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Los nuevos dueños del holding pidieron a la justicia la apertura del concurso preventivo de acreedores para C5N, Radio 10 y Ámbito, entre otros medios
15/12/2017 - 19:45hs

Mientras intentan que la justicia destrabe el concurso preventivo de acreedores de su petrolera, Oil Combustibles, los dueños del ex Grupo Indalo utilizaron la misma herramienta judicial para intentar poner en orden los números de los medios que operan bajo el paraguas del holding creado por el empresario Cristóbal López.

Se trata un importante conglomerado de radios, canales de TV por cable, medios escritos y productoras. Es decir de Telepiu S.A. (C5N), Ideas del Sur S.A., Votionis S.A. (Radio 10 y Mega), Imagen Radial S.A. (Radio One), Dh Com S.A. (Radio Pop), Radio Productora 2000 S.A. (Radio Vale), Pensado para Televisión S.A. (PPT), Editorial Amfin S.A. (Ambito Financiero), Nefir S.A. (Ambito.com), Real Time Solutions S.A. (Diarioregistrado.com), IGD S.A. (Diario El Patagónico). 

Fuentes del ahora rebautizado Grupo Ceibo confirmaron los datos a iProfesional y explicaron que el pedido que se presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y confiaron en que se le dará curso.

En el caso de Oil Combustibles el proceso concursal se encuentra rechazado por el juez Héctor Vitale, a cargo del Juzgado Comercial Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, quien denegó la reapertura de este instrumento judicial por entender que la información suministrada por Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa no era del todo cierta. 

De hecho, en los considerandos de su fallo en la causa "Oil Combustibles S.A s/Concurso Preventivo", Expediente 19.981, el magistrado acusó a ambos empresarios de haber cometido "un fraude a la ley" con la solicitud de evitar la quiebra de su grupo a través de la cesación de pagos. Según el magistrado, que el año pasado había hecho lugar al mismo pedido de Indalo que ahora rechaza, Vitale, "los antecedentes colectados en el incidente de investigación a partir del mes de mayo del año 2011 y hasta diciembre del año 2015, muestran que Oil Combustibles S.A. ha optado por no cancelar el Impuesto a los Combustibles Líquidos y acogerse a las facilidades de pago otorgadas por AFIP, mientras que, en forma paralela a ello, ha efectuado préstamos de dinero equivalentes a las sumas que no ingresó a las arcas del Estado- a personas integrantes del "Grupo Indalo".

En su fallo, también asegura que estos préstamos abarcaron a otras firmas del grupo como Inversora M&S S.A. y a Oil M&S S.A.- y se otorgaron "en condiciones hartamente desfavorables para la compañía". Añade que esto "se aprecia desde que en lo convenido con las empresas del grupo se fijaba tasas de interés mucho menos gravosas que las previstas por el fisco o, inclusive, a veces siquiera sin plazo de devolución y/o sin tasas de interés. -v. en este sentido análisis efectuado al inciso 6to. del informe general de la sindicatura, fs. 6490/6491".

Es decir, para el magistrado mientras la concursada se endeudaba a corto plazo y con importantes tasas de interés, sus préstamos eran otorgados a personas (humanas o jurídicas) que por sus estrechos vínculos con la acreedora no habrían de restituirlos, ni mucho menos los intereses que tales préstamos generaban". Con este argumento pone en duda la recuperabilidad total o parcial de esos préstamos y agrega que se trata de una maniobra que era con habitualidad llevada a cabo por los administradores de la empresa "presumiblemente con fondos públicos y con cierto beneplácito de la anterior administración de la A.F.I.P".

En el caso del grupo de medios, la postura del ente fiscal sería diferente ya que no existe una causa por defraudación que involucre a las empresas, tal como ocurre con Oil Combustibles, donde la AFIP le reclama $8000 millones correspondientes a un impuesto a la transferencia a los combustibles no liquidados por la petrolera durante los años de gestión del kirchnerismo.

Se trata del principal escollo que enfrentan los nuevos dueños del Grupo Ceibo para poner en marcha su plan de rescate y reestructuración de las empresas que controlan ya que Alberto Abad entiende que no se le puede permitir un salvataje fiscal a empresarios acusados de defraudar al Estado.

En lo que respecta a los medios, la situación sería diferente. No hay denuncias parecidas a las de Oil Combustibles sino deudas generadas por malas gestiones, entre otras razones. Tampoco correrían riesgo las licencias para que los medios involucrados en el concurso preventivo se mantengan al aire. De hecho, la Ley de Medios solamente prevé caducidad de licencias en caso de quiebra que no sería el caso. De hecho, hasta les permitiría licuar pasivos y encarar las operaciones con cierto aire económico para hacer frente a los gastos diarios mientras negocian el repago de las deudas con sus acreedores.

El problema más grave sería el de la falta de aportes previsionales que Cristóbal López y De Sousa dejaron de hacer en algunas de las radios y en especial en Ámbito Financiero. El diario, fundado por Julio Ramos, fue comprado por Indalo al empresario santafesino Orlando Vignatti, quien había desembarcado a mediados de 2008 y quien encaró un sugestivo proceso de achicamiento y redimensionamiento del grupo, con oscuros resultados.

Vignatti llegó junto a Gustavo Isaack, a quien designó como director general de la Editorial AnFin y lideró el proceso de desmembramiento que sufrió el diario en esos años con la venta de varios de sus activos como la planta impresora en el barrio porteño de La Boca, hasta obras de arte y equipos de aire acondicionado que refrigeraban el microcine y que sugestivamente terminaron en algunas de las viviendas de sus por entonces propietarios.

Para Vignatti e Isaack, el achicamiento de la editorial era necesario ya que criticaban la forma en la cual Ramos había hecho crecer el negocio. "Era inviable" decían sin tener en cuenta que Ámbito no sólo era superavitario sino que había hecho millonario a su creador. Con esta excusa, también vendieron las plantas impresoras que Ramos había distribuido en varias provincias para, vía satélite, llevar las páginas y distribuir el diario mucho tiempo antes que el resto, incluso que Clarín. También se desprendieron del diario que controlaba la editorial en Córdoba.

Cuando en febrero de 2015, Cristóbal López llega a un acuerdo para comprar el diario, encara una auditoría para encontrar las diferencias que existían entre los activos declarados y los que realmente existían. Esa investigación detecta un deteríoro patrimonial de la editorial valuado en $300 millones que se habría generado desde la salida de la familia Ramos hasta el ingreso de Vignatti.

De todos modos, el diario se mantuvo pero debió soportar nuevos inconvenientes generados desde la gestión de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Uno de los problemas fue, precisamente, el no pago de los aportes previsionales de los trabajadores. Otros, los acuerdos con Sergio Szpolski, con quien negociaron el control del Buenos Aires Herald a cambio de una deuda por indicación del gobierno kirchnerista.

Así, la caja de Ámbito también fue usada para el pago de sueldos y gastos del Herald y también de otros medios que se fueron incorporando bajo el paraguas de AnFin. También del pago de despidos y retiros voluntarios realizados por Indalo en otros medios. Hasta el diario El Patagónico, de Comodoro Rivadavia, terminó siendo cargado a la caja que generaba el diario fundado por Ramos.

A pesar de esta situación, el diario sigue siendo autosuficiente y su mayor problema hoy son las "delincuenciales" deudas generadas por la gestión de Vignatti y de Cristóbal López. Y por eso sus trabajadores están pidiendo que les suelten la mano para poder autogestionarse. Este ejemplo, se suma a otros casos de malos manejos a los que fueron sometidos varios de los medios de Indalo y por eso, sus nuevos dueños piden que la justicia les permita la apertura del concurso preventivo para preservar el valor patrimonial, los puestos de trabajo y hacer frente a las cuantiosas deudas acumuladas en el pasado, principalmente impositivas.

De hecho y como está ocurriendo con todo el grupo, estas sociedades atraviesan una  difícil situación económico-financiera que, según los ejecutivos, les imposibilita hacer frente a sus deudas.  "Apelamos a este procedimiento judicial con el objeto de mantener las empresas en marcha y reestructurar sus deudas con los acreedores, privilegiando las fuentes de trabajo y asegurando así la continuidad del negocio".

En el entorno del financista Ignacio Rosner, dueño del fondo OP Investment ahora a cargo de lo que fue el Grupo Indalo, hablan de que se trata de una determinación difícil pero necesaria debido a lo que consideran un ahogo financiero que pesa sobre las empresas del Ex - Grupo Indalo. 

A esto se suma la caída de los ingresos por publicidad en general y un cambio de época en el negocio de medios tanto a nivel mundial como local por la aparición de los medios digitales. Todo esto, dicen, impactan radicalmente en la generación de contenidos, las plataformas a través de las cuales se accede a los mismos y en los nuevos modelos de publicidad a partir de las redes sociales.