"Acá nunca hubo originarios y jamás tuvimos un reclamo de tierras desde que yo tengo memoria. Ahora resulta que quienes fueron mis compañeros de escuela, los vecinos del almacén, son ‘lonkos' -jefe de comunidad, en idioma mapudungún- o ‘werken' -vocero-. Ayer nos dábamos un abrazo en cualquier baile campero, vestidos como cualquiera. Hoy, en cuanto aparece una cámara, se me plantan con la vincha y la bandera. La respuesta a semejante cambio es una sola: la riqueza de Vaca Muerta".

Las palabras, desbordantes en pirotecnia, pertenecen a Darío Díaz, intendente de Añelo, en la provincia de Neuquén, y vienen a reflejar cuál es la posición tomada por el arco político del pueblo que se levanta sobre uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales a nivel mundial.

Desde la estatización de YPF en abril de 2012 a estos días, esa zona de la Patagonia se ha transformado en otro escenario caliente de un reclamo territorial que, a excepción de quienes impulsan el pedido de lotes, es observado por el grueso de los actores políticos y empresariales como una maniobra con fines económicos.

En torno a Añelo, pueblo cuya población se duplicó en 6 años por efecto de la bonanza derivada del masivo desembarco de petroleras atraídas el shale, proliferan hoy unas 5 comunidades mapuches extendidas sobre áreas clave en lo que hace a disponibilidad de petróleo y gas.

Lo particular de estos asentamientos radica en que, siempre de acuerdo a Díaz, 3 de estas comunidades comenzaron a delinearse a partir de la expansión de las operaciones de YPF, Shell, Chevron y otras tantas compañías en el área.

Así, mientras que Kaxipayiñ y Paynemil tienen un reconocimiento legal y un funcionamiento ya consolidado en el tiempo, Campo Maripe y Fvta Xayen -dividida en dos grupos- acumulan una historia que no alcanza al lustro.

Fvta Xayen comprende los parajes "Los Pilares" y "Tratayén". Este último empezó a estar en boca de todo Añelo a partir de junio a raíz de la toma, por parte de un grupo de mapuches, de sendos lotes productivos propiedad de las familias Paredes y Galván.

En el caso del primero, la comunidad se hizo con el control de 20 hectáreas destinadas al pastoreo. Galván sufrió un perjuicio mayor: perdió 1.000 hectáreas, buena parte de ellas orientadas a la producción de manzanas y peras.

A estos dos apellidos hay que sumarle el caso de Alberto Gutiérrez, un chacarero que también en junio denunció el cambio de candados en su propiedad.

"Apareció esta gente, que fueron siempre vecinos de la chacra, diciendo que ellos son una comunidad mapuche que reclama las tierras que le pertenecen. Y le dijeron a mi señora que se retire", declaró el mismo Gutiérrez, quien desde entonces no ha podido ingresar a su lote de 20 hectáreas ubicado en cercanías de Añelo. El productor sostiene hasta hoy que la acción fue promovida por Fvta Xayen.

Díaz, jefe comunal de Añelo, sostiene que estas situaciones no hacen más que reflejar una tensión que se agudizará en tanto se profundice la extracción de no convencionales. A los ojos del intendente, lo que ocurre hoy en esa zona de la Patagonia guarda relación directa con los beneficios económicos obtenidos por Kaxipayiñ y Paynemil, las dos comunidades reconocidas por el gobierno provincial.

Aunque con importantes diferencias en el trato con las petroleras, ambos asentamientos obtienen regalías anuales derivadas del derecho de servidumbre, esto es, un permiso que abonan las compañías por instalar equipamiento en esos territorios.

Fuentes vinculadas a la estatal YPF aseguraron a este medio que, sólo por ese concepto, Kaxipayiñ se hizo el año pasado con $50 millones.

Reclamo renovado

"Hasta que se inició Vaca Muerta, los trabajos se hacían sobre tierras fiscales que no reclamaba nadie. Con permiso del Estado provincial la empresa se instalaba y operaba sin complicaciones. Se trataba de tierras sin dueño privado. En cuanto se confirmó el acuerdo con Chevron, aparecieron distintas familias y rápidamente armaron Campo Maripe. Y con líderes como Gabriel Cherqui, ‘lonko' de Kaxipayiñ, hubo que negociar a partir de aprietes", sostuvieron a iProfesional desde el entorno de la estatal.

Tanto desde el municipio de Añelo como en el ámbito petrolero, la idea que se impone es que aspectos como el pago de servidumbre tallan al momento de entender un reclamo territorial ausente hasta hace menos de una década.

"En tanto toda la zona es rica en hidrocarburos, lo que se dará es una expansión de las tomas de tierras para acaparar más servidumbre. Y también el corrimiento de las comunidades ya establecidas, que si no son controladas procurarán hacerse con más territorios para mantener el flujo de regalías dado que los pozos sobre los que ya están en algún momento dejarán de producir", confió a iProfesional un experto de la industria hidrocarburífera, en estricto off the record.

En esa ecuación ingresa el ya mencionado Gabriel Cherqui, quien es visto por las petroleras como un líder que incita la toma de tierras. Ante la consulta de iProfesional, un alto directivo de una compañía europea lo definió como "un agitador que alienta la aparición de organizaciones mapuches incluso en zonas donde no está probado que haya vivido ese pueblo".

Desde el entorno de YPF, la apreciación es similar. "Es un empresario que presiona a las petroleras para que contraten sus servicios, tiene un entramado de negocios atado a lo que hacen las compañías que hacen extracción. Todas las complicaciones que surgieron en torno a la operación en Loma La Lata tuvieron un punto de partida en el accionar de Cherqui y su gente", aseguró una fuente.

El dirigente mapuche estuvo en boca de toda la industria petrolera doméstica en la primera parte del año cuando trabó 14 nuevas perforaciones de YPF en el yacimiento Loma La Lata, activo clave en lo que hace a producción de gas en la Argentina. El conflicto, otra vez, fue de índole económico.

Según pudo saber iProfesional, Cherqui exigió tres veces más de lo usual para habilitar estas operaciones en la zona. Durante 2016, la comunidad en cuestión percibió $1,4 millones por cada pozo nuevo.

En la actualidad, YPF mantiene abierta una mesa de diálogo con el fin de destrabar el proyecto.

"Se trata de una convocatoria impulsada por el gobierno de la provincia de Neuquén. No se negocia la cuestión de la servidumbre, porque ahí la empresa abona lo que fija la ley, si no ciertos adicionales que pretende cobrar la comunidad. La intención es institucionalizar un pedido de pagos que no se corresponden con lo que exige la ley vigente", explicó a este medio una fuente vinculada a la petrolera.

La disputa con Kaxipayiñ no es la única a la que ha tenido que hacer frente la estatal desde que Vaca Muerta se consolidó como un área de relevancia mundial.

Así, ya en 2015 la comunidad Paynemil obstaculizó los movimientos de la estatal previo exigir a la gobernación neuquina la entrega de unas 5.000 hectáreas de tierras fiscales. La superficie en cuestión alojaba en sus entrañas unos 170 pozos que poco a poco fueron puestos en explotación.

"Boom mapuche" En clara oposición a lo que viene ocurriendo con el reclamo mapuche, Darío Díaz sostuvo que tal como viene evolucionando la explotación en Vaca Muerta la "aparición de comunidades se volverá una constante".

"Para sorpresa de los vecinos, estamos viviendo una especie de 'boom' mapuche, con comunidades que si no aparecieron ahora comenzarán a hacerse visibles de un momento a otro. Hablo de grupos que nunca reclamaron nada si no hasta hace tres o cuatro años. Y los reclamos de territorio siempre comprenden, vaya casualidad, los sitios donde más se está activando la explotación no convencional", disparó.

El intendente de Añelo argumentó que la presencia de los mapuches en la zona siempre se ajustó al vecino departamento de Confluencia. Por ende, siempre desde la perspectiva del mandatario comunal, la creación de asentamientos en su distrito no guarda correlación con la historia de la etnia en ese punto patagónico.

"Las comunidades conocidas siempre estuvieron en Confluencia. Ahora resulta que tenemos grupos en Loma Campana, en El Orejano, justo en todas las zonas donde se expandió la actividad de las petroleras. Siempre entendí el reclamo, pero en cuanto tomé conciencia de que había un interés económico impulsado por personas que nunca antes se reconocieron mapuches, bueno, ahí dejé de acompañar las pretensiones territoriales", dijo.

Este medio procuró comunicarse con representantes de la Confederación Mapuche de Neuquén para sumar otra visión respecto de esto que ocurre en Neuquén. Pero, lamentablemente, ninguno de sus voceros accedió a dialogar con iProfesional.

Además de YPF, expuso Díaz, Shell es otra de las compañías que más viene sufriendo complicaciones al momento de realizar su tarea extractiva. "Hay una tendencia a instalar comunidades justo en las zonas donde se confirma que a futuro operará tal o cual empresa. El plan de estos grupos es abarcar cada vez más territorios", expresó.

Con relación a la polémica en torno al reclamo de los originarios, vale decir que Neuquén cuenta con una normativa de las más actualizadas respecto de la exigencia de derechos por parte de estos pueblos.

Tras la reforma de 2005, el marco constitucional que rige en la provincia establece lo siguiente en su artículo 53: "La Provincia reconocerá la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos".

En 2005, la vigencia de este marco le permitió a la comunidad de Campo Maripe asumir el control de distintos lotes cerca de Añelo. La constitución provincial fija además que, para ser avalado como mapuche, un asentamiento sólo debe exponer pautas de autodeterminación además de sortear distintos análisis genealógicos.

En ese momento, Díaz se mostró en contra de la decisión legal alegando que conocía a todas las familias que pasaron a integrar la naciente comunidad y que ninguna de ellas había dado muestras de pertenencia mapuche si no hasta que se comprobó la existencia de no convencionales en los terrenos exigidos.

"De pronto el sitio que conocíamos como Bajada del Colectivo Quemado pasó a llamarse Campo Maripe. Lo mismo para el punto al que siempre llamamos La Calera. En cuestión de años brotaron las vinchas, los ponchos. Si esto se sigue permitiendo, quién sabe hasta dónde llegará el avance sobre las tierras petroleras. Hay que discutir un freno", concluyó Díaz.

Convulsionada como nunca antes en décadas, la Patagonia asoma cada vez más como el epicentro de choques y cruces por aspectos atados al renovado interés por la riqueza de la región.

En ese marco, Vaca Muerta va camino a consolidarse como el escenario de una disputa sumamente emparentada con el dominio de activos económicos estratégicos. La tensión en ascenso invita a pensar que, a la par de otras variables, la conflictividad es un factor que se volverá permanente en una explotación con potencial para hacer de la Argentina una de las potencias energéticas del futuro.