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El Gobierno impulsa la firma de pactos entre el Estado, empresas y sindicatos para mejorar las condiciones de cada actividad y lograr una recuperación
21/05/2017 - 14:57hs

Como si se tratara de un rompecabezas, el Gobierno quiere ir armando el entramado de la economía argentina.

La punta de lanza de esa estrategia es el conjunto de acuerdos sectoriales que ya se empezaron a firmar y con los que piensa seguir en el futuro.

Vaca Muerta, construcción, automotrices y textiles y calzado son los que picaron en punta; pero ya están en las gateras motos y biotecnología.

Se trata, ni más ni menos, que de un plan para mejorar los niveles de actividad y la rentabilidad en sectores agobiados por la pérdida de competitividad.

Se busca generar mesas de diálogo en las cuales se analicen medidas específicas. Pero, eso sí: no se evalúan ni un cierre comercial de las fronteras ni una devaluación.

Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva de la Nación, explica que el plan tiene como idea trabajar sector por sector para mejorar la competitividad, con un esquema de trabajo tripartito: el Estado nacional, los empresarios y el sector sindical.

"En el caso de Vaca Muerta esto se reflejó en el cambio del convenio colectivo de trabajo por la parte sindical, el compromiso de inversión asumido por el sector privado y la baja del costo logístico a cargo del Estado", detalla.

Los acuerdos sectoriales tienen diferentes objetivos y compromisos. Pueden contener metas de producción e inversión, aspectos sobre regulaciones laborales, componentes impositivos y de financiamiento. La mayoría contempla cláusulas vinculadas con la productividad, en términos de redefinición de las regulaciones laborales de cada sector. En algunos se reducen impuestos, o se aumentan reintegros, o se otorgan bonos de crédito fiscal, aliviando así la presión impositiva.

El esquema de acuerdos sectoriales se había dado en México, Colombia, Chile. También en países del Este de Europa y en Australia. En general, se evalúa que han tenido éxito.

Un caso es el de España con su programa Tres millones (para el sector automotor), que inspiró al plan local, llamado Un millón. El año pasado los españoles superaron la marca de tres millones de vehículos producidos y lograron que el automotor fuera uno de los pocos sectores en los que se creara empleo.

Según un informe de la consultora Economía & Regiones, los cuatro sectores para los que ya se generaron acuerdos en nuestro país, representan el 10,6% del PBI nacional y el 11% del empleo privado registrado (automotriz, 1,9% del PBI y 1,2% del empleo; textil y calzado, 1,4% y 2,4%; construcción, 3,9% y 6,5%, y petróleo y gas, 3,4% y 0,9%).

"Los acuerdos pueden generar alguna mejora de estos sectores, pero no alcanzarán para traccionar fuertemente la economía", opina Diego Giacomini, director de Economía & Regiones.

Para Giacomini, la raíz del problema es el elevado gasto público y la presión fiscal. Por eso, evalúa que hasta tanto no bajen el déficit y el nivel de carga tributaria, el sector privado nacional y los capitales extranjeros no invertirán y no habrá posibilidades reales de crecimiento genuino y sostenido, mejoras de la productividad y creación de empleos.

La Argentina tiene un mayor ratio de gasto público medido sobre el PBI y una más elevada presión tributaria que sus países vecinos.

Según datos que manejan en el Gobierno, en el primer caso la diferencia es de 14 puntos porcentuales del PBI y en el segundo, de 10 puntos porcentuales.

A la vez, tiene un mayor déficit fiscal, lo cual se traduce en una inflación cinco veces más alta y en un costo de capital que se multiplica por tres, en ambos casos con respecto a los números de los vecinos.

Aún así, Castro defiende el modelo. "Lo que vemos es que este esquema de diálogo y consenso funciona y está mostrando resultados; por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta con la inversión de más de u$s2500 millones que hizo Techint", afirma.

Algunos resultados ya pueden verse, según dicen en la secretaría de Transformación Productiva: en el caso de la construcción, el Gobierno y Aluar llegaron a un acuerdo para reducir el precio del barrote de aluminio en un 14% en dólares.

Esta medida surgió del trabajo entre los Ministerios de Producción, de Energía y Minería, y del Interior, en diálogo con representantes del sector privado.

Esa baja del precio beneficia a más de 120 Pymes de varios sectores industriales, que emplean a 4.000 personas en forma directa.

A su vez, el Estado implementará un régimen tarifario progresivo hacia 2019 para acompañar a las empresas ultra electro intensivas, como las proveedoras de aluminio, en la transición hacia el restablecimiento del mercado mayorista desregulado de energía.

Otra medida que beneficiaría a la construcción es la decisión de los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires de bajar en forma significativa la tasa de Ingresos Brutos en los créditos hipotecarios.

En el caso de calzado y textil, se lanzaron los planes de 3 y 6 cuotas para la compra de productos nacionales. Se espera que se financien compras por alrededor de $6.000 millones mensuales este año, a lo que se sumarían casi $ 2.000 millones de los planes Ahora 12 y 18.

En la industria automotriz, lo que hay por ahora es un detalle de metas fijadas para los próximos dos años, entre las que se destaca una inversión de u$s5.500 millones en el período 2017/2019.

Y en Vaca Muerta aparece la inversión de u$s2.500 millones por parte de Techint. Además, empresas como YPF se comprometen a incrementar sus inversiones hasta llegar a más de u$s10.000 millones anuales.

Para el economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb, el caso de Vaca Muerta es, de los cuatro, el único "donde se podría hablar de una inversión fuerte, mientras que el resto está aún en procesos de instrumentación".

Por eso, y porque el primero de los acuerdos se firmó hace solo cuatro meses, Sica señala que todavía es muy temprano para hablar de resultados.

Más allá de eso, el economista opina que los acuerdos son interesantes, porque abordan los problemas de competitividad y costos que aquejan desde hace tiempo al país.

Según dice, está buena la idea de trabajar en las áreas donde hay que captar inversiones. Es lo que él llama acuerdos "win win" (todos ganan), que sobre todo "son útiles para empezar a ver cambios regulatorios que permitan abaratar costos", según indica.

"Si el año que viene el sindicalismo ve que no se pierden empleos, los empresarios pueden exportar y el sector público vislumbra que llegan inversiones, se pueden empezar a afianzar estos acuerdos. Pero recién el año que viene se podrán ver los resultados para determinar si se permite una generalización al resto de los sectores", advierte Sica.

Los acuerdos sectoriales no son nuevos en el país: ya hubo pactos en la época en que el ministro de Economía era Domingo Cavallo (2000). Pero se firmaron en un momento donde ya la caída de la actividad era fuerte y por eso no tuvieron éxito. Eran acuerdos que luchaban contra la rigidez de la convertibilidad.

Sostener lo acordado

Según señala Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, en otras épocas se ha tratado de hacer este tipo de acuerdos, pero, para que tengan éxito, tiene que existir una vocación política de no ceder en lo pactado. Se deben sostener en el tiempo.

"Porque si el sector que tenía que hacerse competitivo no lo logró y se le da un tiempo más, se pierde el incentivo para que otros sectores también se adecuen", advierte.

Abram cree que estos acuerdos son buenos, porque permiten una transición para que quienes se vean afectados por la pérdida de puestos de trabajo encuentren en otros sectores alternativas donde emplearse.

"Algo así debiera encararse en el régimen de Tierra del Fuego, para transformar eso en un área franca con tratamiento impositivo especial. Para que los que vayan allí a producir tengan esos beneficios, pero para producir lo que realmente se pueda producir ahí. Puede llegar a haber un desarrollo turístico fenomenal, que hoy no se da", señala Abram.

También están aquellos que creen que estos acuerdos son útiles a corto plazo, porque le dan cierta estabilidad al sector y facilitan ciertas cosas, pero opinan que no se puede resolver la economía argentina sector por sector. Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres y Asociados, es uno de ellos.

"La economía argentina necesita reglas estables y sustentables de largo plazo y generales. Estos acuerdos son intentos de ir solucionando problemas que hoy tienen las empresas de cada sector, en algunos casos para darle competitividad y en otros para compensar esa falta de competitividad", explica.

En la opinión de Spotorno, la Argentina tiene carencia de competitividad por cuatro razones: falta de productividad del capital, falta de productividad del trabajo (hubo un gran crecimiento del empleo público), el alto costo fiscal y el tipo de cambio.

"Lo que digo es que esos cuatro pilares son difíciles de resolver en el corto plazo, por lo cual no se puede pretender una solución solo con estos acuerdos", analiza. "Mientras todo lo otro se resuelve, ¿cómo se hace para ganar competitividad? Bueno, estos acuerdos son una especie de paliativo", acota.

Para Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación Protejer y director de la empresa textil TN Platex, este tipo de acuerdos es la única política que el Gobierno está teniendo con el sector textil y de la confección.

"El ser único [el plan] lo hace más importante todavía. Involucra tres áreas del Gobierno: los ministerios de la Producción, de Trabajo y de Hacienda", comenta.

Según dice Sorabilla, es temprano para hablar de éxito o fracaso del plan, porque recién se está trabajando en el borrador del proyecto de ley que se presentará al Congreso, para promover una formalización.

"El acuerdo contempla tres cosas: aumento de los reintegros en el sector textil, que ya se dio con una resolución del Ministerio de la Producción; el Ahora 3 y Ahora 6 cuotas para las prendas de vestir, y el Repro Exprés para que sea más rápido de tramitar [el Repro ayuda a las empresas en crisis, porque el Gobierno paga una parte del salario al trabajador para evitar despidos]", indica el directivo.

Las partes del rompecabezas se empiezan a juntar para armar un todo, pero habrá que esperar el paso del tiempo para ver si los acuerdos sectoriales dan los frutos esperados. O si, como opinan algunos, no son más que un paliativo que se aplica mientras se solucionan los problemas de fondo que afectan a la competitividad argentina, señala La Nación.

A continuación, las claves de los cuatro acuerdos sectoriales que se han propuesto el Gobierno, los compromisos y objetivos de las partes firmantes.

Vaca Muerta- 10.000 millones. Es, en dólares, lo que podrían llegar a invertir anualmente empresas como YPF.

- Condiciones de trabajo. Se espera una mejora en la productividad de los puestos, por cambios en las condiciones de desarrollo de tareas que se aceptaron incluir desde el sector sindical.

- Alcance de los compromisos. Están vinculados a las actividades de extracción de los hidrocarburos no convencionales en los yacimientos de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

- Los aportes del estado. El Estado nacional acepta extender el Plan Gas, que garantiza un precio mínimo para los productores. La provincia de Neuquén se compromete a no aumentar los impuestos.

- Cómo está el sector hoy. La actividad del petróleo y el gas emplea a 60.393 personas. La producción de crudo lleva 19 años en declive y en el último año se perdieron 5.600 puestos.

Industria automotriz

- 750.000 unidades. 

Es la meta de producción para 2019.

- Objetivos de empleo. Se espera que, sobre la base del acuerdo firmado por las tres partes (gobierno nacional y provincias, trabajadores y empresas), haya 30.000 nuevos puestos para 2021.

- Exportaciones extra Mercosur. Uno de los grandes objetivos es abrir nuevos mercados para la venta de vehículos. Por lo menos un 35% de la producción deberá ir fuera del Mercosur.

- Integración local de autopartes. Se proyecta una mayor utilización de autopartes de fabricación nacional, que cumplan con estándares de calidad de nivel internacional: 35% en 2019 y 40% en 2023.

- Números recientes de la actividad. Se está recuperando de un duro 2016, da empleo a 76.741 personas y tiene un uso de la capacidad instalada de 31,5%. Se espera bajar el ausentismo.

Construcción- 100.000 viviendas. Unidades para destinar a la clase media.

- Reducción de impuestos. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad reducen significativamente lo que cobran de Ingresos Brutos en las cuotas de las hipotecas, para facilitar el acceso a los créditos.

- Préstamos a más largo plazo. Los bancos públicos se comprometen a dar créditos a tasas más bajas y a 30 años; se impulsa el uso de la UVA, la unidad que se ajusta por inflación.

- Tareas de capacitación. La pata sindical de este acuerdo sectorial se compromete a intensificar la capacitación de los trabajadores y la seguridad en las obras; habrá docentes de la Uocra a disposición.

- La ocupación laboral. El sector emplea a 422.034 trabajadores; a febrero el empleo tuvo una caída interanual de 3,4%. Ahora, esperan que se creen 100.000 puestos.

Textiles y calzado

- 6000 millones de pesos. 

Es el nivel de ventas esperadas por el Ahora 6.

- Formalizar puestos de trabajo. El Estado, los trabajadores y los empresarios impulsarán en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para fomentar la formalización y la creación de empleos.

- Un diálogo continuo. Se establece la participación de las tres partes en una mesa de trabajo que hará un seguimiento de la producción, el empleo y el consumo sectorial.

- Mayores y mejores controles. El acuerdo también prevé que se establezca en forma progresiva un sistema de trazabilidad, para habilitar una mejor fiscalización del cumplimiento de derechos laborales.

- El desafío de revertir la caída. El sector emplea a 155.370 personas. La actividad cayó 22,5% (interanual, a febrero). El uso de la capacidad instalada es de 53,9% (febrero de 2017).