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El ministro de Energía dijo que la magnitud del próximo ajuste dependerá de los costos dolarizados y admitió que podría dispararse una "cláusula gatillo"
24/05/2017 - 12:07hs

A Juan José Aranguren se lo nota relajado. Un poco por el ineludible jet lag por el viaje a Dubai, China y Japón, con el Presidente. Y mucho porque, a diferencia del año pasado, esta vez espera un invierno en calma. Más previsible. Sin aumentos tarifarios hasta después de las elecciones. Y con una temperatura más amigable, que evite los consumos elevados de energía.

En el último reporte que le pasó el servicio meteorológico, la temperatura media entre este mes y julio alcanzará los 15 grados, contra los 11 que en promedio se registraron un año atrás. "De hecho, hoy en esta oficina hace calor", dijo Aranguren el martes por la tarde en uno de los salones del Ministerio de Energía, donde fue anfitrión de un grupo de periodistas entre los que se encontraba iProfesional.

La mayor temperatura, confían en el Ministerio, hará que el consumo de gas y electricidad sea menor al del año pasado. Y que eso se traduzca tanto en la necesidad de menores importaciones de gas como en boletas menos "agresivas" para los consumidores.

Si fuera así, la meteorología se pondría en sincro con el clima político que necesita el Gobierno para iniciar la campaña rumbo a las elecciones de octubre. Por eso mismo, la Casa Rosada decidió mantener sin cambios las tarifas de los servicios públicos hasta después de ese acontecimiento.

Aranguren, por ahora, no quiere hablar sobre la magnitud del tarifazo post elecciones. El argumento del ministro, ante una pregunta de iProfesional, es que el reajuste "va a depender de los costos en noviembre", que es el momento pautado para el próximo incremento en luz y gas.

"Está todo abierto", respondió cuando un periodista pidió mayores precisiones. ¿De qué depende? Según Aranguren, de los costos de las empresas en función del valor del dólar.

Por ahora, el único dato en concreto -reconoce el titular de Energía- es que el nivel de subsidios debería caer del 50% de incidencia en las tarifas actual al 42% para noviembre. Esa disminución en los aportes del Estado debería traducirse en un incremento en las tarifas. Sin embargo, Aranguren se niega a ponerle un número en virtud de que esa magnitud recién se conocerá más adelante. "No puedo hacer futurología", se desentiende.

El ministro, además, tendrá que decidir qué hacer con un reclamo que seguramente le harán las empresas eléctricas por la inflación acumulada en los últimos meses. Concretamente, el contrato que rige a Edenor y Edesur dice que en caso de que la inflación del primer cuatrimestre del año supere el 6%, las compañías podrán reclamar el ajuste por el exceso.

Según el INDEC, la inflación de enero a abril acumuló un 9,1%, con lo cual esa cláusula gatillo podría activarse. Durante la conferencia, Aranguren dijo desconocer si ese reajuste -de casi 3 puntos- se aplicará en forma inmediata. En el Ministerio, ante una consulta de iProfesional, sugirieron que, de aplicarse, el aumento también recién se realizaría tras las elecciones.

A diferencia de meses atrás, cuando su gestión había quedado trabada por distintos fallos judiciales, esta vez Aranguren dice que el Gobierno tiene el aval jurídico y político para avanzar en la "normalización y transparencia" de los cuadros tarifarios, que aseguren la viabilidad del sistema energético.

Sólo se enoja cuando le recuerdan el reciente fallo del juez de primera instancia Luis Arias, que frenó los últimos aumentos en la provincia de Buenos Aires, y que obligó a la gobernadora María Eugenia Vidal a apelar esa medida. "Los jueces también hacen política", ataca Aranguren.

Justamente, y más en el terreno político, el funcionario colgará en el portal del Ministerio los distintos cuadros tarifarios que rigen en todo el país para que los consumidores puedan observar las diferencias.

Según Aranguren, esa transparencia de los datos evitará, a la larga, algunos abusos que se dan en los distritos del interior, donde las empresas distribuidoras cobran por encima de los estándares de aquéllas que atienden en el área metropolitana. Y, por otra parte, existen abusos de gobernadores y hasta de intendentes, que incluyen en las boletas de luz ítems como el costo de los bomberos o tasas municipales.

"Como la gente no puede dejar de pagar la electricidad porque le cortan el servicio, muchos se aprovechan para cobrar por ahí. Y no puede ser", razona Aranguren.

El ministro, al respecto, planea una especie de homogeneización tarifaria en todo el país. Allí va a constar el precio de la electricidad en el mercado mayorista (que es el regulado por Aranguren) y el valor final que pagan los consumidores de cada punto de la Argentina. En pocas palabras: el ministro quiere que el costo político de las boletas "engordadas" lo paguen los gobernadores e intendentes.

El plan debería ponerse definitivamente en marcha a mediados del año que viene. Otra vez, después de las elecciones.

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