El Gobierno comenzó a tomar medidas para contener la repercusión del conflicto mapuche en los organismos internacionales y evitar que los reclamos erosionen la imagen de la Argentina. Con ese objetivo, el embajador argentino Marcelo Cima recibió el miércoles pasado en Suiza, a los integrantes de la Misión Mapuche y de la Comisión Mapuche de Derechos Humanos (CMDH) ante la ONU, Domingo Paine, Marianne Paine y Reynaldo Mariqueo.

La reunión tuvo lugar en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realiza del 11 al 29 de septiembre en Ginebra. Allí los indígenas intensificaron la semana pasada las denuncias contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por una "campaña de demonización" contra su comunidad y vincularon el caso Maldonado con sus propios "desaparecidos" en democracia.

Según pudo saber iProfesional, el encuentro con el grupo mapuche fue propiciado por Cima, representante de la misión permanente de Argentina ante los organismos internacionales en Ginebra (ONU, OIT, OMS, entre otros) y uno de los nombres que sonaba hasta hace poco para ocupar el sillón que dejó vacante Martín Lousteau en la embajada de Washington.

"La delegación mapuche le expresó (al embajador argentino) su profunda preocupación por los continuos allanamientos de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cuchsamen y de otras comunidades mapuche en Puelmapu", informó en un comunicado la Comisión Mapuche ante la ONU.

Los referentes indígenas señalaron que el diálogo fue "franco y constructivo" y que el embajador argentino se mostró comprensivo y dispuesto a trasmitir lo conversado a Cancillería argentina. En tanto, fuentes del Gobierno señalaron a este medio que "el embajador informó por cable de la reunión y tomó nota de los reclamos".

La cita fue reseñada en el documento titulado "Argentina y Chile estigmatizan organizaciones y comunidades mapuche", elaborado por los representantes de la CMDH, que se reunieron el 18 y 19 de septiembre pasado en Naciones Unidas.

Además de escuchar los reclamos mapuche, el parlamento internacional se convirtió en la caja de resonancia de las denuncias de organismos de DDHH y de los familiares de Maldonado, enfocados ahora en la movilización que preparan para el 1 de octubre a las 15. La investigación sobre la desaparición del joven artesano generó roces en el Gobierno, los que en las últimas horas llevaron a las autoridades a suspender la llegada al país de una misión de la ONU para colaborar en la búsqueda del tatuador.La visita de expertos no es bien vista por un ala de los funcionarios, que creen que perjudicaría la imagen internacional del país, aunque no rechazan la posibilidad de aceptar un "observador internacional". Entre otros motivos, porque el grupo de especialistas intervino en la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que según el Gobierno es totalmente diferente al de Maldonado.

Pese a los esfuerzos oficiales por separar los tantos, la Asamblea de Mexicanos en Argentina realizará este martes actividades para conmemorar el tercer aniversario de Ayotzinapa, en el que se esperan banderas con el retrato de Santiago. La agenda incluye un acto a las 13 en el Obelisco, una ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una charla a las 18 en la fábrica recuperada IMPA con Nora Cortiñas, una de las principales oradoras en la última marcha convocada por los familiares del joven desaparecido en Chubut.

Neonazis, tierras en disputa y "desaparecidos"

El último documento de la comisión indígena denuncia el estado "deplorable" de los presos políticos mapuche en Chile y responsabilizó a Bullrich por haber asegurado que grupos mapuche son financiados por organizaciones no gubernamentales con sede en Bristol, Inglaterra. Por ese motivo, tal como lo adelantó iProfesional hace dos semanas, los diplomáticos mapuche ya mantuvieron una reunión con el agregado de Argentina en Londres.

"En Argentina los mapuche son objeto de una campaña de demonización encabezada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros voceros públicos. Las declaraciones de la ministra del 9 de agosto de 2017 en MDZ muestran una perfecta sintonía con los rumores injuriosos lanzados por grupos racistas y neonazis que se esconden bajo un falso nacionalismo", reza el comunicado.

La delegación con representación en la ONU también se refirió al conflicto por la tierra, que esta semana tendrá un capítulo clave en el Senado. El Gobierno finalmente apoyará el miércoles la prórroga de la Ley de Propiedad Comunitaria (26.160), pero intentará acotar su plazo a entre uno o dos años, en una jornada en la que las comunidades del país se movilizarán para abrazar el Congreso.

"Dice la ministra que existe una ley para otorgar tierras a los mapuches pero ¿se está aplicando realmente esta ley? ¿Está realmente entregando tierras a las mapuches? La respuesta es claramente: NO", advierten en el escrito.

La normativa dispone la ejecución de un relevamiento de tierras y suspende desde hace 11 años los desalojos de 1.500 comunidades en todo el país. Según los datos de Amnistía Internacional, del total de pueblos registrados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solo fueron relevados 459, pero ninguno cuenta con título de propiedad. Así, un 70% de las comunidades están excluidas por ahora del censo.

Con todo, el punto más sensible del documento es la compilación de casos de torturas, desapariciones y asesinatos de miembros de la comunidad mapuche ocurridos entre 1995 y 2017, a manos de fuerzas policiales e individuos no identificados, "todos ellos relacionados con la disputa territorial, la confiscación de territorios y las acciones comerciales de mineras, petroleras y latifundistas".

"Antes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ya habían desaparecido un número indeterminado de mapuches en el Puelmpau, con responsabilidad directa o indirectamente de Gendarmería", afirman. Y denuncian que, pese a las denuncias de testigos, "la mayoría de estos casos siguen sin resolverse y el acceso de las víctimas a la Justicia le sigue siendo negada".

Entre las víctimas mapuche mencionan a Ivan Eladio Torres (2003), Luciano Gonzalez (2009), Julián Antillanca (2010) y su esposa Corina Hermosilla (1993), Alfredo Cárdenas (1995), Raymundo Pino (2011), y Genaro Calfullanca junto con su hijo Cristian Calfullanca (2013). El dato llamativo es que, según la denuncia, todos los casos ocurrieron en Chubut, donde desapareció Maldonado el 1 de agosto, cuando la gendarmería reprimió a la comunidad de Pu Lof, en Resistencia de Cushamen.

Por último, la comisión mapuche exige en su escrito la investigación de las denuncias y la sanción de los culpables. "Encubrir los crímenes no ayuda a crear un clima de reconciliación ni con los pueblos indígenas ni con tantos argentinos que sufrieron la desaparición de sus queridos en tiempos de las deshonrosas dictaduras vividas por nuestros pueblos", advierte.

En lo que va del año los mapuche ya presentaron tres denuncias en Naciones Unidas contra el Estado argentino por persecución política, los desalojos y la venta de sus tierras a multinacionales.

Asimismo, el 19 de septiembre pasado, el colombiano David Ricardo López, de la Asociación Americana de Juristas, repasó los antecedentes del caso Maldonado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y reconoció el derecho de los mapuche a "recuperar su tierra ancestral" en la Patagonia, incluida la comunidad Pu Lof de Cushamen, territorio disputado con la compañía del Tierras del Sur, del empresario textil Luciano Benetton.