La comisión de Legislación General de la cámara de Diputados tratará este martes la denominada “ley de alquileres” que modifica varios artículos del Código Civil referido a las locaciones de vivienda y que cuenta con media sanción del Senado.

El debate del proyecto, que es impulsado por la organización Inquilinos Agrupados, parecía que iba a posponerse hasta después de las PASO por las diferencias existentes.

El Gobierno quiere modificaciones a la propuesta que llegó de la Cámara Alta, mientras que la oposición pugna por llevar al recinto la iniciativa presentada por la senadora del PJ-FpV Silvina García Larraburu, que fue avalada por unanimidad en noviembre del año pasado.

Sin embargo, la comisión que preside Daniel Lipovetzky tendrá una reunión informativa. Es decir, no se firmará dictamen sino que las partes involucradas oirán los argumentos de las otras y a partir de allí comenzarán a delinear un proyecto para elevar al recinto.

Los representantes del macrismo consideran que la propuesta del Senado distorsiona el mercado, ya que si bien protegería a los locatarios, al fin de cuentas provocará un aumento de los montos de las unidades que se ponen en alquiler, debido a que los propietarios trasladarán todas las contingencias que puedan ocurrir al precio que se fije al inicio del contrato.

Lipovetzky presentó, con el apoyo del Ministerio de Interior, un texto nuevo sobre el tema. Si bien desde Cambiemos intentaron “calmar las aguas” al señalar que las modificaciones sugeridas a la media sanción son “pocas”, pero -desde la vereda de enfrente- remarcan que, en el fondo, estos cambios son sustanciales y hacen a los aspectos centrales de la propuesta.

Y remarcó que su iniciativa -que presentó junto a los diputados Waldo Wolff y Karina Banfi- prevé algunas "cuestiones de importancia como el ‘alquiler social’ y el fomento a la construcción de viviendas para alquiler".

“Es fundamental que haya más oferta porque a partir de allí pueden bajar los precios de los alquileres. Nuestro objetivo es conseguir la mejor ley posible”, agregó Lipovetzky.

Las agrupaciones de inquilinos dicen que en el Gobierno quieren "dilatar" los tiempos para no intervenir el mercado y que no salga ninguna ley sobre este tema.

La cuestión para los analistas legislativos es “no pisar en falso”, por lo que los legisladores buscarán evitar afectar a su fuerza política en las elecciones legislativas de este año.

Algunos lo ven como una jugada del Gobierno, ya que primero observará los resultados de las primarias de agosto y luego, en caso de resultar conveniente, impulsará la sanción del proyecto con media sanción para ser favorecido en las urnas en octubre.

A discutir

Si bien hay acuerdo en ambas propuestas en, por ejemplo, fijar un límite a las comisiones inmobiliarias o a que se obligue a los propietarios a devolver el depósito una vez finalizado el contrato actualizado al último mes pagado, hay puntos que generan cortocircuitos entre las partes involucradas.

Las inmobiliarias levantaron la voz y mostraron su preocupación ya que obliga a que las comisiones que cobran los corredores no superen el mes de canon, en caso de que las leyes locales no tengan establecido un monto mayor. Esto quedaría establecido en cualquiera de las propuestas aprobadas.

La discusión principal se dará por la forma de actualización de los aumentos del canon locativo en este contexto inflacionario. En la actualidad, los incrementos se fijan cada seis meses y se estipulan en un monto o porcentaje fijo. El último año, se estima que hubo una suba promedio del 40%.

La propuesta con media sanción estipula un aumento anual teniendo como referencia un promedio entre la inflación y el salario cuando aquella supere el 10%. Cambiemos pretende que se considere solo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) pero para alquileres que no superen los 15.657 pesos, que equivalen a 840 unidades UVA, las que se utilizan en los créditos hipotecarios.

Para las agrupaciones de inquilinos los locadores subirán los precios para superar el rango, lo que generaría un alza de precios en todo el mercado.

Entre sus puntos centrales, contempla la ampliación de dos a tres años del plazo mínimo de los contratos de alquiler. Pero además, establece la devolución del depósito en garantía, que los aumentos sean anuales y no superen al índice de inflación.

En tanto, las expensas extraordinarias en ninguna situación deberán correr por cuenta del inquilino. Este beneficio alcanza a todos los contratos inclusive a los más caros. 

Pero el Ejecutivo propone que solo los inquilinos que abonan menos de $15.000 queden eximidos de pagarlas. Estos son medidas que generan menos gastos que alivian el bolsillo del inquilino.

"No hay forma de negociar los contratos, porque no es negociable por la gran demanda de alquiler que existen hoy. Nosotros calculamos que las expensas subieron más de un 100% en dos años, y los contratos de renta por encima de la inflación, por lo que cada vez son más quienes no pueden pagarlo", sostuvo Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.

El plazo de los contratos será otro de los principales temas a debatir. La propuesta con media sanción prevé que la renovación de los contratos se extienda a tres años. En tanto, el oficialismo plantea que se mantenga como en la actualidad, cada dos años.

Los comercializadores coinciden en que el proyecto del Senado no hace foco en varias cuestiones clave que son las que, en realidad, podrían contribuir a mejorar la situación de los inquilinos.

Además, alertan que verá afectada la construcción y la compra de muchas viviendas que luego son volcadas al mercado locativo.

"La mayoría de lo edificado en los últimos tres años corresponde a unidades que luego han sido destinadas al rubro alquileres", remarcó Armando Pepe, fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Por este motivo, desde el Gobierno explican que una de las fortalezas de la iniciativa que quiere aprobar incluye el "alquiler social", en donde el Estado subsidiará la garantía y los gastos de ingreso. 

La propuesta oficial también fomenta la construcción de viviendas destinada a locaciones y que los constructores puedan descontar de Ganancias hasta 60% de la inversión, lo que, aseguran, también dará trabajo.

En el Congreso, fuentes del oficialismo le explicaron a iProfesional que pretenden que la iniciativa se apruebe durante este año y negaron que intenten frenar el debate, tal como sostienen las agrupaciones de inquilinos.

En caso de introducirse modificaciones, la propuesta deberá volver al Senado para que las avale o ratifique el proyecto original. En caso de ocurrir esto último, desde Cambiemos no descartaron el veto presidencial.