Cada vez que se acerca el final de un año, suele aumentar la temperatura en el clima social. Es un clásico de cada diciembre, sea cual fuere el signo político del gobierno de turno.

El último mes de 2017 no será la excepción, tal como vienen anticipando dirigentes de las principales organizaciones sociales.

En diálogo con iProfesional, el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, adelantó que iniciarán un cronograma de protestas este miércoles con una olla popular en las inmediaciones del Congreso para reclamar por la Ley de Emergencia Alimentaria.

El 20 de diciembre, los movimientos sociales también marcharán al Parlamento para manifestarse en contra de la reforma previsional.

El plan contempla, el 23 de diciembre, en la víspera de Navidad, “ir a distintos hipermercados con jubilados para solicitar donaciones y alimentos”. 

Se trata de una medida que enciende las alarmas en la Casa Rosada, que busca cerrar el año sin conflictos sociales. 

Las primeras dos movilizaciones estarán coordinadas con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), explicó Menéndez.

Juan Grabois, referente de la CTEP, agregó que están analizando nuevas medidas pero se mostró optimista en cuanto a una negociación con el Gobierno.

En concreto, busca conseguir un bono para familias de bajos recursos, tal como sucedió en 2015 y 2016, una decisión que generaría roces con el macrismo, dado que desde el Ministerio de Desarrollo Social es algo que por ahora descartan.

El reclamo “La situación está mal. Ya pasó el proceso electoral, el Gobierno avanzó con reformas que claramente favorecen a los sectores más concentrados. Quieren reducir el déficit fiscal ajustando a los jubilados, no hay ninguna medida que apunte a mejorar la condición de los sectores más humildes”, se quejó Menéndez.

“Nosotros estuvimos todo el año planteando la necesidad de una Emergencia alimentaria y no tuvimos respuesta por parte del Gobierno. Hay una agenda de protestas que está a la vuelta de la esquina”, agregó. 

Para Grabois “algo más complejiza el escenario: el Gobierno sacó el bono de fin de año para los jubilados y beneficiarios de la AUH, que sí se dio en 2015 y 2016. Eso no va a correr este año, según adelantaron. Pero vamos a pelear para que sí se entregue”, anticipó.

El dirigente de la CTEP reconoció que "no es el peor diciembre, pasamos peores", pero igualmente aclaró que "esto no quiere decir que sea bueno".

En este sentido, se quejó por "la persecución a dirigentes sociales, sindicales y políticos opositores, que genera que haya mucha tensión".

Sin embargo, en el macrismo le bajan el tono a los reclamos. Consideran que, en términos económicos y políticos, este es el mejor diciembre desde que asumieron y que no hay espacio para las exigencias.

Respaldados en las urnas hace un mes y medio, desde la Casa Rosada niegan cualquier tipo de “conflicto social” y hablan, en todo caso, de “reclamos aislados”, según explicó un alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. 

Así, el interrogante que se abre es cuán flexibles serán el Ejecutivo y las organizaciones para canalizar, negociaciones mediante, estos focos de tensión de cara a las fiestas.

La hoja de ruta de los reclamos

El

-El 13 de diciembre, ollas populares en las inmediaciones del Congreso para reclamar la Emergencia Alimenticia. La medida será acompañada con una movilización. Barrios de Pie, las CTEP y la CCC buscan expresar en las calles la agenda social.

-Una semana más tarde, el 20 de diciembre, se estima que la Cámara de Diputados podría convertir en ley el proyecto de Reforma previsional. Las organizaciones sociales marcharán al Palacio Legislativo junto a sectores sindicales (CTA y algunos gremios de la CGT) y partidos políticos de la oposición para protestar contra la modificación del sistema jubilatorio.  

“Nosotros planteamos que la nueva fórmula de indexación es una transferencia de ingresos de los sectores más vulnerableshacia la burocracia política. El gobierno de la Provincia recibirá a cambio $40.000 millones”, criticó Grabois.

-Finalmente, en lo que hace a Barrios de Pie, en la víspera de la Navidad, entre el 22 y 23 de diciembre, se dirigirán “a distintos hipermercados para solicitar donaciones y alimentos”, indicó Menéndez.

-Por su parte, la CTEP está estudiando si plegarse a la medida de Barrios de Pie o encarar otra acción durante los días previos a los festejos de fin de año. 

Consultado sobre un plan de contingencia para este escenario, Juan Vasco Martínez, la voz pública de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), dijo “no tener información al respecto”. En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también expresaron que no estaban al tanto sobre esta medida de protesta.  

Para Vasco Martínez, el final de año “va a desarrollarse normalmente. No va haber ningún problema como no lo ha habido durante los últimos años”.

La disputa por el bono

Entre los diversos reclamos de las organizaciones sociales figura la entrega de un bono de fin de año para las fiestas, tal como sucedió en 2015 y 2016.

Desde diferentes esferas del Gobierno (principamente los ministerios de Desarrollo Social e Interior y la gobernación bonaerense, por citar tres casos) se defienden argumentando que el panorama económico es mucho mejor que el de esos dos años, por lo que no consideran pertinente un pago extra. A eso suman que el Ejecutivo encaró un ajuste general en la esfera pública.

Por lo pronto, confirman que sólo se entregará una suma de $2.200 a los beneficiarios de planes sociales. El alcance estimado es de unas 500 mil personas.

Para los movimientos sociales lo anunciado es insuficiente y esgrimen que es un monto que se pagó “siempre”.

“Es el aguinaldo del salario social complementario, no es un bono. Es para los mal llamados planes sociales. Se paga a quienes reciben planes de $4.500. Y se da todos los años, solo que antes no se llamaba así”, señaló Grabois.

Lo que reclaman las organizaciones es que se abone un bono similar al de los últimos dos años. Al no entregarse, “unas 7 millones de personas se verán afectadas”, agregó el dirigente de la CTEP.

Y concluyó: “Apostamos a que el Gobierno abra la cabeza y que acepte una negociación”.

Para las fiestas de 2016, el Gobierno volcó casi $6.000 millones en bonos de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Entonces, a los beneficiarios de la Asignación Universal se les otorgó un pago extra de $1.000. Abarcó a 2,7 millones de familias. El costo para el Estado fue de $2.700 millones.

Un monto similar obtuvieron unos 3 millones de jubilados y pensionados que percibían el haber mínimo. Implicó una erogación estatal de $3.087 millones.

Consultado sobre cómo actuarán ante una negativa del Gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la anunciada medida de protesta frente a supermercados, Menéndez intentó llevar tranquilidad: “No vislumbramos saqueos". 

A pesar de ello, el referente de Barrios de Pie describió que “hay un deterioro social enorme en nuestros barrios, hay una ruptura de los lazos sociales. Es impredecible saber cómo será la reacción, pero nosotros pretendemos canalizar el malestar de otra forma”.

Grabois, por su parte, afirmó que "siempre estamos recorriendo la calle y vemos situaciones que son muy malas. El bono era un alivio”.

Según el INDEC, en el primer semestre de este año se registró una leve baja de la pobreza que se ubicó en un 28,6%, con un 6,2% de indigencia.

Traducido a números, estos porcentajes implican que se encuentran por debajo de la línea de pobreza unos 1,8 millones de hogares, los cuales incluyen a poco más de 7,8 millones de personas.

En ese conjunto, 400.000 hogares se encuentran, a su vez, bajo la línea de indigencia, lo que sumaría 1,7 millones de personas en esa condición, según informó el instituto. 

El clima en territorio bonaerense Lejos del diagnóstico que trazan las organizaciones sociales, desde el gobierno de María Eugenia Vidal aseguraron que “está todo muy tranquilo” en la provincia de Buenos Aires.

No es menor la apreciación: se trata de uno de los territorios más “calientes” del país, donde se registran grandes bolsones de pobreza.

En la última medición del INDEC, la Provincia superó la media nacional con un 32,6% (unas 3,8 millones de personas) y un 8,2% de indigencia (casi un millón de individuos).

Sin embargo, desde la gestión de la gobernadora buscan transmitir confianza. “Lo único que necesitan los intendentes es plata para pagar los aguinaldos y seguir con las obras. Estamos transitando todo con normalidad. Parece que vamos a tener un fin de año tranquilo”, se esperanzó un funcionario vidalista, quien optó así por poner paños fríos ante los vaticinios de los movimientos sociales.

Y si bien desde algunas intendencias encienden las luces amarillas, en ningún despacho creen que el escenario se vuelva inmanejable.

En San Martín, “la situación social está peor. Hay más gente en los comedores y pidiendo ayuda”, afirmaron desde el entorno del jefe comunal, Gabriel Katopodis. Y si bien alertaron que hay "un declive social, no hay ruptura”.

Mientras que en Moreno, un municipio que terminó de pagar los sueldos de octubre a fines de noviembre y gracias a un giro de $30 millones de la Provincia, “no hay indicios de que vaya a pasar algo”, indicó un hombre de confianza del intendente kirchnerista, Walter Festa.

Y agregó: “Obviamente en municipios como el nuestro, las cosas empeoraron en los últimos dos años. El clima social es delicado pero no esperamos situaciones graves".

Declaraciones de este estilo se replican en otros partidos del Conurbano. El Gobierno interpreta, por eso, que habrá protestas aisladas pero no un movimiento masivo que termine por enturbiar este cierre de año.