La reforma del Ministerio Público que impulsa el oficialismo volvió a trabarse en el Senado. Apenas minutos antes del horario convocado, se suspendió el tratamiento del proyecto de ley en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside Pedro Guastavino (PJ-FpV), donde no se llegó a un consenso suficiente para avanzar con la firma del dictamen.

La iniciativa -encabezada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque del PJ-FpV, Miguel Pichetto- comenzó a ser debatida la semana pasada con la presencia del ministro de Justicia, Germán Garavano, y numerosos invitados, en un encuentro donde asomaron disidencias dentro del propio peronismo y donde se escucharon sucesivas críticas.

El proyecto introduce cambios en las mayorías necesarias para designar y remover al futuro procurador. Para el nombramiento, se propone bajar de dos tercios de los votos a mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del Senado.

En tanto, para desplazar al jefe de los fiscales Cambiemos impulsa mayoría absoluta en ambas cámaras, eliminando el proceso de juicio político, donde se requieren mayorías agravadas para formular la acusación, primero, y luego para juzgar.

Otra novedad que incluye el proyecto es que además de la causal de mal desempeño para solicitar la remoción del procurador, se agregarán otras dos causales: crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa establece que el procurador dura en su función por cinco años con posibilidad de reelección por otros dos, por única vez, ya que hoy el cargo es vitalicio.

Otro de los puntos que fue criticado es que se disuelven las procuradurías especiales creadas durante la gestión de Alejandra Gils Carbó (Lesa Humanidad, Criminalidad Económica, Narcocriminalidad, Trata, Violencia Institucional, Género y Corrupción).

De todos modos, se indica que el procurador podrá crear unidades “cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran”.