Mientras este miércoles en el Congreso la oposición intentó interpelar al presidente por el escándalo del Correo, el Grupo Macri presentó un escrito en la Justicia en el que niega las acusaciones pero propone una resolución política para "encontrar de buena fe y en conjunto una salida razonable" al diferendo.

En una presentación de 10 páginas, el grupo deslegitimó a la fiscal Gabriela Boquin, quien consideró que el arreglo al que llegó el Estado es “abusivo” porque se condona más del 98% de la deuda que el Correo contrajo con el Estado en 2001. No obstante, en un gesto hacia el Gobierno pidió que si no se resuelve favorablemente la apelación en la Justicia se llame a una nueva audiencia para resolver el conflicto. 

El presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, efectuó la propuesta en una presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para rechazar el dictamen de la fiscal. Sostuvo que el convenio "no es espurio, ni antojadizo, ni oscuro". 

Fue allí donde para descomprimir la crisis política en que quedó envuelto el presidente Mauricio Macri solicitó que, si la Justicia no le da la razón al grupo, "se llame a audiencia pública, invitando a la sindicatura general y controlante, al Estado Nacional, a la Procuración del Tesoro, a la Oficina Anticorrupción y a la fiscalía" para "encontrar de buena fe y en conjunto una salida razonable".

La propuesta

"La propuesta no es abusiva, ni implica una condonación de ningún tipo. Alcanza al 100% del crédito del Estado Nacional en términos nominales más un 7 por ciento de interés", resaltó la compañía.

En la presentación, el Grupo Macri acusó a Boquin de incurrir en "inexactitudes" y querer "confundir a la opinión pública politizando" el tema. Aseguró que en el acuerdo con el Gobierno "no hay alternación alguna al orden público, ni se viola la ley de Ética Pública cuando se pretende pagar una deuda que no debió haber existido nunca".

Como es de esperar, Robirosa defendió la propuesta realizada por la empresa y señaló que el Ministerio Público fiscal realizó un "llamativo y espurio manejo de las cifras".

Así, intentó desligar a la empresa del escándalo. 

En un argumento similar al del Gobierno, que pretende encapsular el tema como algo estrictamente judicial, el grupo asegura que "la Fiscalía persigue un solo objetivo: confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial". Y pide que el escrito de Boquin se considere como “no presentado”.

A su vez, en otra coincidencia con la Casa Rosada, solicita que la designación del cuestionado director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa -quien suscribió el acuerdo- se considere “válida”. 

En su versión, la compañía asegura que se "sobrecumplió sus obligaciones de inversión" y se defiende argumentando que la cesación de pagos en que incurrió el Correo antes del 2001 "no obedecía a razones imputables a la empresa" sino que "el único causante de su impotencia patrimonial fue el propio Estado nacional y sus sucesivos incumplimientos a las obligaciones y compromisos a su cargo".

En otro apartado de su escrito, el Grupo Macri se victimizó y aseguró que sufrió "embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración". Caracterizó la estatización como “una verdadera confiscación”. Y comparó el caso con el de YPF y Aerolíneas Argentinas, dos compañías que fueron estatizadas durante la gestión anterior.

"El Estado verificó la suma de $296.205.376,49 de deuda a septiembre de 2002. La oferta de pago alcanza un valor total de aproximadamente 600 millones de pesos. No hay forma legal ni jurídica alguna que permita llevar la deuda verificada por el Estado ni a 4 mil millones, ni a 70 mil millones", insistió y contradijo a los especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio pasado por el grupo debe considerarse "abusivo" ya que implica una quita en la deuda (con intereses incluidos) de más de $4.000 millones en la actualidad y de más de $70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos que aceptó el Estado.