Negocios
Gobierno negocia con Telecentro para asignar espectro y permitir los "operadores virtuales"
14-06-2017 En los próximos días podría resolverse un conflicto por la bandas de frecuencia que involucra a la compañía de TV paga y a las de telefonía celular. Desde el Estado afirman que la empresa de Pierri deberá devolver parte del espectro para evitar un círculo vicioso de demandas que frena al mercado
Por Andrea Catalano
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En menos de un mes se cumplen los 180 días que se impuso el Ministerio de Comunicaciones para cumplir con dos premisas básicas de su último decreto de telecomunicaciones, el 1340: llamar a concurso para asignar nuevas bandas de frecuencia y fijar las pautas para conformar una red de seguridad pública para casos de emergencia y/o catástrofe.

Hasta ahora, puede afirmarse que se viene cumpliendo con la promesa de las nuevas asignaciones de espectro, aunque se trata de un proceso tortuoso.

El 2 de junio pasado se abrieron los sobres para la asignación a demanda de frecuencias en 2,5 GHz, proceso para el que sólo estaban habilitadas Claro, Movistar y Personal, según decidió el Gobierno.

Sin embargo, de repente, contó con la participación de Telecentro, que pese a no ser un prestador actual -una de las condiciones para presentarse- parece haber hecho valer otros requisitos, como estar anotado en el registro de operadores, según aseguraron fuentes del mercado consultadas por iProfesional. 

De modo que este viernes se sabrá cómo seguirá la historia, de acuerdo a lo establecido en la resolución 3687/2017 que habilitó este proceso. En primer lugar, el 16 de junio se conocerá quiénes siguen en carrera. A partir de ello, se continuará con el proceso para determinar qué empresa se queda con cada uno de los tres bloques puestos a consideración.

Una vez que se conozca qué candidatos seguirán habilitados para participar de la asignación a demanda, se invitará a los calificados a reconsiderar su propuesta. Tendrán dos horas para hacerlo, aseguraron a iProfesional fuentes oficiales. 

En la compulsa del pasado 2 de junio, por caso, Telefónica y Telecom habían presentado propuesta para un mismo bloque. En caso de que esta situación volviera a repetirse, deberá encararse una subasta.

Estará en la inteligencia de las compañías que accedan a esta segunda oportunidad quedarse de manera directa con uno de los lotes o dar pelea a través del juego de la mejor oferta. Cuando se las consulta sobre lo que significaría entrar en un proceso de subasta, todas se muestran con el pecho inflado.

La intención del Gobierno es que esta asignación ya quede resuelta este viernes. "Estamos tratando de concretar la asignación a demanda de 2,5 GHz. Queremos resolver esta situación a partir del ingreso de Telecentro en el proceso y conversamos con la empresa.

Ellos quieren ser Operador Móvil Virtual (OMV), y una reconversión de su banda de manera tranquila", dijo a iProfesional el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Las bandas involucradas son las que, en estos 30 días que están corriendo, tendrá que devolver Cablevisión como parte del contrato firmado con el Ministerio de Comunicaciones para iniciar el despliegue de su red, ya en ejecución.

Para que esto ocurriera, la cartera debió concretar un proceso de reatribución (refarming) de las frecuencias de 2,5 GHz que la compañía había obtenido a través de la compra de otras empresas para poder ser utilizadas en la provisión del servicio 4G.

En pocos días se tomarían las decisiones finales relativas a la distribución de las bandas entre las compañías que pasen el proceso. El Ministerio de Comunicaciones quiere llegar en los próximos 90 días a poner en poder de las empresas de telecomunicaciones 500 MHz de espectro. "Es más del doble de lo que tenían hace un año atrás", destacó Aguad.

Echale la culpa al Alberto
Hoy en día, la Telecentro, la empresa de Alberto Pierri, es la piedra en el zapato que más molesta en el sector. Porque se niega a devolver al Estado la porción que tiene en la banda de 700 MHz -con influencia sobre el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)- que fue licitada en diciembre de 2014 para dar telefonía 4G.

Esas porciones fueron las que se adjudicaron Movistar, Personal y Claro, que terminaron de pagar el año pasado y que, hasta ahora, no han recibido pese a que el mismo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dictó en 2016 una resolución para que Telecentro se ubique en otras bandas del espectro radioeléctrico.

Como las compañías móviles no tienen en su poder esas frecuencias (sólo las que cubren AMBA, vale recordar), se niegan a presentar las ofertas de referencia para habilitar el ingreso de los OMV. Hasta ahora, Telecentro y Virgin Mobile son las únicas dos compañías que cuentan con ese permiso, aunque es larga la lista de "telcos" que espera obtener tal habilitación.

Las Pymes y cooperativas de telecomunicaciones, con influencia en localidades pequeñas de las distintas provincias del país, conforman uno de los grupos más interesados en acceder a esa posibilidad.

Claro, Personal y Movistar debían presentar esas ofertas en el último trimestre del año pasado. Personal se negó a hacerlo y frenó el proceso. El argumento fue, justamente, la imposibilidad de hacer una propuesta cuando no contaba con todo el espectro que se había adjudicado y pagado.

Aunque Claro y Movistar sí concretaron el trámite, lo hicieron en términos vagos, como para cumplir con la exigencia, nada más.

En el medio de la discusión, todos señalan a Telecentro con dedo acusador. Sucede que el operador de TV paga continúa ocupando la banda de 700 MHz en el AMBA para dar televisión digital en UHF. Y se niega a mudarse a otra parte del espectro, pese a que ya está definida por el regulador. Lógicamente, lo hace a través de la interposición de medidas judiciales que tienen plena vigencia.

En el mercado son múltiples las versiones sobre las razones que llevan a Pierri a negarse a las exigencias y endurecer su postura, y van desde la necesidad de mantenerse en esta situación para subir el precio de su compañía y venderla, hasta su aspiración de cobrar varios millones de dólares de indemnización por tener que migrar a otra parte del espectro.

Esta situación es el argumento para que las móviles no eleven su oferta de referencia. Lo que hace, a su vez, que Telecentro se queje porque no puede comenzar a ser OMV. Pero eso no es posible porque, como el conflicto por esa banda de 700 MHz sobre la que está parado es la que reclaman las compañías móviles, ellas se niegan a efectuar la oferta de referencia que permita el ingreso de nuevos jugadores en el mercado.

Todo un engorro en donde abundan las medidas judiciales y los recursos administrativos y de queja -y del tipo que sea- que cualquier abogado avezado en temas regulatorios pueda inventar para impedir que cualquier jugador deba enfrentar mayor competencia, o invertir.

En otras palabras, un círculo vicioso que, hasta ahora, nadie fue capaz de romper. Y que, al que más perjudica, es al consumidor de servicios de telecomunicaciones, fijos o móviles. 

"Si logramos conducir el proceso para que Telecentro desista de sus acciones judiciales, termina de resolverse todo. Porque eso permitirá que se inicie el proceso de negociación para que las empresas móviles se pongan de acuerdo con los OMV", sostuvo Aguad. El ministro confía en el proceso de conversaciones iniciado y que él mismo lidera.

Justamente, para que haya OMV, tras la presentación y publicación de las ofertas de referencia, los dueños de las redes móviles, más los que quieren vender servicios utilizando esa infraestructura, deberán encarar una negociación para definir precios, zonas y demás cuestiones vinculadas con esta modalidad de prestación. Eso habilitaría la existencia de nuevos prestadores móviles, especialmente en aquellas zonas consideradas desatendidas por las grandes compañías.

En definitiva, todo pasa porque el Estado pueda recuperar ese espectro judicializado, que es su potestad. El Ministerio asegura que volverá a barajar para que todos los actores sumen esa materia prima. Es lo prometido y es, justamente, lo establecido en el decreto 1340.

En tiempos donde el Gobierno realiza esfuerzos para entrar como miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cumplir con su palabra resulta vital. Como también las acciones que ejecuta para alcanzar esos objetivos.

"Calculo que en agosto, septiembre a más tardar, ya estaremos entregando los 500 MHz", insistió Aguad que, sin embargo, confía en que a finales de julio el proceso pueda estar ya finalmente bien encarrilado.

El cálculo surge no sólo de resolver el conflicto con Pierri, sino también con otra cantidad de frecuencias judicializadas por el Grupo Vila-Manzano. Se trata de las que se adjudicaron en diciembre de 2014 pero que, como a mitad de 2015 no las habían pagado, la gestión administrativa de Cristina de Kirchner decidió quitárselas para dejarlas en poder de Arsat.

Aguad aseveró que el conflicto con Airlink, la empresa del grupo afincado en Mendoza, "está resuelto en un 90%" y que faltan dictámenes finales para que esas bandas retornen al Estado y se pongan a disponibilidad del mercado.

Al igual que en el caso de Telecentro, para que este conflicto termine de solucionarse es condición que las compañías dejen de lado sus acciones presentadas en la Justicia.

La judicialización de los diversos temas que involucra a las telecomunicaciones es la mayor traba para el impulso de una mayor competencia y de la aceleración de inversiones en el sector. Y es la razón por la que, por ejemplo, en la resolución 3687/2017 de asignación a demanda, se especificó en su articulado que los interesados en acceder a las frecuencias que se ponían a disponibilidad debían informar si mantenían conflictos judiciales con el Estado en esa materia. Y si querían espectro debían renunciar a ellas.

La red de seguridad
La resolución de la asignación de espectro permitirá cumplir con otro de los objetivos planteados en el marco del decreto 1340 relacionado con la creación de una red de seguridad pública. En el texto se estableció que en estos 180 días el Ministerio "fijará las pautas necesarias para la conformación de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad (...) para garantizar comunicaciones adecuadas a los organismos de seguridad pública".

Si bien sobre este tema no parecen haber, al menos por ahora, avances concretos, el ministro Aguad aseveró que "en este tiempo se van a definir las pautas" e insistió en que "pretendemos usar la banda de 700 MHz" para ese proyecto.

Esa frecuencia se mencionó desde el principio para este iniciativa. Luego, comenzaron a barajarse otras alternativas debido a los conflictos con Pierri y con Vila-Manzano. En un momento se mencionó a las bandas de 2,5 GHz -que hoy parecerían descartadas- y, ahora, aparecen en escena las de 800 MHz, que hoy tiene asignados servicios de trunking.

Aguad insistió en que en los próximos días se darán los lineamientos para la red de seguridad pública, pese a que en el mercado se tiene la percepción de que esto demandará algo más de tiempo.

La cuestión parece estar encerrada en una cinta de Moebius. Y lo único que puede cortar este volver siempre al mismo lugar es resolver los conflictos atados a la banda de 700 MHz. Los próximos días serán clave.

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