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La Justicia suspendió la instalación de parquímetros en los barrios de Capital
17-07-2017 Dio lugar a un amparo presentado por el legislador Vera, quien asegura que el oficialismo no consiguió la cantidad de votos que establece la Constitución porteña. Para la extensión del estacionamiento medido se entregarán en concesión 10 predios públicos que alojarán las futuras playas de acarreo
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La Justicia puso este lunes en suspenso por al menos tres meses la instalación del sistema de estacionamiento medido por parquímetros en los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°23, Francisco Ferrer, hizo lugar a un amparo presentado por el legislador Gustavo Vera y su asesor Gustavo Desplats.

Los autores de la presentación judicial consideraron que la aprobación de la ley se produjo de forma irregular" en la Legislatura de la Ciudad, por lo que pidieron que se frene la instalación de las máquinas hasta que se aclare.

La ampliación aprobada por la Legislatura permite a la Ciudad extender el sistema de parquímetros y acarreo a uno de cada cuatro espacios existentes a lo largo y a lo ancho del territorio porteño.

Los denunciantes argumentan que la medida no alcanzó la cantidad de votos necesarios según lo que ordena la ley, dado que fue votada a favor por 33 miembros de la Cámara y en contra por 21, pero para los demandantes se necesitaban 40 votos.

La presentación de Vera se respalda en el artículo 82 de la Constitución porteña, que establece que se requiere esa cantidad de votos cuando se "aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público, por más de cinco años".

Y es que para la extensión del estacionamiento medido se entregarán en concesión 10 predios públicos que alojarán las futuras playas de acarreo. Algunos de esos terrenos figuran catalogados como "urbanización parque", por lo que no pueden ser ocupados por automóviles.

El juez Ferrer admitió esta segunda objeción y, en consecuencia, frenó cautelarmente toda licitación y requirió que el gobierno porteño acredite el cumplimiento del procedimiento de doble lectura.

Y estableció por ello que, al menos durante tres meses, no se podrá avanzar con ningún proceso abierto.

 

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