En su nueva medición de performance subnacional de gobierno electrónico, el ISAGEL (Índice de Servicios y Asistencia Gubernamental en Línea) elaborado por el IARAF arroja resultados inquietantes.

A la vez que consolida a las Administraciones Públicas (AP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe como punteras en materia de gobierno electrónico en Argentina, revela una precaria performance general para todas las gobernaciones en áreas claves del gobierno electrónico.

Estas últimas vinculadas, principalmente, a una relativamente pobre utilización de TICs digitales para la realización de trámites gubernamentales y a la incipiente explotación de los beneficios que brindan las redes sociales digitales al gobierno electrónico, señala el informe.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Buenos Aires encabezan el ranking, con puntuaciones muy similares de entre 0,57 puntos (Buenos Aires) y 0,59 puntos (CABA).

Considerando, además, a la provincia de de Santa Fe – en cuarta posición con 0,52 puntos -, se obtiene un bloque de jurisdicciones caracterizado por mantener sus posiciones de performance relativa entre las mediciones ISAGEL 2016 y 2015.

Cabe mencionar, sin embargo, que pese a esta muy buena performance relativa (con respecto al resto de jurisdicciones Argentinas), estas jurisdicciones se encuadran bajo la categoría de performance Media, lo que indica que aún les queda mucho por avanzar en materia de gobierno electrónico.

El 71% de las jurisdicciones se concentra en la categoría de performance Baja, concentradas en torno a una media de 0,29 puntos. En el extremo superior del grupo se encuentran Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y La Pampa, con puntuaciones en el ISAGEL de entre 0,36 y 0,39 puntos.

En el extremo inferior, a su vez, se encuentran las provincias de Corrientes, Tierra del Fuego, Jujuy y San Luis, con puntuaciones en torno a los 0,21 puntos.

Al comparar la performance interanual de este bloque de jurisdicciones con respecto a la medición ISAGEL 2015, se observan cambios de posición más bien menores. La excepción la dan las provincias de San Luis y Chubut, con caídas de 5 posición en el ISAGEL de 11 y 9 puestos respectivamente.

Esta fuerte variación responde mayoritariamente a la observación de una importante cantidad de portales web con el rótulo de “en construcción/actualización” en estas jurisdicciones.

Respecto de esta observación cabe aclarar que si bien de los procesos de cambio de los portales web caben esperarse mejoras en los mismos, la interrupción total de los servicios prestados en el interim no puede justificarse de ninguna manera.

De hecho, no son pocas las administraciones públicas que se encuentran en proceso de actualización/cambio de sus portales web – al menos en alguna de las áreas de gobernación relevadas -, mas en su mayoría estos procesos de cambio son llevado a cabo parcialmente, tal que no se interrumpe el servicio integral de la plataforma.

La fuerte concentración de jurisdicciones en la categoría de performance Baja pareciera indicar que las AP comprenden la necesidad de comunicarse y brindar servicios a los ciudadanos a través de sus portales web, y que, a su vez, han buscado satisfacer (con éxito) algunas necesidades ciudadanas en este ámbito. Sin embargo, subraya que aún queda mucho por hacerse, especialmente en áreas intensivas en el uso de herramientas tecnológicas sofisticadas.

Preocupa principalmente el hecho de que el grueso de las jurisdicciones tiendan a concentrar su “oferta de gobierno electrónico” en los subíndices Autoridad e Información, descuidando otros aspectos fundamentales para la transparencia de la gestión pública y el empoderamiento de los ciudadanos.

Otra fuerte limitación en cuanto al avance del gobierno electrónico lo da el uso que efectivamente hacen las AP de las redes sociales. Concebidas como TICs multifuncionales, su utilización es aún precaria por parte de las AP, limitándose fundamentalmente a áreas de gobernación de fuerte carácter social y a la difusión de contenido, más que a un tipo de participación ciudadana que obliga mayor compromiso con la sociedad, concluye el informe.