Sebastián Galiani (en la foto), viceministro de Hacienda, fue el encargado de llevar adelante el proyecto de reforma tributaria prácticamente desde que asumió en su función a principios de 2017.

"La reforma es proinversión y proempleo, todas las medidas tienen ese objetivo. Pero además la evasión bajará en forma sustancial, pensamos que caerá a niveles mínimos de acá a cinco años porque no tendrá sentido trabajar o producir fuera de la ley", aseguró en diálogo con Infobae.

-¿No es demasiado poco proponer una rebaja de 1,5% del PBI en términos de presión tributaria en el plazo de cinco años a través de la reforma impositiva?

-En realidad, el concepto de carga impositiva no es tan trascendente. Lo que sí hay que mirar es la evolución del gasto en relación al Producto. El kirchnerismo dejó un nivel récord de 42,2% del PBI.

Ése es el nivel que hay que financiar, ya sea con impuestos o con deuda. La buena noticia es que el gasto dejó de crecer el año pasado y este año terminaremos en 40% del Producto, la primera caída en términos reales desde hace muchísimos años. En el tercer trimestre, por ejemplo, el gasto creció al 17% interanual y el último trimestre aumentará aún menos.

-¿Por qué se decidió aplicar finalmente el impuesto a la renta financiera y qué impacto puede tener sobre las tasas de interés?

-Básicamente porque es un impuesto que existe en todos los países, no tenía sentido que no se aplique en la Argentina. No es verdad que va en contra de la expansión del sistema financiero.

En Chile se aplica hace muchos años y el crédito no paró de crecer. Además pensamos que no debería tener un impacto significativo sobre las tasas ni la capacidad de financiamiento del Estado.

Calculemos que este gravamen va a recaudar unos 20.000 millones de pesos el primer año, pero tiene mucho potencial porque estamos convencidos que el sistema financiero crecerá mucho en los próximos años. Se gravará a quienes obtengan una renta de más de 52.000 pesos por año. Pero además en una reforma que busca promover la inversión, es lógica gravar la rentabilidad que se obtiene por instrumentos financieros.

 El impuesto a la renta financiera recaudará sólo 20.000 millones de pesos el primer año. Pero el potencial es muy grande porque esperamos un gran crecimiento del sistema financiero.

-¿Cuál es el impacto que esperan de los cambios implementados en aportes patronales?

-El mayor impacto será sobre los salarios más bajos, hasta 12.000 pesos, que tendrán 0% de carga una vez que la reforma impacte a pleno. Lo que se busca es favorecer la contratación de trabajadores menos calificados, que son los que más problemas tendrán para conseguir empleo en una economía que se volverá más competitiva.

Al mismo tiempo la medida debería ayudar a reducir la informalidad laboral, porque no tendrá sentido exponerse a tener gente trabajando en negro, que en general son personas de menor nivel salarial. También hay una reducción de cargas para el resto de las escalas porque se aplica el mínimo no imponible de 12.000 pesos. Por eso decimos que es una reforma proempleo.

-¿Por qué proponen el cambio en el esquema de movilidad jubilatoria?

– El sistema actual es inviable. Lo definió el kirchnerismo porque no se podía ajustar la jubilación por la inflación al no existir un índice creíble. Pero si el aumento jubilatorio depende de la recaudación previsional, entonces los haberes deberían crecer casi 10 puntos más que la inflación.

Pero además que esto es imposible de afrontar, en el futuro tampoco puede funcionar así porque habrá mucho más jubilados y no alcanzará esa recaudación para pagar, entonces se verán perjudicados. Para ir a un esquema sostenible se propone un ajuste trimestral de acuerdo a la variación de la inflación, que ahora sí se mide bien.

-¿Las provincias están en condiciones de hacer frente a la baja de impuestos como Ingresos Brutos que ustedes proponen?

-Hoy el déficit primario provincial es de 0,5% del PBI. Pero como la Nación aumenta la masa coparticipable que gira año a año por el juicio que ganaron en la Corte Suprema, las cuentas públicas se equilibrarán. Nuestro cálculo es que acumularán un superávit fiscal de 3% del PBI para el 2021. Y el objetivo es que en vez de seguir acumulando lo devuelvan a través de la baja impositiva.

-¿Cuál es la lógica detrás de los cambios en Impuestos Internos?

-Todos los impuestos generan diferencias a favor de unos bienes o de otros. Y en este caso esto es todavía más marcado. La definición que dio origen a este tributo es gravar el consumo suntuario. En ese sentido, la definición es que un celular no es un bien de lujo. Lo mismo sucede con un producto electrónico o con un auto de gama media.

En esos casos el impuesto se terminará eliminando. Y optamos por gravar otros bienes que generan lo que en economía se consideran externalidades negativas. Las gaseosas azucaradas, por ejemplo, generan obesidad y mayores gastos en salud. Y lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas, cuyo consumo en exceso genera más accidentes.

 “Es ridículo que las aguas estén gravadas con un 4% de impuestos internos y el vino con 0%. Este sector recibirá los beneficios de otras medidas, como la reducción de aportes patronales, siendo que es una industria mano de obra intensiva.

-Llamó la atención que se incluya el vino con un 10% de impuesto interno, siendo un producto emblemático de la Argentina…

– Es que el sistema había acumulado distorsiones insólitas. Por ejemplo, que se aplique un impuesto interno de 4% sobre la venta de aguas, por lo que decidimos eliminarlo. Y en el caso del vino, por un lado está la aplicación de este gravamen pero se trata de una industria que tiene un 70% de los costos explicados por la fuerza laboral. Como estamos bajando aportes patronales y otros gravámenes como Ganancias no tendrán en realidad un aumento de la carga impositiva.

-¿Qué piensan que sucederá con los cambios en Ganancias?

-El objetivo, está claro, es apuntar a que las empresas tengan incentivo a la reinversión. Y esto vale tanto para las empresas extranjeras como para las nacionales. Vamos a un esquema parecido al que existe en casi todos los países del mundo, con un gravamen más bajo, primero pasa del 35% al 30% y luego de tres años al 25%. Y al mismo tiempo se grava la distribución de dividendos al 10%, por lo que se busca premiar a las empresas que en vez de retirar las utilidades las apliquen para seguir incrementando la producción.