Legales
Comisiones de las tarjetas de crédito: un proyecto pone en juego $16.000 millones
29-03-2017 En el Senado, los bancos pidieron una baja gradual. El nuevo proyecto estipula una reducción inmediata para tratar de favorecer al comercio. Si bien el Gobierno firmó un acuerdo con las partes para disminuirlas en un plazo de cuatro años, los legisladores piden que sea por ley
Por Sebastian Albornos
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La Comisión de Industria y Comercio del Senado continuó con el debate del proyecto para rebajar las comisiones de tarjetas de crédito y débito y recibió a representantes del sector bancario, quienes pidieron avanzar en una baja gradual.

La iniciativa también propone fijar un tope a los intereses que se le cobran a los usuarios por financiarse con la tarjeta de crédito.

El Senado ya había dado media sanción el año pasado a un nuevo régimen de pagos pero después, Diputados aprobó una propia y 2016 terminó con los dos proyectos cruzados y trabados en ambas cámaras.

Para evitar conflictos con los bancos, el Gobierno buscó firmar un acuerdo con los representantes de las tarjetas de crédito y las cámaras que reúnen a los comerciantes sellaron un acuerdo para la reducción gradual de los aranceles máximos en las operaciones.

El Poder Ejecutivo fijó que a partir del mes que viene el máximo que podrán cobrar las tarjetas a los comercios es de 2,5% por cada operación en crédito y 1,2% en débito , que se reducirán hasta 1,8% y 0,8% a lo largo de los próximos 4 años. En la actualidad, los aranceles son del 3% para compras con crédito y de 1,5% con débito.

El chubutense Alfredo Luenzo, presidente de la comisión e impulsor de la iniciativa, ratificó la intención de avanzar en un nuevo proyecto, y aseguró que mantiene conversaciones con diputados para lograr que la nueva propuesta no quedé truncada en la cámara revisora.

En busca de generar consenso, a partir de la existencia de dos proyectos enfrentados, y teniendo en cuenta las sugerencias de las distintas entidades que apoyaron una reforma, Luenzo presentó el nuevo texto.

El proyecto que ahora se encuentra en discusión plantea reducir a 1,5% el arancel por operaciones con crédito (igual no se descarta que termine siendo del 1,8%) y del 0,5% para débito. A diferencia de la gradualidad que propone el acuerdo, la ley haría que las rebajas se apliquen de inmediato.

También se propone fijar la cantidad de días que tienen los dueños de las tarjetas para hacerles las liquidaciones a los comerciantes: tres para operaciones con débito y 10 para crédito.

Se regularía, además, un tope al financiamiento con tarjeta de crédito: no podría ser superior a la tasa de interés de los préstamos personales.

En resguardo de los usuarios, establece que no podrá incorporarse a la base de cálculo utilizada para establecer los aranceles o comisiones, los impuestos que no formen parte del precio de venta ni tampoco en los intereses de financiación y los impuestos asociados a los mismos.

En el Senado pretenden que el proyecto salga lo más consensuado posible. Es que no quieren que se trabe otra vez en Diputados ni que el Poder Ejecutivo lo vete.

“La traba está en los límites a la financiación”, expresó Luenzo y manifestó que “no puede haber progresividad” -en referencia a la reducción de las comisiones- con “un sector de la economía que el año pasado se llevó una ganancia de 16 mil millones de pesos”.

Daniel Llambias, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), advirtió que “fijar mismos aranceles para los mismos rubros” genera “poco incentivo a la competencia”.

Llambias aseguró que el límite al financiamiento propuesto en el nuevo proyecto de ley “va a provocar un problema en determinados tipos de emisores”. Sobre este aspecto, la iniciativa plantea que el límite de los intereses compensatorios tendrá como base el promedio de tasas por operaciones de préstamos personales, y los intereses punitorios que el emisor aplique no podrán superar en más del 25% al aplicado en concepto de interés compensatorio frente al 50% de la actual ley.

A su turno, el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, señaló que “establecer aranceles o topes, o pretender beneficiar a determinadas zonas, termina complicando el consumo y la actividad de las propias tarjetas regionales” porque “los costos de operación son más altos para ellas”.

 

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