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Detuvieron a la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca: en los allanamientos hallaron $5 millones, u$s100.000, droga y armas

11-01-2018 Humberto Monteros y otros dirigentes del gremio de la construcción están acusados de asociación ilícita y extorsión. Habían sido denunciados por empresarios y por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal                 
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La cúpula dirigencial de la UOCRA en Bahía Blanca, encabezada por Humberto Monteros, fue detenida en diversos operativos esta madrugada. La acusación es de asociación ilícita y extorsión.


Según informan medios locales, Monteros fue apresado en una casa de la localidad de Monte Hermoso y otros referentes sindicales fueron demorados en diversos operativos.

Durante los más de 20 allanamientos realizados en las sedes gremiales de Bahía Blanca y Coronel Suárez, los efectivos de la policía bonaerense secuestraron una importante cantidad de dinero distribuida en bolsos y escondidos en las viviendas.

Los policías también secuestraron armas y droga.

La lista de los detenidos

El fiscal general de Bahía Blanca informó que además de Humberto Monteros y José Burgos, los sindicalistas apuntados en público por María Eugenia Vidal como jefes de una banda que extorsionaba a empresarios, hay otros ocho gremialistas que fueron detenidos acusados de tener distintos grados de participación.

Se trata de Pablo David Gutiérrez, Nelson Damián Cabrera, Carlos Ariel Carrillo, Mario Matías González, Raúl Ernesto Evín, Sergio Daniel Vázquez, Aníbal Alejandro Aranda, David Ezequiel Muñoz

Además, hay cuatro personas prófugas que aún son buscadas por la Policía, que este jueves realizó 19 allanamientos en simultáneo

La causa fue iniciada de oficio por el fiscal general Juan Pablo Fernández y quedó en manos del fiscal Gustavo Zorzano.

De qué se los acusa

"Esta gente tenía el mismo modus operandi que Juan el 'Pata' Medina. Se investigan entre 30 y 50 hechos extorsivos a empresarios de la construcción, sumado a que en todas las obras se pretendía obligar a contratar a ciertas empresas de limpieza o de catering, pertenecientes a los allegados de la cúpula sindical", explicó el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, JulioConte Grand a Télam..

Cobraban "peajes", extorsionaban y hacían caja para su propio beneficio.

Los empresarios del sector padecieron durante años los aprietes y amenazas de los jefe del sindicato de la construcción en Bahía Blanca. 

Al igual que ocurría en la sede platense del gremio durante la gestión de Medina, en Bahía Blanca también se obligaba a contratar a determinada cantidad de afiliados al gremio a las obras.El Procurador reconoció que en un principio "costó conseguir algunas declaraciones" por el temor que sentían algunos empresarios, pero dijo que "poco a poco se fue obteniendo información" hasta que, hace unas semanas, "se solicitó a la jueza de garantías 19 medidas de allanamiento y 14 detenciones que se concretaron esta madrugada".

"Ya hay 10 detenidos y esperamos que en el transcurso del día se detenga a las cuatro personas que faltan ser detenidos y que ya se sabe dónde están", apuntó.

El día que Vidal denunció la "mafia" de la UOCRA

En septiembre del año pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal había denunciado tras un paso por la ciudad que la cúpula gremial frenaba las obras de refacción de cuatro rutas en el sur de la provincia de Buenos Aires.

"Hoy tenemos rutas con obras que están paradas porque se exige que se contraten determinadas empresas de catering, de transporte y otros servicios por parte del gremio. Un sindicato no le puede contratar a una empresa determinados proveedores, porque no está pensando en lo mejor para los trabajadores, sino en un negocio propio", dijo Vidal aquella vez respecto al direccionamiento de los proveedores.

"Pero lo vamos a hacer porque las obras son de la gente que las necesita. Esas rutas se han pedido desde hace décadas en la provincia y también son de los trabajadores que no pueden perder su trabajo por la intervención mafiosa de un sindicato", denunciaba la gobernadora tras encabezar aquel acto de entrega de escrituras.

Tras esa denuncia, la Unión Industrial local mostró su apoyo a la gobernadora al emitir un comunicado expresando "la necesidad de finalizar con ese tipo de prácticas impuestas por el gremio, ya que atentan contra la previsibilidad y competitividad de las empresas".

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