Los altos mandos de Gendarmería Nacional decidieron iniciar acciones legales por la “difamación” que sufrieron por el caso Santiago Maldonado.

Los principales apuntados son algunos gremios, principalmente aquellos que concentran a los docentes, ya que según la mirada de la fuerza de seguridad, les imputaron a Gendarmería la responsabilidad por la desaparición del artesano en Chubut, a pesar de que la Justicia todavía no pudo recabar pruebas en ese sentido.

En la misma línea, en el Gobierno insisten que de comprobarse la culpabilidad de algún gendarme no dudarán en tomar todas las decisiones necesarias.

Sin embargo, mientras tanto buscarán limpiar la imagen de la fuerza. De hecho, el viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dudó en mostrarse junto al titular de Gendarmería, Gerardo Otero, al anunciar una “histórica” incautación de cocaína en Venado Tuerto, Santa Fe.

Es que Gendarmería no es una fuerza más para los intereses de Bullrich. Desde que asumió, fue en la que más se respaldó para llevar adelante sus planes.

Los operativos antidrogas, el desembarco de efectivos en ciudades con severos focos de inseguridad, o el comando especial antipiquetes, son algunos ejemplos para los que Bullrich buscó el auxilio en Gendarmería.

La Comisión de Comandantes Generales de la fueza, que nuclea a sus principales oficiales, expresó que “la pena y el dolor” con el que ven “la campaña que se ha desatado contra la institución”.

Y se analizó que hay “una acción organizada con redes en todo el país”. La información que se transmitió ahí es que Gendarmería “investigó internamente a fondo sin encontrar nada”.