iProfesional

Ambos llegaron a sus cargos durante el kirchnerismo y quedaron en medio de la polémica al liberar al empresario santacruceño y a su socio Fabián De Sousa  
19/03/2018 - 18:59hs

Los camaristas porteños Eduardo Farah y Jorge Ballestero volvieron a estar en el centro de la polémica esta semana por su decisión de liberar al empresario santacruceño Cristóbal López, al que además beneficiaron con un cambio de carátula en la causa que investiga una evasión impositiva multimillonaria.

 

La causa por la que estaba preso Cristóbal López es la del incumplimiento en el pago de impuestos que debía abonarle a la AFIP como accionista de Oil Combustibles.

El juez federal Julián Ercolini lo había procesado en diciembre por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.

Los jueces de la Cámara cambiaron la carátula al considerar que se trató de una “apropiación indebida de tributos”, que tiene una pena mucho menor: va de los 2 a los 6 años de prisión.

Farah y Ballestero compartieron durante años la Sala I de la Cámara Federal porteña con el desplazado Eduardo Freiler, quien fue separado de su cargo en noviembre último.

Tanto Farah como Ballestero ascendieron durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Farah tuvo un doble nombramiento en aquella etapa: en agosto de 2004 fue designado juez federal de Mar del Plata y en agosto de 2008 llegó a la Cámara Federal como juez de la sala II.

Algo similar ocurrió con la carrera de Ballestero: el actual camarista llegó a la segunda instancia con asiento en Comodoro Py en octubre de 2008, nombrado por Cristina Fernández. Había sido uno de los jueces federales de primera instancia durante el menemismo cuando tuvo a su cargo la causa por la llamada “mafia del oro” y el megacanje de la deuda en la Alianza.

Otro dato curioso es que Ballestero es el juez más “adinerado” de Comodoro Py. El año pasado informó bienes por $12,1 millones, según consta en su declaración jurada presentada ante el Consejo de la Magistratura. De esta manera, en menos de dos años, triplicó su patrimonio.

Cuando desde La Nación le consultaron al magistrado por ese incremento, respondió que se había producido por la venta de su una propiedad en el Club Mayling de Pilar. La casa, de 230 m2, había sido declarada en 2015 con un valor fiscal de $1.669.000. A pesar de ello, fue vendida por medio millón de dólares.