El Gobierno salió a buscar un nuevo concesionario para la autopista Ezeiza-Cañuelas, que el año pasado estuvo a cargo de una empresa de Cristóbal López y luego fue intervenida por las autoridades oficiales. La ruta estuvo en manos de Autopistas Al Sur (AECSA), que forma parte del paquete de activos heredados por el financista Ignacio Rosner y sus socios del fondo OP Investment tras haber desembarcado en el holding creado por el empresario kirchnerista, actualmente preso en la cárcel de Ezeiza.

La licitación se vincula con el anuncio oficial para el llamado a licitación de la primera etapa de obras para el desarrollo de la Red de Autopistas y Rutas Seguras, con una inversión total prevista de casi u$s17.000 millones. Se trata de un ambicioso plan oficial que pretende modernizar varias autopistas y la construcción de nuevas rutas bajo el concepto de peaje. Un plan que abarcará más de 7000 kilómetros de rutas nacionales y cuyas licitaciones se dividen en tres etapas. 

En el caso de la concesión de Ezeiza-Cañuelas, forma parte de la primera fase del proyecto y, según el Ministerio de Transporte, se conocerán las ofertas en marzo, por lo que se estima que los trabajos comiencen en la segunda mitad del año, una vez adjudicada a los nuevos concesionarios.

Tanto para esta autopista como para el resto de las que incluye este plan, se espera la participación de empresas extranjeras de Europa, Estados Unidos, Asia y del resto de América Latina. Muchas incluso ya participaron del procedimiento de consulta y de las audiencias públicas de las fases informativas del nuevo sistema.

En el caso de la ex autopista de Cristóbal López, en la actualidad está gerenciada por la empresa estatal "Corredores Viales S.A", que fue creada por Transporte para construir, mejorar, mantener, operar y administrar rutas, autovías y caminos de jurisdicción nacional. La sociedad estatal tomó el control de la autopista en diciembre del año pasado luego de que se decidió anular el contrato de concesión con la ex empresa de Cristóbal López, denunciada por una serie de incumplimientos contractuales y el no pago de deudas por $750 millones.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte de la Nación y se le cedió la operación a la nueva sociedad estatal cuyo paquete accionario está conformado por el propio organismo con el 51% del capital, y Vialidad Nacional con el 49%.  En el decreto de intervención de la empresa concesionaria se había dejado establecido que la presencia de Corredores Viales S.A en el gerenciamiento de la ruta se extenderá hasta que se vuelva a relicitar por el sistema de Participación Público Privada (PPP) y mientras se elaboran los nuevos pliegos. Esto fue lo que precisamente anunció el Gobierno durante esta jornada.

De todos modos, la ruta se encuentra envuelta en causas judiciales cruzadas entre el Gobierno y los ahora administradores del rebautizado Grupo Ceibo. El holding presentó una serie de recursos administrativos para retomar el control de la concesión que fueron rechazados por parte de las autoridades del ministerio que comanda Guillermo Dietrich.

Tras esa negativa, desde el Grupo Ceibo anticiparon que iniciarán un juicio al Estado al considerar que la intervención de la empresa fue unilateral y que, por lo tanto, corresponde un reclamo indemnizatorio.  Según la visión de los empresarios, el gobierno nacional los obliga a continuar con las obras y los suministros al Estado, a pesar de no hacer frente al pago de la deuda comercial que mantendría por la no cancelación de fondos generados a partir del cobro del peaje.

En el caso del Gobierno, se acusa a los ex gerenciadores de la  autopista Ezeiza-Cañuelas de no haber hecho los aportes en recursos de asignación específica (RAE), instrumento que se nutre con pagos de los concesionarios a través de una porción de la recaudación de los peajes, y que se transfiere a Vialidad Nacional. 

Es decir, de haber cometido una maniobra similar a la que la AFIP descubrió con la transferencia del impuesto a los combustibles y que dio origen a una denuncia por defraudación contra el Estado por una suma que hoy llega a los $10.000 millones.