A pesar del "ruido político" causado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia -según el cual se dictamina que las costas deben ser pagas por el trabajador que había perdido un juicio laboral contra su empresa empleadora-, los expertos del área creen que, lejos de sentarse un precedente que pueda cambiar las prácticas habituales de litigio, sólo se reafirma la situacion normal.

En otras palabras, que el fallo no cambia nada, por más que las acusaciones en cuanto a que se buscaba desincentivar los juicios laborales hayan causado conmoción

En la causa “López, Enrique Eduardo c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ accidente – ley especial”, resolvió que cuando un trabajador pierde –por su culpa– un juicio laboral debe pagar todos los gastos ocasionados por ese juicio en concepto de honorarios de los abogados y los peritos que hayan intervenido.

La decisión se dio a conocer en un contexto en el que el Gobierno denuncia que la “industria de la mafia del juicio laboral” impide la creación de empleos y provoca el cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar las indemnizaciones por despido fijadas por los tribunales.

Los abogados laboralistas remarcaron que es un fallo que se ajusta a derecho porque el trabajador jamás se presentó ante el perito médico que la Justicia había designado para que lo examinara en su reclamo por un accidente laboral. Y ello provocó que la acción fuera rechazada ante la imposibilidad de comprobarse si efectivamente estaba incapacitado.

Otros letrados se mostraron sorprendidos no por la decisión de que el empleado se haga cargo de los gastos del reclamo judicial, sino porque “la Corte diga algo sobre este tema y le de semejante difusión” ya que “su función es resolver recursos extraordinarios o planteos sobre validez constitucional”. De esta manera, consideran que hay una especie de bajada de línea hacia los tribunales inferiores.

El problema que desató la decisión de la Corte Suprema sobre las costas (un tema sobre el cual no suele intervenir) es que la cámara laboral porteña había desestimado el reclamo del trabajador, pero había resuelto que todos los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio los pague la compañía aseguradora demandada.

Para el máximo tribunal, el resultado del pleito se debió a la conducta negligente del reclamante. De esta manera, lo obligaron a pagar los gastos derivados del litigio.

"Este fallo no cambia absolutamente nada. Es norma que el que pierde el juicio paga las costas", indicó el jefe de la bancada kirchnerista en Diputados, Héctor Recalde. "Me parece una injusticia que alguien que tiene que enfrentar un juicio, en este caso el empleador, y lo gana tenga que afrontar los costos", lanzó.

Pero expresó su preocupación ante la posibilidad de que el fallo “intimide al trabajador y que el temor a pagar las costas lo inhiba de ir a la Justicia”. En ese sentido, lo enmarcó en “una actitud del Ejecutivo Nacional de hostigar a los jueces de trabajo, a los abogados laboralistas, a los trabajadores mismos”.

“Llama la atención que en un tema que no es federal, intervenga la Corte Suprema. También la publicidad inmediata y muy vasta que se dio a este fallo”, remarcó el legislador, y advirtió que “la Corte viene emitiendo sentencias regresivas, como la limitación al derecho de huelga, y avaló despidos de empleados porque no estaban sindicalizados”.

Y aclaró que “si el trabajador fue negligente, no es ilógico que la Justicia diga que pague las costas. Pero si es insolvente, seguramente no lo va a pagar”.

“Es normal que si el trabajador pierde el juicio, cada una de las partes pague las costas que produjo. También es normal que los peritos oficiales les pueden cobrar a cualquiera de las dos partes; normalmente recurren a las empresas porque tienen mayor capacidad de pago”, destacó Recalde, quien fue apuntado por el presidente Macri como uno de los impulsores de la “industria del juicio”.

Carlos Toselli, Director de la Revista Temas de Derecho Laboral de Erreius, también consideró que es un fallo que no tiene la trascendencia que se le dio y que lo único destacable es que "descalifica la sentencia de cámara".

En tanto, el ex titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek, indicó que “la Corte excepcionalmente se pronuncia sobre costas” y consideró que “no es casual que lo haga en el medio de la infamia sobre mafia de juicios laborales”.

Según el especialista, este fallo hace caer el mito que los trabajadores "ganan siempre", como lo sostiene el Presidente.

Para el abogado Sebastián Serrano Alou, la tan “publicitada” decisión de la Corte es eminentemente un “hecho político” porque “se trata de un caso excepcional, donde un trabajador inicia un juicio y al parecer luego se desentiende completamente del mismo (no se presenta a las pericias medicas a pesar de ser citado reiteradamente en dos instancias), perdiendo –al decir de la Corte- por su “obrar negligente”.

En ese aspecto, consideró que es extraña “la oportunidad en que se da a conocer la decisión, cuando la embestida contra la maliciosamente denominada “mafia de los juicios laborales” es más fuerte”.

“Lo importante es indicar que no siempre que el trabajador pierde el juicio debe ser condenado a pagar los gastos, que como decidieron los jueces de la instancia anterior a la Corte”, agregó Serrano Alou.

En ese sentido, enfatizó que “las costas pueden ser cargadas a la parte demandada, repartidas entre las partes (costas por su orden)”, y remarcó que “no pueden ir contra la vivienda del trabajador para el cobro, ni se puede embargar su sueldo salvo en porcentajes determinados por ley que no le impidan seguir solventando sus gastos básicos”.

Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago - Lupi & Asociados, consideró que “si bien en el marco ideal el que no tiene razón debería pagar honorarios, lo cierto es que muchas veces, se demanda (sin que implique un invento), creyendo que se tiene razón y luego se demuestra lo contrario”.

“Los jueces laborales a mi entender de manera protectoria y correcta, hacen que las costas sean por su orden, es decir que cada uno pague su abogado”, agregó.