El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, destacó como uno de los objetivos centrales de los proyectos de reforma laboral enviados por el Ejecutivo al Senado de la Nación el de "generar un vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso" en lo que atañe a la formalización del empleo y a las indemnizaciones.

Cabe destacar que el Gobierno envió el viernes pasado al Senado tres capítulos del proyecto de reforma laboral que comenzarían a ser debatidos en comisiones los primeros días de mayo y que incluyen una modificación en el cálculo de las indemnizaciones que había sido resistida en diciembre último.

"El proyecto que mandamos al Congreso tiene una mirada integral", indicó el ministro, e insistió en que buscan "generar vínculo entre trabajadores y empleadores que priorice el consenso y no el conflicto". 

"Eso tiene que ver con la formalización de trabajadores" por un lado, y por el otro, la creación de "un fondo de cese laboral", vinculado con las indemnizaciones.

Este fondo sería "administrado por los sindicatos en conjunto con el empleador", indicó Triaca, para luego agregar que el principal objetivo de las iniciativas remitidas el viernes al Senado es "darle previsibilidad al trabajador y al empleador".

"Cada convenio tiene la posibilidad de recurrir a este fondo de cese y cada sector define el alcance del mismo", indicó Triaca, por lo que "sólo cuando estos convenios lo quieran, el fondo de cese reemplazaría la indemnizaciones tradicionales".

El ministro indicó que hay "cinco sectores con mayor nivel de trabajadores en la informalidad: construcción, empleo rural, pequeñas industrias, comercio y personal doméstico", y agregó: "El foco no es solamente la formalización sino también mejorar los procesos de fiscalización".

En tanto, al ser consultado sobre su relación actual con la CGT, el ministro de Trabajo sostuvo que dialoga "con todos los sectores", aunque pueda "haber diferencias". 

Los detalles del proyecto

El Senado tiene previsto abrir en comisión en los próximos días el debate de tres proyectos de reforma laboral que fueron remitidos el viernes por el Poder Ejecutivo, vinculados a la regularización de trabajadores no registrados, la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud y el sistema de prácticas formativas de los estudiantes.

No obstante, uno de los proyectos incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC).

Hasta el momento, se calculan sobre el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y todo "reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".

El Ejecutivo planea utilizar en lugar de las indemnizaciones la creación de un fondo de cese laboral, el cual sería constituido mediante un convenio colectivo, suscrito por las cámaras y el gremio principal decada sector.

De esta forma, el empleador aportaría mensualmente un porcentaje del sueldo más adicionales remunerativos y no remunerativos. Se trata de una modalidad ya usada en la construcción.

No obstante, la Confederación General del Trabajo no avalaría esta nueva alternativa, ya que se había descartado un proyecto similar en diciembre último. Por ello, el Gobierno espera que la CGT acompañe recién después del 22 de agosto, cuando la central obrera elija a su nueva cúpula.

Otra de las iniciativas polémicas prevé la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud). Se trata de un órgano autártico encargado de delinear el Plan Médico Obligatorio, es decir, las prestaciones mínimas que deberán ofrecer las obras sociales.

Pero, además, "será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria", por lo que el Gobierno responde así uno de los principales reclamos de las obras sociales.

En este sentido, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la Justicia 2.802 amparos antes obras sociales y prepagas para cubrir tratamientos o medicamentos no contemplados en el PMO.

De ese total, 1.668 casos fueron por motivos generales como medicamentos (335), afiliación (527), cirugías (190), prótesis (71) y problemática prestacional (423). Los otros 1.134 estuvieron relacionados con cuestiones de discapacidad, como prestaciones, transporte y afiliación, entre otros.

Los jueces fallaron a favor de las obras sociales y prepagas apenas en 11 amparos (0,4% del total), por lo que el sector exigió que los reclamos en tribunales atentan contra sus costos, que calculan cerca del 15% en litigios judiciales.