La ex presidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral en la causa por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. Hoy mismo podría sortearse el tribunal que la juzgará.

El juez federal Julián Ercolini dio por cerrada la investigación y dispuso que la ex mandataria y otras 15 personas fueron enviadas a banquillo de los acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner –los tres detenidos– el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín -quienes estaban a cargo de la empresa Austral Construcciones-, y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

En este caso, que se originó en 2016 por denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, se investigaron 52 contratos que Báez recibió para obra en la provincia de Santa Cruz por 46 mil millones de pesos. Para los fiscales Gerardo Pollicita, Ignacio Mahiques, y para el juez Ercolini hubo irregularidades en esas concesiones porque muchas de ellas no se concretaron.

En enero pasado, la defensa de Cristina Kirchner –a cargo del abogado Carlos Beraldi– había pedido que la causa pase a juicio oral y estar presente en el sorteo.

"En la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes, con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio", sostuvo la defensa.

En la elevación a juicio de la causa, el juez Ercolini rechazó los pedidos de sobreseimiento de De Vido, Báez y otros acusados, de ser enviados a juicio.

Esta es la segunda causa en la que la expresidente es enviada a juicio oral. La primera fue la del "dólar futuro" que está a cargo del Tribunal Oral Federal 1.

También se espera para los próximos días que el juez Claudio Bonadio sume una tercera, esta vez por el caso del memordándum con Irán, en el que la exmandataria está acusada de encubrimiento al atentado a la AMIA.

Los argumentos del fiscal

Ercolini tomó su decisión a partir del pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos".

Se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".

Los fondos públicos fueron girados a Valle Mitre, empresa de Báez, y eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras.

"Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez", según el fiscal Pollicita.

Incluso, se indicó que De Vido montó una estructura dentro del Ministerio de Planificación Federal para direccionar la obra pública a favor de Báez.