El Gobierno decidió endurecer su posición frente al largo conflicto que envuelve a OCA.

En lugar de volver a prorrogarle los plazos para que presente la documentación necesaria para que continúe operando como empresa postal, acaba de enviarle a sus dueños una intimación para que acerque esos papeles en un plazo no mayor a cinco días.

De lo contrario, la decisión ya está tomada. Si para mediados de la semana próxima OCA no logra cumplir con ese reclamo, dejará de prestar servicios de manera casi inmediata.

La decisión fue tomada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a cargo de las regulaciones del mercado postal y el de las telecomunicaciones.

El organismo que preside Miguel De Godoy le reclamó a Patricio Farcuh, dueño formal de la empresa postal privada más grande del país, que acredite dentro de los próximos cinco días hábiles, la cancelación de las obligaciones impositivas, previsionales y sociales, o acompañe constancia del plan de pago aprobado por la AFIP.

"En caso de no cumplir, se dispondrá su baja en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios postales", dice el comunicado enviado a los medios por el ente.

La decisión fue tomada durante la reunión del directorio efectuada este martes al mediodía en la sede del ente de control y supone un cambio de humor de parte del gobierno nacional, ya que hasta el lunes había consenso en otorgarle a la empresa entre 30 días y 60 días para que siga reuniendo los datos reclamados.

Fuentes oficiales explicaron a iProfesional que la diferencia entre prórroga e intimación es que ahora no se le reclama que acerque la documentación sino que se le advierte a la compañía que de no hacerlo en el plazo otorgado se tomarán todas las medidas conducentes a que deje de competir en el mercado postal argentino.

Lo que en estos próximos días deberá acreditar entonces Farcuh ante los directores del Enacom es un plan de pago de sus deudas con la AFIP que tenga el aval del ente fiscal y del juzgado de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora a cargo del concurso preventivo de acreedores de OCA.

En este punto, las fuentes explicaron que la AFIP envió al Enacom un escrito en el cual asegura que la empresa de Farcuh destinará parte de los fondos que le fueron liberados por orden judicial a hacer frente a la deuda fiscal.

En concreto, OCA le debe a la AFIP $3.700 millones, de los cuales $2.800 millones fueron alcanzados por la apertura del concurso preventivo de acreedores otorgado a la empresa en mayo del año pasado por un tribunal de Lomas de Zamora.

El resto –es decir, $900 millones– es deuda postconcursal que debe cancelar. Para facilitarle la tarea, el mismo juzgado le liberó la misma suma que tenía embargadoa por pedidos del ente recaudador que dirige Alberto Abad.

En la reunión del Enacom se discutió un paper enviado por la AFIP donde informa que OCA está dispuesta a pagar parte de esa deuda postconcursal mediante un plan de facilidades a largo plazo.

Serían cerca de $400 millones que OCA cancelaría de este modo, siempre que la AFIP se lo permita y le otorgue ese plan de facilidades.

El problema es que es no hay certeza de que use los otros $500 millones para cancelar el resto del pasivo postconcursal.

Esto genera incertidumbre y es por eso que desde el Enacom ahora se la intimó a que presente por escrito y en detalle los planes para cancelar toda la deuda postconcursal bajo advertencia de que si no lo hace caduca su licencia.

"Si no lo hace, no habrá más prorrogas y será el final de la compañía", agregan desde el Gobierno donde se esfuerzan por explicar que se están cumpliendo con todos los pasos legales y normativos necesarios para que OCA pueda sobrevivir.

"Si no lo hace, el destino de sus 7.000 trabajadores no estará en nuestras manos sino en las de Farcuh", agregan.

El Enacom necesita que OCA presente esa documentación con aval judicial y fiscal para extenderle un nuevo certificado de licencia que solamente puede obtener si tiene saldada sus deudas fiscales.

De esta forma, Hugo Moyano, dueño en las sombras de OCA, no llegará a la marcha que organiza para el miércoles con una buena noticia de parte del Gobierno. Por el contrario, lo hará sabiendo que una de las empresas que habría utilizado estos años para desviar fondos y que es investigada por la justicia, estará al borde de la desaparición.

La crisis de OCA lleva por lo menos desde que Farcuh y su grupo desembarcó en la compañía postal, hecho que derivó en un desmanejo comercial, acumulación de pasivo, pérdida de clientes y fuerte caída de su imagen.

De hecho, el propio Moyano debió usar las arcas del sindicato de Camioneros para sostener las operaciones y los sueldos de la empresa, incluso separando por un tiempo al propio Farcuh de la conducción.

El Enacom le exige ahora que antes del próximo miércoles presente la documentación en regla para poder otorgarle el certificado que todas empresas postales deben entregar al ente como organismo a cargo de las regulaciones del negocio postal cada tres meses, además de revalidar su situación de manera anual.

Es un trámite casi automático ya que sólo se debían abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP.

Ese arancel también fue incrementado por decisión de los directores del Enacom para todas las empresas postales, así como el valor de los derechos y aranceles radioeléctricos que le pagan al Estado las empresas que utilizan el espectro, que estaban vigentes desde el año 2001.

También se autorizó la entrega de aportes no reembolsables por un total de $4,6 millones a seis prestadores del servicio universal, que permitirá mejorar la conectividad y la cobertura de Internet.