Tras la polémica en el Congreso por las tarifas, el Gobierno aceptó negociar fórmulas para atenuar el impacto de los aumentos en los servicios. 

Por pedidos de sus aliados radicales y de la líder de la CC, Elisa Carrió, la Casa Rosada evalúa un plan de pagos en cuotas idénticas para diluir las alzas en los meses de mayor consumo.

El martes no fue un día fácil para el Gobierno, ya que además de los planteos realizados por los legisladores de la oposición, miles de manifestantes realizaron un "ruidazo" en calles y plazas de todo el país para rechazar el "tarifazo".

El oficialismo sabe que no tiene mucho tiempo para anunciar el nuevo plan, ya que la oposición -en ambas cámaras del Poder Legislativo- avanzará con los análisis de los proyectos que ya se presentaron.

En el SenadoPrevio a tratar los proyectos de defensa de la competencia y Compre Argentino, el Senado aprobó a mano alzada la preferencia para que los dos proyectos contra el “tarifazo” sean incluidos en la próxima sesión.

Antes de que se aprobara el pedido para tratar los dos proyectos en la primera sesión de mayo, el jefe de bloque de Cambiemos, el radical Luis Petcoff Naidenoff garantizó: “Vamos a dar el debate de fondo, porque es un debate que nos merecemos”.

De esta manera, el plenario acordó debatir las dos iniciativas en la primera semana de mayo.

En este cuerpo, por el momento, se presentaron dos iniciativas. Una de ellas lleva la firma de la expresidenta y actual representante de la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, que pretende retrotraer el precio de las tarifas de los servicios públicos al 1 de enero de 2017.

El otro lleva la firma del rionegrino Miguel Pichetto y emula el texto presentado por los bloques Argentina Federal y el Frente Renovador en la cámara baja. En esas iniciativas se ordena atar la suba tarifaria al resultado del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

El senador peronista, que mantiene un diálogo fluido con el Gobierno, también adelantó que buscarán “bajar todo el esquema impositivo sobre los servicios de luz, gas y agua”, que “parece que, además de ser un insumo humano básico, es más caro que el combustible”.

En DiputadosAnte la imposibilidad del tratamiento del proyecto de tarifas durante la sesión extraordinaria de diputados, la oposición convocó a un plenario de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor para el martes 24 a las 18.30 hs, en el que se analizarán los textos sobre la suba de las tarifas presentados por los diversos partidos.

La idea es que se sume la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialismo, para emitir dictamen y debatir la propuesta en la primera sesión del próximo mes.

Durante la reunión conjunta, que será encabezada por el justicialista Sergio Ziliotto y la diputada del Frente Renovador-UNA Marcela Passo, la oposición buscará imponer el proyecto de “tarifas razonables”, que prevé un aumento tarifario al mismo ritmo que el salario.

“Seguimos apostando al debate porque es un tema prioritario para los argentinos. Esperemos que ahora el oficialismo cumpla y no se ausente del trabajo en comisiones. Hay una preocupación real de la sociedad, que nos pide que nos ocupemos de este tema”, manifestó el presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner.

“Sería muy malo para todos los argentinos que el Congreso de la Nación le dé la espalda a las demandas de la sociedad. Por eso, insistiremos en el tratamiento de nuestro proyecto a partir del trabajo en plenario de comisiones. Los argentinos necesitan que nos encarguemos del problema de los precios, de las tarifas y de las dificultades de los sectores productivos”, remarcó Kosiner.

Por su parte, Diego Bossio sostuvo que “el gobierno no quiere modificar las tarifas pero nosotros estamos convencidos de que hay que bajar las tarifas de luz, agua, energía, transporte y peajes porque es insostenible esta situación. Gran parte de los argentinos no llega a fin de mes”.

Qué otros proyectos hay

Además, del proyecto conjunto del bloque Argentina Federal y el Frente Renovador, hay otras iniciativas que serán analizadas durante la reunión de comisión de la próxima semana. 

La UCR pretende atemperar el impacto del aumento tarifario. No implica un desfinanciamiento del Estado, sino "aplanar" el costo de las tarifas para que la estacionalidad no genere picos en el pago. Es decir, se trasladará el monto a meses de menos consumo.

El presidente del interbloque de diputados oficialistas, Mario Negri, se refirió a la propuesta que la UCR le elevará -a través de su presidente, Alfredo Cornejo- al Gobierno nacional para atemperar el impacto del aumento de las tarifas del gas.

“Nuestro partido forma parte de Cambiemos y busca colaborar sin hacer propuestas irracionales. Somos un partido con un fuerte vínculo con la clase media y las fuerzas productivas que colaboran día a día en el crecimiento del país, como las pymes y los productores”, expresó el diputado cordobés.

En tanto, Elisa Carrió va a pedir mayores controles por parte del Estado para que verifique si no hay sobrefacturación de las empresas. 

Para la diputada, en materia de tarifas hay que encontrar una tercera salida. "Ni la inflexibilidad del Gobierno ni la demagogia de sectores del PJ", afirmó en su cuenta de la red social Twitter.

Carrió no estará en la reunión prevista para este jueves, pero señaló que su recomendación es “abrir una instancia de negociación entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, sobre la base de soluciones alternativas con toda la información requerida en nuestro proyecto y la interpelación de los representantes de la empresa y entes de control”.

El FPV-PJ, en tanto, presentó a través de su titular, Agustín Rossi, un proyecto similar al de la senadora Cristina Kirchner para declarar la emergencia tarifaria de luz, agua y gas en todo el territorio nacional; retrotraer las tarifas al 1° de enero de 2017 y suspender los aumentos hasta el próximo 31 de diciembre de 2019.

El FIT, por su parte, propone dejar sin efecto todo aumento tarifario anunciado desde el 1° de enero de 2018 y crear una comisión de auditoría, balance y revisión de tarifas para investigar las cuentas y los movimientos económicos de las empresas.