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Voto electrónico, intervenciones y baja de gremios, el plan del Gobierno para domesticar al sindicalismo

05-12-2017 En pocos días habrá elecciones en el sindicato marítimo, cuyo líder está preso por corrupción. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, implementará un nuevo sistema y apunta a que sea replicado en otros comicios. Claro que no le será fácil. El fantasma del "Caballo" Suárez y la pelea con Moyano
Por Juan Manuel Barca
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La boleta única electrónica (BUE) y el cupo femenino serán la punta de lanza del Gobierno para producir una renovación de autoridades en el mundo gremial.

Por lo pronto, los funcionarios del Ministerio de Trabajo harán su primer ensayo en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) donde, entre el próximo 18 y 22 de diciembre, se celebrarán elecciones.

Por primera vez en 30 años, se harán sin la participación de su extitular Omar "Caballo" Suárez, preso por corrupción tras la intervención de su gremio, en febrero de 2016.

La idea de "limpiar" las estructuras gremiales forma parte del combate que relanzó Mauricio Macri contra la denominada "mafia sindical", tras salir fortalecido en las elecciones de octubre.

En línea con esa estrategia, la Justicia ya intervino ocho gremios y la cartera laboral, encabezada por Jorge Triaca, se prepara para dar de baja a más de 450, todo esto en el marco de la detención de dos sindicalistas reconocidos.

El último fue el líder bonaerense de la UOCRA, Juan Pablo "Pata" Medina, acusado de extorsionar empresarios y de formar parte de una asociación ilícita, delitos similares a los que se le imputan a Suárez.

Al igual que Raúl Alfonsín en su momento, por detrás de la intención de democratizar los gremios, el Gobierno desea domesticar a la dirigencia sindical, donde todavía encuentra resistencia a sus medidas.

Días atrás, Pablo Moyano encabezó una protesta masiva frente al Congreso que terminó de congelar la reforma laboral hasta nuevo aviso.

El mismo obstáculo enfrentan las autoridades del rubro aeronáutico, en el que se apunta a fijar una suba salarial del 16% que sirva de pauta para el 2018, y en el sector público, para recortar unos 35.000 puestos.

Luego de que la Justicia arrestara y procesara a dirigentes de Independiente cercanos al presidente de club, Hugo Moyano, la familia sindical más poderosa volverá a tener un rol protagónico en las elecciones del SOMU.

Su hijo, Pablo, acompaña a la Lista Verde 18 (el mismo color que el que utilizan los Camioneros), encabezada por Raúl Durdos.

Competirá con la Lista Celeste 20, liderada por Rubén Manno, de mejor llegada a la intervención comandada por el contador Sergio Torres -designado por la Justicia- y el delegado del Ministerio de Trabajo, Alfredo Bertonasco.

La Junta Electoral, presidida por Torres y un grupo de afiliados, oficializaron sólo estas dos listas de las seis que intentaron presentarse, a raíz de las irregularidades halladas.

Entre las principales anomalías, se observó que muchos candidatos no registraron cuota sindical en los últimos dos años. Este requisito, junto con el que fija un período mínimo de seis meses de aportes de afiliados, redujo el padrón en casi un 50%.

Concretamente, de 16.060 registrados previamente por la ex interventora Gladys Gonzalez -ahora senadora electa-, a apenas 8.161 trabajadores, que sí están en condiciones de votar.

Por lo pronto, la reconfiguración del sindicalismo no es tarea fácil para el Gobierno. El uso de la boleta electrónica es rechazada por la gran mayoría de la CGT. Hasta ahora, sólo el sindicato de porteros (Suterh), conducido por Victor Santa María, la implementó en la Ciudad.

En el caso del SOMU, hubo varias impugnaciones presentadas al Ministerio de Trabajo por considerar poco "transparente" el dispositivo que replica la tecnología utilizada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y que no está prevista en los estatutos del gremio.

En otro orden, las intervenciones a los sindicatos tampoco surtieron del todo el efecto buscado.

El titular de Canillitas, Omar Plaini, logró revertir recientemente en la Justicia la intromisión oficial en su gremio a raíz de una denuncia bajo el Gobierno de Cristina Kirchner por un supuesto fraude en su organización, cuando el dirigente se alineó con Hugo Moyano.

En tanto, la Unión de Personal de Seguridad (UPSRA) apeló del mismo modo ante los tribunales y ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver el litigio, mientras se mantiene la intervención.

El fantasma de Suárez
En la cartera laboral, el experimento electoral del SOMU despierta entusiasmo.

Lo ven como el puntapié inicial para extender la "transparencia" a otros gremios y modificar estructuras, en muchos casos subsumidas durante décadas bajo el férreo poder de la misma dirigencia, gracias a los propios estatutos y el aval de las autoridades.

Ese fue el caso del conducido por Suárez, quien fuera el sindicalista favorito de Cristina Kirchner.

"Lo que se busca es la renovación de la dirigencia sindical, y el resultado de esta elección va a marcar una tendencia a futuro para otros casos", aseguró a iProfesional Bertonasco.

A diferencia del voto electrónico, el sistema BUE no guarda la información en una computadora. La máquina sólo imprime el voto que luego deberá ser depositado en la urna, sin necesidad de recurrir a un cuarto oscuro.

Ese mecanismo se utilizará en 20 ciudades en las sedes del sindicato marítimo, con excepción de Corrientes, Rosario y Puerto Madryn, donde los afiliados ejercerán su sufragio en delegaciones del Ministerio de Trabajo.

Según Bertonasco, la intervención implementó ese esquema para evitar nuevos episodios de violencia.

En Madryn, un sector del gremio secuestró hace tres meses al delegado de Trabajo y lo paseó por la ciudad en una camioneta con un cartel colgado que rezaba "corrupto", hasta depositarlo en el puerto, lugar al que llegó descompensado.

Asimismo, un dirigente de la lista 18, respaldada por Moyano, amenazó a "con prender fuego" a los miembros de la junta.

Pese a los cambios promovidos por el Gobierno, las autoridades reconocen que los armados que disputan la conducción de los marítimos tienen como denominador común la "falta de cumplimiento de normas estatutarias".

El otro rasgo compartido es la presencia de dirigentes vinculados con la antigua gestión de Suárez, quienes se unificaron detrás de las dos listas autorizadas y siguen teniendo influencia en el gremio a través de las agrupaciones que lideran.

Orlando Alfaro, el candidato de la Lista 33 que se presentará en las delegaciones pero no a nivel nacional, es jubilado y fue secretario de Suárez hasta 2010, cuando fue expulsado del gremio.

El sindicalista, que enfrenta una denuncia del interventor judicial por amenazar con "entrar por las buenas o las malas" en las boletas, a su vez sostiene que el Ministerio de Trabajo pretendía la unidad con "hombres de Suárez", entre ellos Manno, de la Lista 20.

En tanto, la Lista 18 está conformada por varios dirigentes que integraron la primera plana del sindicato hasta que Suárez los echó de la comisión directiva en 2015, tras denunciar al gremialista ante la Justicia, apoyados por Hugo Moyano.

Son los casos de Rubén Moreira, Juan Barbato, Luis Clemente, Alejandro Giorgi, Antonio Cennamo, Jorge Alejandro Vargas y Juan Carlos Godoy.

Todos ellos fueron inhabilitados para presentarse como candidatos al no cumplir con los requisitos exigidos por el estatuto y por la Ley de Asociaciones Sindicales. Algunos se encuentran procesados o bien han amenazado a funcionarios.

Las elecciones esconderían otra pelea menos explícita, pero clave para Cambiemos: la batalla por el costo logístico.

Mientras Moyano apunta a sostener la hegemonía adquirida por el transporte de carga durante el kirchnerismo, el sector de Manno pretende avanzar en la reducción de gastos de los buques, de por sí más baratos que los camiones.

Durante la intervención, el gremio acordó este año una de las paritarias más bajas, al cerrar una suba del 21% con sumas fijas y clausulas gatillo, si bien las autoridades no pudieron modificar el convenio colectivo.

Una vez concluidos los comicios, el plan de Triaca contempla la entrega del mando a las nuevas autoridades en enero, casi dos años después de que fuera intervenido.

La auditoría realizada en su momento por González reveló irregularidades en el manejo de cuentas del gremio comandado por Suárez. 

Entre ellas, compras con presuntos sobreprecios mayores al 200%, uso de fondos de los afiliados para fines personales de los directivos, multiplicidad y superposición de tareas y cargos.

A la par de esta gran cantidad de anomalías, surgió un dato que exime de cualquier comentario. Paradójicamente, uno de los barcos propiedad de Suárez se llamaba "Cometa".

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