Este miércoles, el Senado aprobó en el recinto los tres proyectos que trató en comisión.

Dos de ellos fueron por unanimidad: la prórroga de la ley que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias y la iniciativa sobre Responsabilidad Empresaria, que pena a las personas jurídicas que participen en hechos de corrupción. 

Los dos textos volverán a Diputados para su sanción definitiva. Además, sancionó la vuelta de los feriados puente, eliminados por un decreto presidencial y reclamados por las provincias que viven del turismo.

Pueblos originariosEl Senado aprobó el proyecto con 62 votos a favor para prorrogar los efectos de la ley 26.160, que ahora será girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Durante el debate, el oficialismo aseguró que el Gobierno "está en condiciones de terminar el relevamiento catastral" de esas tierras "en dos años y medio".

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, había defendido en la previa la decisión del Gobierno de oponerse a la prórroga de la ley.

"Se debe buscar respetar los derechos de las comunidades indígenas de verdad, que existen, y que efectivamente ocupan territorios autorizados por la Constitución y tratados internacionales", expresó Pinedo, en la previa del "supermiércoles".

Además, pidió "respetar la democracia y el estado de derecho" y se refirió a la situación del detenido líder de Resistencia Ancentral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala.

"Jones Huala dice no reconoce al Estado argentino, ni al estado de derecho, ni a la democracia y cree estar por encima de todo. Hasta ahí no se puede llegar", expresó al respecto.

La ley 26.160 que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta el final del relevamiento catastral vence el próximo 23 de noviembre.

"La decisión del Gobierno es resolver definitivamente el tema de las comunidades indígenas, darlas los títulos de propiedad comunitaria a quienes corresponda, no seguir teniéndolos como rehenes políticos", indicó Pinedo.

"Debemos establecer que sus derechos sean sus derechos y que el resto de la comunidad argentina tenga seguridad de que no habrá grupos que no son comunidades indígenas y que se dedican a apropiarse de territorio ajeno", agregó.

Responsabilidad empresaria El otro gran tema de este miércoles un régimen penal especial para las personas jurídicas que cometan delitos de corrupción, pero lo devolverá con cambios a la Cámara de Diputados.

La iniciativa, aprobada en general con 65 votos a favor y ninguno en contra, fue impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada con cambios por la Cámara baja en julio pasado, pero el Senado introdujo nuevas modificaciones, por lo que fue enviada nuevamente a Diputados para su sanción definitiva.

El proyecto establece que las empresas podrán contar con un Programa de Integridad para prevenir a su personal de incurrir en delitos de corrupción, pero además la existencia de ese espacio será obligatoria para contratar con el Estado y funcionará como atenuante en caso de una condena contra la compañía.

Así, la norma contempla los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.

Además, el Senado eliminó la cláusula que había introducido la Cámara de Diputados para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción y estableció que la acción penal contra las personas jurídicas prescribe a los seis años de la comisión del delito.

Las empresas serán responsables cuando los delitos "hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio" y quedarán exentas "sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno" para la compañía.

Si la persona que intervino en el delito no puede ser identificada, la persona jurídica podrá ser condenada de todas formas, siempre que la Justicia concluya que el delito no podría haber sido cometido sin su tolerancia.

Entre las penas que correrán para las empresas figuran: una multa de dos a cinco veces el monto del "beneficio indebido obtenido"; la suspensión de actividades por un plazo no mayor a diez años y la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales por no más de diez años.

En caso de que la empresa haya sido creada únicamente a los efectos de la comisión del delito o si ese acto fuera su principal actividad, la Justicia deberá ordenar la disolución y liquidación total de la personería.

Asimismo, la empresa solamente será eximida de pena cuando denuncie espontáneamente un delito tras una investigación interna, cuente con un Programa de Integridad y devuelva el beneficio del ilícito, simultáneamente.

El proyecto también señala que la persona jurídica podrá celebrar con el Ministerio Público Fiscal un acuerdo de colaboración eficaz para revelar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores.

Para celebrar ese acuerdo la empresa deberá cumplir con varias condiciones, como pagar una multa, restituir las cosas o ganancias producto del delito y abandonar en favor del Estado los bienes que resultarían decomisados su fuera condenada.

Los Programas de Integridad que las empresas estarán obligadas a conformar en caso de que se apruebe la ley deberán contener un código de ética, reglas y procedimientos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y licitaciones, capacitaciones y análisis periódicos de riesgos.

Fines de semana XLEn un trámite exprés, el Cámara baja sancionó la ley que restablece los feriados puente, luego de que fueran eliminados por el Gobierno este año mediante un decreto.

El proyecto, impulsado por el diputado nacional por Misiones Maurice Closs, fue aprobado en la Cámara baja con un amplio consenso que se reflejó en la votación, con 152 votos a favor y 1 en contra. En Senadores  fue aprobada con 59 votos a favor y una abstención por parte del santafesino Omar Perotti (PJ-FPV),

Los feriados puente habían sido eliminados en enero pasado por el decreto 52/2017 del presidente Mauricio Macri, pero en la última sesión de la Cámara de Diputados el oficialismo apoyó la iniciativa que propone el establecimiento de hasta tres feriados de ese tipo.

El proyecto mantiene la misma estructura de feriados inamovibles y trasladables pero agrega que el Poder Ejecutivo podrá fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables que coincidan con los días lunes o viernes, con el fin de "promover la actividad turística".

Según la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá establecer esos feriados con 50 días de antelación a la finalización del año calendario.

Este martes la Comisión de Legislación General del Senado abordó el tema y, a pesar de no haber tenido quórum, los legisladores presentes expresaron su respaldo al proyecto y anunciaron que sería aprobado este miércoles.

En ese marco, la entrerriana Sigrid Kunath (PJ-FPV) hael "beneficio económico a quienes se dedican al turismo" que representaría la vuelta de los fines de semana largos, algo en lo que coincidieron todos los presentes.

 Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, Closs explicó que la intención del proyecto es "volver a un sistema flexible" para "recuperar la posibilidad de tener más feriados que fomenten la actividad del turismo".

El diputado misionero puso como ejemplo que este año, el 25 de mayo y el 20 de junio (ambos feriados inamovibles) cayeron jueves y martes, respectivamente, y que con el nuevo esquema esos casos se complementarían con puentes lunes y viernes.

"Todos sabemos que en turismo, pasar los meses de mayo y junio es muy difícil", apuntó Closs, tras lo cual mencionó que el año próximo el 1º de mayo (Día del Trabajador) caerá martes, por lo que el Ejecutivo podría hacer que el 30 de abril sea feriado, para tener un fin de semana largo.

El kirchnerismo había pedido establecer los feriados puente como obligatorios, pero la idea de Closs, según dijo, fue apelar "a la buena voluntad del Gobierno nacional en que año a año, con el sector del turismo, pueda generar estos fines de semana largos".