La oposición parlamentaria reunió el quórum necesario para debatir en Diputados el proyecto de ley que frena los aumentos tarifarios de luz, gas y agua establecidos por el gobierno de Mauricio Macri.

Tras su fracaso de hace una semana, lograron sumar los 129 legisladores necesarios para iniciar la sesión especial. Para habilitar el debate bajaron al recinto los diputados del bloque justicialista, los massistas, el kirchnerismo, la izquierda, y bancadas provinciales.

La iniciativa, que obtuvo dictamen en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, contempla que las tarifas de luz y gas no puedan subir más que los salarios, y establece regímenes diferenciados para pymes, cooperativas y clubes de barrio.

El despacho favorable fue acompañado por el bloque Justicialista, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y el mendocino José Luis Ramón, del Partido Intransigente. El Frente para la Victoria-PJ también suscribió al dictamen, aunque en disidencia: el bloque liderado por Agustín Rossi propone retrotraer las tarifas al 31 de diciembre de 2017 y congelarlas en 2018. De todas maneras, el cristinismo apoyará el proyecto peronista en el recinto. 

Un punto que no se debe pasar por alto es que para llegar al recinto cumpliendo todos los requisitos legales, el texto deberá obtener el aval de otras dos comisiones, las de Presupuesto y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas respectivamente por Luciano Laspina (Pro) y Alicia Terada (Coalición Cívica), quienes convocarían a una reunión conjunta la semana que viene.

Esta promesa del oficialismo se da para evitar el quórum en el recinto de este miércoles y no generar un nuevo contexto negativo para el macrismo.

Es que si el tablero marca el quórum, el interbloque Cambiemos tratará de bloquear el debate, ya que para autorizarlo se necesita el apoyo de los dos tercios de los legisladores presentes para tratar el proyecto que obtuvo dictamen favorable, pero al que le falta el apoyo de otras comisiones y no cumple el plazo de siete días posteriores al aval para habilitar su tratamiento plenario.

De todas maneras, la oposición –a pesar de que no podría avanzar en la discusión de la iniciativa impulsad por el bloque Argentina Federal y el Frente Renovador- aprovechará la situación para cuestionar el proyecto de Cambiemos que pretende eliminar impuestos internos, provinciales y municipales de las tarifas de servicios públicos.

Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, considera que es posible sentar a 129 diputados para habilitar la sesión. “En la oposición estamos convencidos que las tarifas son la máxima preocupación de la mayoría de los argentinos. Cambiemos sigue sacando plata del bolsillo de los que menos tienen para ponerla en el bolsillo de los que mejor están”, indicó.

El proyecto opositor

El texto que logró dictamen se denomina “Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos” y establece que si el Gobierno decide incrementar las tarifas por causas objetivas y justificadas, ese aumento no podrá exceder el del promedio de los salarios para usuarios residenciales, ni el IPC mayorista para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas.

También indica en el caso de los usuarios residenciales que las tarifas serán estables por 12 meses.

Para los clubes de barrio y entidades de bien público, se implementa un sistema de tarifa social en el que pagarán solo el 20% del valor de la factura.

En tanto, se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de pymes, y se prohíbe la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos.

El proyecto también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Acciones de Estado, para “llevar adelante el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento físico del plan de inversiones establecido en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral dentro de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)”.

El titular del espacio Argentina Federal (que incluye al Bloque Justicialista y a otros legisladores peronistas que responden a partidos provinciales), Pablo Kosiner, apuntó directamente al proyecto del Ejecutivo: “Debemos volver a la discusión sobre la política tarifaria, no sobre la presión tributaria, que es sólo una variable de la composición de la tarifa”.

El salteño se quejó de que el Gobierno propone una solución “como si la carga impositiva fuese en todas las provincias lo mismo”, lo cual traería como consecuencia “una profundización de la brecha de desigualdad”.

Por otro lado, los legisladores opositores criticaron a Cambiemos por dejar sin quórum a la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que sesionó en minoría y acordó consensuar en los próximos días una propuesta unificada sobre régimen tarifario federal, que atienda las necesidades de cada región.

Durante ese encuentro se pretendía analizar los 22 proyectos de diversa índole que estipulan las necesidades de cada provincia o región en particular. A pedido del oficialismo, los textos serán tratados primero por asesores con el objetivo de unificarlos en una sola propuesta para ser elevada al recinto.

“Es absurdo que el Congreso, y más esta comisión, no intervenga sobre este tema”, señaló el neuquino Martínez, e informó que el 75% de los proyectos con giro a Energía refieren al tema de las tarifas.

El debate en el SenadoEn caso de no poder avanzar con la iniciativa en la cámara de Diputados, el peronismo confía en aprobar la propuesta en el Senado, donde Cambiemos no cuenta con el número necesario para bloquear su tratamiento.

La semana pasada se aprobó una moción para tratar los proyectos sobre tarifas en la primera sesión de mayo. La oposición pidió que sea el miércoles 2 pero, debido a los feriados por el Día del Trabajador, es probable que el debate en el recinto se posponga una semana.

Los proyectos a tratar son de la expresidenta Cristina Kirchner y del bloque peronista Miguel Pichetto. La exJefa de Estado pretende retrotraer todos los valores de todas las tarifas de los servicios públicos al 1 de enero de 2017.

En tanto, el senador rionegrino impulsa una iniciativa denomina “Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos”, que consta de 17 artículos, divididos en cuatro títulos, cuyo objeto es proteger a los usuarios residenciales, micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajos o empresas recuperadas, clubes de barrios y usuarios beneficiados por la tarifa social, estableciendo “pautas objetivas y complementarias” a las ya establecidas en cada uno de los regímenes de servicios públicos y transportes públicos.

La propuesta retrotrae a los valores de noviembre de 2017 y establece que los aumentos no deben exceder el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de la vigencia de la última actualización tarifaria, hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa.

Esas tarifas tendrán una estabilidad mínima de 24 meses, período durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria.

Las tarifas alcanzadas son las de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, y transporte público automotor y ferroviario, y aquellos que hubieran abonado a partir del 1 de noviembre pasado un monto mayor al establecido por la norma, por el valor del excedente se generará un crédito a favor del usuario computable al próximo período del consumo.

En materia impositiva, se exceptúa del pago del IVA a las ventas de gas, luz y agua para aquellos beneficiarios de la tarifa social. La alícuota del IVA será del 50% de la establecida por ley para los usuarios residenciales; también se incluye una modificación en el mismo sentido para micro, pequeñas y medianas empresas.