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En la Capital se abren más de 100 expedientes por mes, muchos de ellos por falta de registración                                 
13/06/2017 - 13:02hs

El 33% de los asalariados no están registrados y esta informalidad se paga al momento de la desvinculación. El empleo "en negro" es uno de los mayores desafíos que tiene la actual cartera laboral y que también tuvo la anterior.

"Según mi experiencia, la falta de registración total o parcial es la mayor fuente de conflicto", dice el juez y vicepresidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Mario Fera.

En general la situación se lleva a juicio después de una desvinculación o despido. En caso de probarse la irregularidad, la ley penaliza con la multa de una indemnización agravada, que puede llegar al doble de la que le correspondería al trabajador en caso de estar bien registrado.

"Si se suma una intimación al empleador para que pague la totalidad del dinero adeudado, se eleva un 50% más. Pero no termina ahí. Los juicios pueden durar entre tres y cinco años, y entonces en concepto de intereses lo que tiene que pagar se puede volver a duplicar. Hay un exceso de sanciones que se acumulan", dice Fera. Como conclusión, una indemnización normal de $100 (como ejemplo) puede llegar a los $500 si se suman todos los agregados.

¿Por qué se arriesga el empleador a esta situación? En algunos casos, sobre todo en las empresas más pequeñas, por desconocimiento sobre qué es salario y qué no lo es, lo que lleva a un mal registro. En otros, para evadir los elevados costos laborales que hacen que para un sueldo convenido de $100 el empleador tenga que pagar $160 y el empleado reciba en el bolsillo $80. Un pacto que parece en beneficio mutuo, pero que no lo es.

En el ámbito de la Capital Federal funciona el Servicio de Conciliación Laboral (Seclo), pero que necesita más protagonismo para aliviar a los 80 tribunales laborales que reciben más de 100 expedientes cada uno por mes. Además de estar sobrepasados, actualmente hay 32 de ellos que no tienen un juez titular, una situación irregular que viene de arrastre desde hace alrededor de seis años, según comenta el ex presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Por otro lado, las leyes argentinas son complejas, se superponen y hay fallos encontrados que abren la ventana a la litigiosidad. "Una de las razones por las cuales se ha incrementado paulatina, pero sostenidamente la litigiosidad es por la desactualización y poca calidad técnica de las normas laborales vigentes en la Argentina, y en particular, de la ley de contrato de trabajo, que data en su aspecto medular del año 1974", explica a La Nación el abogado laboralista Ricardo Foglia.

Concuerda Fera en que se refiere a la necesidad de "leyes claras y bien redactadas, que no den lugar a interpretaciones diferentes, otra de las razones de la litigiosidad".

"Como ejemplo de la confusión reinante -dice Foglia-, en una cuestión tan sencilla como cuánto tiene que pagar el empleador y cuánto tiene que cobrar el trabajador en caso de despido, debido a la imperfección de la norma y las nuevas formas de retribución no reguladas (bonos, auto de la compañía, uso del celular, etc.), se da lugar a qué se entiende por remuneración, qué es mensual, qué es normal y habitual, que son los módulos del cálculo que la ley había establecido en su momento.

"Esto da lugar a una multiplicidad de criterios que tornan algo que debería ser muy simple en confuso. El sistema normativo desactualizado y con normas de baja calidad es una fuente de controversias que no son buenas ni para trabajador ni el empleador ni para la sociedad", finaliza.