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El Gobierno crea un equipo para investigar un millonario contrato de Odebrecht con Cammesa durante el kirchnerismo

13-10-2017 A través de una resolución del Ministerio de Energía, se decidió auditar el acuerdo del grupo brasileño con la administradora del mercado mayorista eléctrico. Según las denuncias, hubo irregularidades en los pagos al Estado y posibles desvíos de fondos
Por Andrés Sanguinetti
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A través del Ministerio de Energía, el Gobierno inició una investigación contra la filial local de Odebrecht.

La cartera que dirige Juan José Aranguren acaba de crear un equipo de trabajo para auditar un contrato que el grupo brasileño firmó con el anterior gobierno kirchnerista para ampliar la capacidad de transporte firme de gas entre los años 2006 y 2008.

A través de la Resolución 387 E, se conformó este grupo de trabajo para investigar el convenio de construcción que Odebrecht selló con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa).

El equipo será asistido por la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación y estará liderado por un miembro de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos.

Y estará integrado por representantes de la Secretaría de Energía Eléctrica, la Subsecretaría de Infraestructura Energética, de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa y de la Unidad de Auditoría Interna. También se invitó a los dos organismos que auditarán el trabajo a designar dos miembros en el equipo.

Según la resolución "el equipo de trabajo, por intermedio de su coordinador, requerirá la información que considere necesaria para el cumplimiento de su objeto al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a Nación Fideicomisos S.A. y a Cammesa sobre los aspectos referidos a su respectiva actuación en relación con el contrato".

El equipo deberá confeccionar su plan de trabajo, delimitando el campo de actuación; verificar la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se detecten.

También tendrá que chequear la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales e investigar la regularidad de los certificados pendientes de pago.

Con todos estos datos deberá confeccionar un documento que será enviado a Energía con el detalle de los avances en el plan de trabajo y un reporte final en el que se exponga el resultado del relevamiento y revisión del contrato.

La intención es buscar supuestas desviaciones y evidencias de actos ilegales que se podrían haber cometido en el contrato que en su momento fue firmado por el entonces Ministerio de Planificación Federal, que dirigía Julio De Vido.

El contrato fue legalizado por el Decreto Nº 180 el 13 de febrero de 2004 y creó el Fondo Fiduciario para atender inversiones en transporte y distribución de gas.

Este programa estaba destinado al tendido de 2000 kilómetros de ductos y a la construcción de una veintena de plantas compresoras.

Y se habrían detectado la aplicación de sobreprecios en las obras que, a juicio de los denunciantes, rozarían el 400 por ciento.

Según los supuestos originales, en 8 años se iba a poder recaudar el equivalente a unos u$s2.300 millones, un monto suficiente para soportar económicamente todo el ambicioso emprendimiento.

El dinero debía ser aportado por las licenciatarias de esos servicios como patrimonio de afectación específico del sistema de gas y cuyo objeto exclusivo era la financiación de obras de expansión.

Ese convenio creó además un Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación en Fideicomisos Financieros.

Se organizaron concursos abiertos con Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) para la ampliación de capacidad de transporte firme. Y el fideicomiso proveyó el financiamiento para la provisión de bienes y la construcción de las obras de las ampliaciones.

Tras una convocatoria a empresas constructoras, Cammesa terminó eligiendo a Constructora Norberto Odebrecht, con la que comenzó a negociar los términos y las condiciones del respectivo contrato de obra. El grupo brasileño obtuvo el financiamiento del Bandes de Brasil para el desarrollo de las obras.

Pero, luego de los resultados de las investigaciones iniciadas en Brasil en el marco del caso de corrupción conocido como Lava Jato, más que nada en la justicia de Estados Unidos, surgió que el grupo habría actuado de manera ilícita en Argentina durante el período 2007 a 2014, con el fin de asegurarse la celebración de contratos con el Estado Nacional.

En este marco, el año pasado se radicó una denuncia penal por presuntas irregularidades detectadas por los auditores internos del contrato con base en informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además se suspendió la ejecución de las obras a efectos de realizar un análisis integral de lo actuado y una reevaluación de las obras en cuestión y de los contratos vinculados. Y se rescindió el convenio con Odebrecht y se transfirió al ente a cargo del fideicomiso todos los activos, documentación e información de dichas obras.

Luego se llevó a cabo una rendición de cuentas final del contrato y la Procuración del Tesoro de la Nación (PIN) solicitó la remisión de "todos los expedientes en los cuales se instrumentó la relación contractual objeto del dictado de la resolución.

También requirió todos los informes o documentación relacionada a cualquier operación o acto relacionado con la mencionada empresa y sus vinculadas.

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