La imagen actual del ministro Juan José Aranguren, que acaba de anunciar un nuevo ajuste de las tarifas eléctricas, hoy se encuentra alejada de la que tenía el año pasado, en medio del caos político y social ocasionado por el tarifazo.

En estos momentos se había convertido en el funcionario del Gobierno con mayor nivel de rechazo por parte de la opinión pública. 

Desde entonces, Aranguren convivió con una "asignatura pendiente", según los deseos de la Casa Rosada: avanzar con una suba en las tarifas de la electricidad y gas aun más marcada. 

El martes, con el anuncio de los nuevos valores, comenzó a recorrer ese camino.

Con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cuestas y ya pasadas las audiencias públicas que el ministro había soslayado en el primer tarifazo que aplicó, el ex CEO de Shell se siente con el respaldo político suficiente como para impulsar aquello que había quedado en "rojo" en sus balances.

En apenas un mes, avaló subas en el precio de la nafta y en la tarifa de la luz (que se desdoblará en febrero y en marzo). A lo que debe sumarse un nuevo aumento en la boleta del gas, que se intentará aplicar a partir del 1 de abril y complementará el ajuste del 300% que ya se efectuó el último trimestre de 2016.Aranguren, además, viene de recuperar posiciones en la interna del Gobierno, como consecuencia de estar atravesado con relativo éxito los meses más complicados del año, sin que se haya repetido un colapso del sistema eléctrico en Buenos Aires.

De hecho, el presidente Mauricio Macri hizo público el espaldarazo al ministro.

El mismo día en que se informó el aumento de la luz, el mandatario lo felicitó durante un acto en la Casa Rosada y aseguró que en diciembre se registró un menor consumo de energía "gracias a que se concientizó sobre el uso”.

Allí, el Jefe de Estado anticipó que Aranguren ofrecerá un balance previo sobre la situación de los cortes de suministro. Pero él mismo se encargó de adelantar que "bajaron mucho". 

SorpresasSi bien la suba era esperada y estaba en la agenda, no faltaron elementos sorpresivos en el anuncio.

Para empezar, el ajuste que Aranguren comunicó el martes en conferencia de prensa superó los porcentajes que las distribuidoras Edesur y Edenor habían reclamado en las audiencias públicas del año pasado. 

El ministro comunicó un aumento promedio a nivel país del 37% en las boletas de luz. Pero para los usuarios residenciales –incluye comercios y Pymes- de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, el incremento oscilará entre el 60% y el 148%, afectando a 3 millones de personas.

En las audiencias públicas que se realizaron el 28 octubre del año pasado, los representantes de Edenor y Edesur habían reclamado alzas del 30% en promedio. 

En el Teatro de la Ribera, en el barrio porteño de La Boca, Juan Carlos Blanco, gerente general de Edesur, y Ricardo Torres, CEO de Edenor, habían sido los primeros en tomar la palabra entre los más de cien inscriptos.

Blanco había planteado ante los más de 450 concurrentes, un esquema de aumentos del 30,7% en promedio.

En su ponencia prometió inversiones para los próximos cinco años por $14.000 millones y una reducción en los cortes de energía eléctrica.

Torres, en tanto, hizo mención a un aumento del 31% y lo justificó en base al “atraso tarifario” que se produjo durante la década previa. Se había comprometido a invertir $26.000 millones de cara al siguiente lustro.

Si bien desde el Gobierno aseguran que para el 83% de los usuarios de la Ciudad y el GBA la suba será de $183 mensuales o incluso menos, los porcentajes que arrojó Aranguren para el área metropolitana superaron con creces las solicitudes de las distribuidoras.

La justificación, según el ministro, es la necesidad de recomponer los precios ya no solamente en el segmento de la distribución sino también en la generación, de manera que haya incentivos para el aumento en la producción energética.

En todo caso, lo que queda en evidencia es la disposición a pisar el acelerador en un tema en el que hasta ahora se había avanzado a un ritmo gradual.

Incertidumbre

El interrogante, en este momento, es hasta qué punto podrá el Gobierno cumplir con el renovado objetivo de sincerar las tarifas. Por lo pronto, parece estar testeando los límites para ver a qué velocidad puede avanzar. 

Y, básicamente esos límites pueden ser de dos tipos:

-El político, determinado por el nivel de tolerancia que evidencie la población.

-El judicial, que reside en la interpretación que la Corte Suprema haga sobre cuál sería un nivel de ajuste "razonable".

En cuanto al primer punto, la sensación a priori es que la opinión pública ya tiene relativamente asimilada la inevitabilidad del ajuste y que hay bajas posibilidades de que se reediten las protestas públicas -con cacerolazos incluidos- que se produjeron durante el invierno pasado.

Respecto del límite que imponga la Justicia, allí la incógnita es mayor, porque nunca fue establecido un criterio específico para determinar cuánto es "demasiado".

El primer ajuste de tarifas que aplicó el Gobierno –que privilegió la estrategia del shock- fue morigerado por un fallo de la Corte Suprema.

El máximo tribunal tuvo que expedirse sobre el tema luego de que diversas instancias judiciales obstaculizaran la implementación del entonces bautizado “tarifazo”. 

En su resolución, exigió “razonabilidad” al Estado para la aplicación de los aumentos tarifarios así como “velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos”. 

En medio de los reclamos populares que surgieron como respuesta a las fuertes subas, la Corte pidió al Poder Ejecutivo ponderar “la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”. 

En un pasaje central del dictamen, se agregó que se debía evitar “el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de ´confiscatoria´, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar”.

E incluso agregó que “un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando el mentado financiamiento” y, a la larga, la “calidad y continuidad del servicio”.

Ante el nuevo esquema que regirá a partir del miércoles, un interrogante se vuelve inevitable: ¿el Gobierno cumplió con lo dictado por el máximo tribunal del país? ¿Cómo reaccionará la opinión pública?

Los costos indirectos

Pero aun cuando este nuevo ajuste pueda escapar a los obstáculos y logre imponerse, resta saber cuál será el costo político que pague el Gobierno por vía indirecta. Y refiere, básicamente, a una pérdida de credibilidad en el plan anti-inflacionario. 

El anuncio que realizó Aranguren despertó la incertidumbre en torno a la meta del 18% de inflación que se propuso el Gobierno y pretende hacer valer en las paritarias (con una cláusula gatillo atada a la suba de precios que registre el Indec).

De hecho, el mismo día del anuncio ya hubo informes de consultoras que cuestionaron seriamente la posibilidad de alcanzar ese objetivo. 

En medio de un horizonte de conflictividad social en torno a la puja por la recomposición salarial de este año, los cuestionamientos acerca del impacto que tendrán las tarifas en la inflación proyectada se repitieron durante la conferencia de prensa en la que Aranguren comunicó la suba de la luz.

El ex CEO de Shell aseguró una y otra vez que los aumentos se enmarcan en los cálculos inflacionarios del Gobierno.

No todos piensan así. Diversos especialistas ya sembraron dudas en torno a que se pueda cumplir la meta.

Para el economista Guillermo Nielsen “en lo inmediato, al Gobierno se le va a escapar el control inflacionario en el primer trimestre”.

“Esto no es una buena noticia, después veremos si lo pueden corregir para mantener en el 17%. Veo a la inflación peor de lo que venía mejorando”, afirmó.

Por su parte, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, tras calificar el aumento de la tarifa eléctrica de "excesivo e injusto", sostuvo que "los usuarios van a tener que financiar las inversiones que le corresponden a las empresas para mejorar el servicio".

"Todos estos aumentos desmedidos van a impactar en los precios de los artículos cotidianos, como alimentos e indumentaria, en las expensas, y en otras cosas. Va a generar una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados", agregó. 

Este aumento en las tarifas, al que podría sumarse un nuevo ajuste tras los comicios de medio término, también enciende una luz roja en torno al consumo, una variable determinante para impulsar la reactivación económica que espera el Gobierno en un año electoral.