El conflicto en Pepsico sumó este viernes un nuevo capítulo y su injerencia en la campaña electoral ya es inevitable.

Entre las novedades de esta jornada se destaca el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordena a la compañía a "cumplir con el deber de ocupación" de los trabajadores de la firma.

La Sala VI del tribunal respaldó así una medida cautelar presentada por trabajadores de la fábrica del partido bonaerense de Vicente López que este jueves fue desalojada por fuerzas de seguridad bonaerenses.

Los camaristas argumentaron que no se cumplió el procedimiento preventivo de crisis previsto para el cierre de un establecimiento como el de Pepsico.

El tribunal hizo "lugar a la medida cautelar solicitada" por diez trabajadores de la fábrica.

Además, advirtió, los operarios deberán cobrar "$5.000 por cada día de demora" en la aplicación de esa decisión.

El fallo de la cámara de apelaciones fue interpretada por los trabajadores como un triunfo. Según analizaron, la Justicia resolvió declarar la ilegalidad de los despidos y la obligación de que los trabajadores retomen sus tareas y cobren sus salarios.

En una conferencia de prensa que se realizó en el Congreso, además de anunciar una “jornada nacional de lucha” para el próximo martes, el delegado de Pepsico, Camilo Mones, afirmó en referencia al fallo: “Esto demuestra que teníamos razón cuando decíamos que la empresa estaba en la ilegalidad y que la represión de ayer también lo era”. 

“Esa violencia contra los trabajadores se podría haber evitado. Eso se lo habíamos dicho a la jueza y al fiscal, que era un problema de orden laboral, que la empresa hacía lock out y que estaba en la ilegalidad, pero ellos no nos escucharon”, añadió.

¿Qué es un Procedimiento Preventivo de Crisis?El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es un mecanismo que tiene como finalidad principal preservar el empleo.

De acuerdo a lo que establece la Ley 24.013, el empleador debe proponer medidas encaminadas a superar la crisis antes de que decida por su cuenta despidos o suspensiones de personal.

Una vez que la empresa realiza la presentación ante el Ministerio de Trabajo, solicitando el PPC, se evaluará si el pedido realmente se encuentra justificado. 

De aprobarse, el empleador podrá desvincular a su personal abonando indemnizaciones reducidas, lo que permite, por un lado, cumplir con la exigencia de indemnizar al trabajador y, por otro, continuar con la actividad comercial.

"El PPC viene a convertirse, en épocas de crisis, en un instrumento legal y válido para reducir considerablemente los costos laborales", explican los asesores de empresas a iProfesional.

Pero la tramitación del procedimiento y su conclusión no implican que el empleador haya quedado habilitado para invocar despidos con disminución de la indemnización o quede eximido del pago de salarios caídos en el caso de aplicar suspensiones.

Los requisitos para que un juez avale un despido por esta causa son muy difíciles de cumplir, ya que el empleado es ajeno a los riesgos de la empresa y siempre se privilegia el principio de conservación del contrato de trabajo.

Se requiere, asimismo, la demostración fehaciente de que las causas que derivaron en la crisis productiva esgrimidas sean objetivas, ocasionadas por circunstancias que no resulten imputables al empleador.

La finalidad del procedimiento mencionado no es validar las suspensiones o despidos sino brindar un ámbito de negociación a las partes.

Y deben mantener la nómina de empleados que pensaban despedir hasta que el Ministerio confirme los motivos que derivaron en esa situación.

En el caso de Pepsico, explican que no se habría llevado adelante el procedimiento preventivo de crisis establecido.

Si bien la empresa realizó el pedido ante el Ministerio de Trabajo luego desistió de avanzar al analizar que era más conveniente pagar la indemnización estipulada por ley más un plus que continuar con dicha acción, que no permite el cierre del establecimiento.

Pepsico y PPCCuando Pepsico anunció que trasladaría sus operaciones de la planta de la localidad de Florida, partido de Vicente López, al Municipio de General Pueyrredón (cuya cabecera es Mar del Plata) inició un PPC.

Esto implicaba que casi 600 trabajadores iban a perder sus puestos de trabajo por dicho traslado. 

Con ese procedimiento, la empresa debía acreditar la situación objetiva (no imputable a ella) que daba origen a la crisis. Para ello no bastaba argumentar la pérdida de rentabilidad o que las ganancias no son las esperadas sino que -en caso de continuar con la actividad- la empresa podría correr el riesgo de bajar sus persianas.

En este caso, la firma multinacional señaló que era imprescindible relocalizar la planta en otro lugar para modernizarse, bajar sus costos y mejorar la logística.

La mencionada herramienta obliga a las empresas a presentar anticipadamente, ante la cartera laboral, una comunicación sobre las suspensiones, despidos e incluso reducción de la jornada de trabajo por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

A partir de su inicio y hasta la conclusión, las partes no pueden ejercer las medidas de acción directa de las que disponen, por lo que el empleador no puede despedir y los trabajadores no pueden ejercer el derecho de huelga. Y se mantienen vigentes todas las obligaciones de los contratos de trabajo y se deben abonar los sueldos.

La firma, al ver que su planteo no encuadraba dentro de la figura legal de PPC, decidió proponer un plan de retiro pagando más de lo que correspondía como indemnización. 

Con este mecanismo, más de 455 trabajadores acordaron su desvinculación.

En tanto, la empresa emitió un breve comunicado en el que señaló que "las razones de dicho cierre incluyen su localización en un barrio residencial con su consiguiente imposibilidad de ampliación ni modernización; la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos; y las dificultades logísticas de acceso y traslados, entre otras".

Mones, miembro de la Comisión Gremial Interna de Pepsico, aseguró que es “mentira la supuesta crisis” alegada por la empresa al comunicar el despido de 600 empleados y el cierre de la planta de la compañía en el partido bonaerense de Vicente López: “La planta estaba impecable para producir”.

“A nosotros no nos dijeron nada de nuevos puestos, y menos en Mar del Plata”, afirmó el delegado.

Para los trabajadores, en realidad, lo que la empresa quiere hacer es "seguir produciendo en la actual planta de Florida en forma precarizada, porque está en condiciones óptimas”, con lo cual no se trata de “un cierre permanente”.

De los 550 trabajadores de la planta que fue escenario de incidentes (60 de ellos fuera de convenio), una gran mayoría acordó su desvinculación y recibió el doble de la indemnización.

Disputa simbólicaMientras la oposición busca sacarle rédito político al desalojo violento de fábrica Pepsico –se descuenta que será tema de debate durante la campaña que oficialmente comienza este viernes-, el oficialismo busca reducir daños.

En sintonía con la estrategia que desplegó desde que se realizó el operativo con las fuerzas de seguridad, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró este viernes que las "agrupaciones de izquierda" fueron quienes "lideraron la situación de conflictividad" en la planta.

El jefe de ministros se sumó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al de Trabajo, Jorge Triaca.

La decisión del Gobierno es focalizar en las agrupaciones de izquierda y responsabilizarlas de los hechos.

En esa línea, se expresó Peña durante una conferencia de prensa en Misiones, donde viajó para dar su apoyo a los candidatos de Cambiemos a senadores, Humberto Schiavoni y Cintia Cardozo, y a diputados nacionales, Luis Pastori y Gabriela Szyszko.

Respecto a la ocupación de la planta de Pepsico, el jefe coordinador recordó que el Gobierno intervino en el conflicto y logró que en la mediación los trabajadores recibieran el doble de indemnización más la extensión de la cobertura de la obra social.

En ese contexto, afirmó: "No aceptamos que haya crisis general de empleo ni deterioro estructural. Venimos con el mismo problema desde hace cinco o seis años y ahora estamos transformando estructuralmente a la Argentina, fortaleciendo el trabajo para que llegue a todas las zonas del país y que los jóvenes accedan a él".

El martes, protestas“Vamos a pelear por nuestros puestos hoy más que nunca”, aseguró Catalina Balaguer, trabajadora de la empresa, en una conferencia de prensa que se realizó hoy en el Congreso de la Nación. 

“Recibimos la solidaridad más amplia y el repudio a la represión fue también enorme. Con esa fuerza vamos a convocar para el martes a una jornada nacional de lucha por la reincorporación de los trabajadores, contra los despidos en todo el país y contra la represión”, agregó. 

“El sábado con todas las organizaciones que nos apoyan, vamos a definir la modalidad de esta jornada que va a ser en todo el país”, abundó. La cita es a las 14 en el Bauen.

El abogado de los operarios, Edgardo Moyano que “la orden del fiscal (de desalojar) fue totalmente irregular. Pidió un desalojo porque según él la empresa contamina. Es insólito, en vez de procesar a los que supuestamente contaminan, reprimió a los trabajadores”, se quejó.

“Es un despropósito que amerita un juicio político a él y a la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, que ya se está tramitando en la Legislatura provincial”, dijo.

El letrado explicó que la ilegalidad de la empresa es manifiesta ya que “cerraron la fábrica, enviaron telegramas de preaviso de despido a los trabajadores y en esas condiciones los llamaban a sus casas, hablaban con sus familiares y los citaban para ver si querían hacer 'acuerdos voluntarios'. Eso es un delito de ‘lock out’ y extorsión, nadie puede creer en la voluntariedad de semejantes acuerdos”.

En un fuerte gesto político, fueron parte y adhirieron a la rueda prensa diputados de los bloques del Frente para la Victoria, Frente de Izquierda, Libres del Sur, Movimiento Evita, el GEN, entre otros, además de dirigentes sindicales, organismos de DD. HH. y del Colectivo Ni una menos.