"No nos vamos a casar con ningún instrumento", fue la orden que dejó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, antes de iniciar la gira que encabeza en Europa junto a una decena de sindicalistas aliados, para recomponer la imagen del Gobierno frente a los inversores y estudiar los modelos de "diálogo social". También ordenó suprimir la cláusula gatillo impulsada por el oficialismo el año pasado y que prevé incrementos automáticos por inflación.

Así, paso a paso, el Gobierno avanza en su estrategia de fijar una pauta del 15% en las paritarias mediante un sistema de premios y castigos. Se trata de un esquema que contempla el aval a los sectores dialoguistas para cerrar acuerdos con beneficios extra -incluso en forma anticipada-, y un endurecimiento con aquellos sectores identificados como rebeldes, que enfrentan mayores dificultades en sus negociaciones salariales.

En las últimas semanas, los colectiveros, aeronáuticos, obras sanitarias, municipales de la Ciudad, tintoreros y aceiteros de San Lorenzo cerraron paritarias alineadas con las metas de inflación, aunque en su "letra chica" incorporan cláusulas de revisión, sumas no remunerativas y adicionales, que elevan el aumento final por encima del 15%. Un reconocimiento de que la inflación superará lo previsto en el Presupuesto.

En los próximos días, las autoridades avanzarán con empleados de comercio, construcción, estatales, Luz y Fuerza y ferroviarios, que en conjunto representan a más de dos millones de trabajadores (ver Que pasen los "gordos"). Así, el Ministerio de Trabajo espera consolidar la pauta salarial y despejar la incertidumbre que genera la tendencia al alza de la inflación, alentada por la suba del dólar, las tarifas y los combustibles que impactan sobre la canasta básica.

Mientras tanto, la gran mayoría de los acuerdos sellados hasta ahora corresponden a sindicatos dialoguistas, que no participaron de la marcha convocada el 21 de febrero pasado por Hugo Moyano. En esa línea, el Ministerio de Trabajo adelantó días atrás la negociación de los colectiveros, que acordaron una suba del 19% en cuatro tramos, con revisión en octubre (en lugar de cláusula gatillo). El gremio del transporte fue uno de los sectores clave que le dio la espalda al camionero.

En una muestra de gratitud, aunque el convenio vencía el 31 de marzo, la cartera laboral avaló la aplicación anticipada de la cláusula gatillo del año pasado al incorporar un incremento del 3,6%. El entendimiento prevé además tres subas (5,8% en marzo, 5,4% en abril y 3,8% en enero), con una suma no remunerativa de $1.500 en marzo. Así el sueldo pasará de $ 25.410 a $ 30.300 en enero del año próximo. Además les permitieron mantener la cuota solidaria, según informó Ámbito.

Los aceiteros de Santa Fe también adelantaron su paritaria tres meses antes y el 31 de enero pasado acordaron un aumento del 15% desde ese mes, con revisión y otros beneficios. En la letra chica figura una suba en el presentismo, un reintegro adeudado y un 2% de contribución solidaria, un descuento forzoso que percibe el sindicato por cada trabajador no afiliado.

El relajamiento selectivo de la pauta salarial coincide con las evaluaciones que realizan en el equipo económico del Ministerio de Hacienda, donde pronostican que los salarios le ganarán la carrera a la inflación. Estiman que esa mejora -en términos reales- será de dos puntos a lo largo de este año, en relación con 2017. También prevén un aumento del empleo, alentado por un crecimiento del 3,5% de la actividad.

Paritarias selectivas

El avance de las negociaciones salariales con los gremios cercanos al Gobierno contrasta con la demora en las paritarias de bancarios y docentes, que denuncian la imposición de un "techo" a sus demandas salariales. Se trata de organizaciones cercanas al kirchnerismo, que vienen de participar de la concentración de los camioneros y que observan un ensañamiento hacia ellos por parte de las autoridades.

En el sector financiero, el sindicato liderado por Sergio Palazzo viene de realizar tres paros en rechazo a la oferta de los bancos de un aumento del 9%, con actualización a los nueve meses. Asimismo, el Ministerio de Trabajo apeló días atrás un fallo de la Justicia que ordenó devolverle al sindicato la cuota solidaria, luego de que la cartera laboral se la diera de baja por considerarla "excesiva".

Por otra parte, los maestros bonaerenses podrían definir un paro en los próximos días. El secretario general del sindicato Suteba, Roberto Baradel, acusa al gobierno de María Eugenia Vidal de querer "imponer una pérdida del poder adquisitivo" al ofrecer una suba del 15% en tres cuotas que equivaldría a $625 por mes. La oferta incluye la posibilidad de revisión en octubre de acuerdo a la inflación, pero los educadores afirman que en 2016 no se cumplió dicha cláusula.

La gestión bonaerense propone además un reconocimiento anual por presentismo de hasta $ 6.000 por año, una medida que ata una parte del salario al rendimiento y que es vista por los gremios como un castigo a los huelguistas.

"Es comprensible desde la mirada de ellos bajar salarios, pero es incomprensible cómo le ponen clausula gatillo a los bonistas y a los trabajadores nos la quitan", enfatizó Baradel.

En el caso de los camioneros, los Moyano reclaman un bono de fin de año de $9.500, similar al que recibieron en los últimos años. Pero la cámara de transporte de carga Fadeeac condiciona el pago de esa suma extraordinaria a la revisión del convenio.

Los empresarios buscan reducir el plus por antigüedad, del actual 1% al 0,5%, pero los camioneros lo rechazan. La postura empresaria está en sintonía con la visión del Ministerio de Transporte de reducir el "costo logístico".

En las últimas horas, Hugo y Pablo Moyano fueron imputados por presunto lavado de dinero tanto en el manejo del club Independiente como también por contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de camioneros. Una situación que podría llevar a la familia sindical a lanzar nuevas medidas de fuerza, tras la protesta en la que convocaron a más de 200.000 personas en el centro porteño.

Los aeronáuticos son la excepción a la regla. Si bien la mayoría de los siete gremios no está alineada con el macrismo, desde diciembre a la fecha cerraron acuerdos del 17%, con sumas fijas y bonos que totalizan aumentos del orden del 24%. Las paritarias de la actividad corresponden a la última tanda del año pasado que aún quedaba por cerrar, pero en la práctica tienen vigencia durante todo el 2018.

Que pasen los "gordos"

Uno de las actividades clave que definirá su paritaria este mes es Comercio, cuyo convenio vence a fines de marzo y representa a más de un millón de empleados. La idea es repetir el esquema del año pasado, con un porcentaje de aumento acorde a la pauta salarial, en este caso del 15%, y una revisión en caso de que la inflación supere ese parámetro como se espera. La discusión fina se centra en cómo repartir las cuotas del aumento.

La intención original del Gobierno era que el gremio más grande de la Argentina, integrante del sector de los "gordos", cerrara un acuerdo del 15% en enero pasado, sin cláusula de revisión. Para facilitar el arreglo, las autoridades habilitaron el pago de un 6% de aumento en enero, febrero y marzo por la cláusula de revisión acordada el año pasado. En ese período, la inflación fue del 24,8%, por encima del 20% del incremento salarial pactado.

Pero los funcionarios aflojaron en sus pretensiones frente al rechazo del sindicato que encabeza Armando Cavalieri, quien es visto como un aliado. "El Gobierno amenazaba con no firmar la compensación por inflación del año pasado si manteníamos la revisión en esta paritaria", dijeron a iProfesional desde ese gremio. Los empresarios, a su vez, también lo veían inviable, cuando esperan una inflación superior al pronóstico oficial.

"Todos sabemos que el precio no lo fija el salario, sino los aumentos de luz, gas, impuestos, es muy difícil decir que va a ser del 15%, cuando los formadores de precios están anticipando que puede ser más y empiezan a armar un colchón", señaló un ejecutivo de una de las cámaras de comercio.

En efecto, las principales fábricas aplicaron ajustes en febrero de hasta 6% en sus productos muchos de los cuales forman parte de la canasta básica. Solo en la primera quincena, la consultora Elypsis registró un aumento del 2,5% promedio en el rubro alimentos. El impacto de los incrementos se reflejó en las ventas minoristas de los comercios pymes que finalizaron enero con una caída de 1% frente a igual mes del año pasado, según el relevamiento de CAME.

Los otros sectores que están próximos a cerrar aumentos son los estatales de UPCN, encabezados por Andrés Rodríguez, que tienen pendiente una suba del 5,8% por la cláusula revisión del acuerdo pasado y que viene demorada. En la construcción, en tanto, la cámara de la actividad y el gremio de la Uocra liderado por Gerardo Martínez discuten una recomposición del 15%, con la posibilidad de una revisión a los seis meses.

Tanto Rodríguez como Martínez forman parte del ala dialoguista de la CGT, con la que el Ejecutivo retomó contactos para aislar a Moyano. En ese sector "independiente" también se encolumna José Luis Lingeri, el titular de Obras Sanitarias que viene de cerrar a mediados de febrero la primera paritaria a nivel nacional, con una suba del 15% y su revisión en octubre, es decir, a los nueve meses. Todos ellos, junto a los "gordos", enviaron delegados a la comitiva que encabeza Triaca en Europa.

Los dirigentes distanciados del camionero se reunieron días atrás con vistas a reformular la conducción de la central obrera, sumergida en una crisis profunda tras el enfrentamiento entre Macri y Moyano. Sin embargo, hasta los gremialistas mejor catalogados por el Gobierno reconocen la dificultad para cerrar paritarias en un contexto inflacionario. "La inflación no la puede dominar el Gobierno, está complicado", dijo el titular de uno de los gremios "gordos".