año al 34,6%.

Como estrategia de comunicación, en su momento el Gobierno brindó una conferencia de prensa para informar sobre el nuevo acuerdo.

Su intención fue elocuente: sentar un antecedente para condicionar las paritarias de los restantes sectores en un año electoral.

El interrogante es si dicho esquema tolera nuevos aumentos como los que se produjeron en la nafta y los servicios.

Por lo pronto, un conflicto se avizora en territorio bonaerense. El gremio docente, por citar un caso, fue uno de los que no entró en el acuerdo de Vidal,

Desde el sector vienen alertando que no iniciarán las clases si no se llega a un acuerdo que conforme a ambas partes. Para los líderes sindicales, la inflación proyectada para este año rondará entre el 25% y el 30%.

En este contexto,  el Gobierno se empecina en remarcar públicamente que la meta inflacionaria para el 2017 no superará el 20% y fogonea acuerdos de flexibilización laboral como el que se firmó para los trabajadores del yacimiento Vaca Muerta. 

Además, es el mismo esquema que pretende aplicar en otras ramas de actividad, como la automotriz. 

En todo caso, lo que la situación bancaria está dejando en evidencia es que, desde el punto de vista de los funcionarios macristas, lo que está en juego es mucho más que una paritaria sectorial.

Se trata de una señal crucial hacia el resto del mercado. No es una situación nueva, claro. A fin de cuentas, durante años hubo otros gremios que funcionaron como referente al que todos miraban.

Ese rol, por ejemplo, fue el que ostentó durante un largo tiempo el sindicato de Camioneros, que al inicio de cada negociación se encargaba de tratar de imponer el famoso "techo Moyano". 

De manera que, según la forma en que se defina la discusión bancaria, entonces habrá posibilidades -bajo la óptica del macrismo-, de contener un nuevo "desborde inflacionario" o se enfrentará al riesgo de un efecto contagio que atente contra sus proyecciones.

Mientras que, desde los gremios, intentarán en muchos casos "recuperar" el poder adquisitivo perdido el año pasado, que oscila entre 5 y 10 puntos.