Las multinacionales radicadas en Suiza, conocida por su secreto fiscal, comenzarán el año próximo a elaborar informes detallando en qué países generan beneficios y tributan impuestos.

Esta información será intercambiada con otros estados a partir de 2020, por decisión del Consejo Federal Helvético que gobierna al país europeo.

La medida obligará a unas 200 multinacionales a transparentar su estructura financiera, a fin de luchar contra la fuga de dividendos y la elusión impositiva. Se trata de empresas con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros.

Con esta iniciativa, Suiza, país que no integra la Unión Europea ni pertenece a la zona Euro, se suma a las acciones contra la evasión fiscal que llevan adelante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 (países desarrollados y emergentes), a partir del programa sobre la Erosión de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).

En tanto, la Ley de Intercambio Automático de Informes entre Estados (ALBA, por sus siglas en Alemán) contempla un listado de 101 países (entre ellos, la Argentina), con quienes la nación helvética compartirá información en forma recíproca.

Los informes se intercambiarán entre los respectivos gobiernos en forma automática una vez por año, pero deberán permanecer confidenciales,para uso exclusivamente fiscal y no podrán divulgarse, como pretendía la Unión Europea.

En tanto, el parlamento suizo redujo las penalidades a las empresas en el caso de incumplimientos. En el proyecto original, la multa por datos falsos o incompletos proporcionados de forma no premeditada por las multinacionales ascendía hasta 86.600 euros, pero el parlamento dispuso que sólo se cobre esa penalidad en el caso de falsificación premeditada de la información.

Según la organización internacional Tax Justice Network, Suiza gestiona, a través de sus 266 bancos, el 25 % del patrimonio extranjero global. Históricamente, la nación alpina sólo proporcionaba información bancaria a petición de otro país con el que había firmado un acuerdo para evitar la doble imposición. Además, la nación solicitante debía presentar pruebas de evasión fiscal, y los datos no podían basarse información "robada" (como fue el caso de los Swiss Leaks referidos a la sucursal Ginebra del HSBC).

A fines de 2016, Argentina y la nación helvética firmaron una declaración conjunta para el intercambio automático de información tributaria desde 2018. La misma incluyó el compromiso de secreto fiscal, y un memorando de entendimiento respecto a la interpretación del convenio para evitar la doble imposición.