La comisión de Legislación General de la Legislatura porteña firmó este viernes el despacho que busca modificar la Ley 941, de Administración de Consorcios, por el texto consolidado de la Ley 5.666.

El proyecto tiene como finalidad "transparentar la actividad que llevan a cabo los administradores de consorcio y garantizar el acceso a la información a los ciudadanos, a través de una herramienta digital de fácil acceso que fomente el diálogo en la vida consorcial, el acceso a la información relativa al consorcio del edificio que habita y a verificar el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre los administradores".

Además, promueve una "audiencia conciliatoria", como "una instancia que propicia el diálogo y la búsqueda de fórmulas de acuerdos entre las partes, permitiendo que los participantes expongan sus conflictos y sus intereses en un proceso coordinado por una tercera persona que genere un ámbito de negociación tendiente a lograr una justa composición de los intereses contrapuestos".

En este sentido, el proyecto del Ejecutivo porteño señala que "resulta imprescindible modificar la Ley 941 con el fin de que se permita el desarrollo de herramientas legales e institucionales que resguarden los intereses de los habitantes a través del contralor del ejercicio de la actividad de administración de consorcios, toda vez que es obligación de la Ciudad garantizar la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten, además del deber de proteger la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna".

Por otro lado, señala que la actual legislación "entró en vigencia antes de la sanción de la Ley 26.994, que aprueba el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y ante la incompatibilidad inconciliable de ambos marcos legales, se debe armonizar la interpretación de las mencionadas normas y readecuar los plazos que se establecen".

Otros cambiosLa iniciativa remitida por el gobierno porteño también establece cambiar los requisitos para la inscripción de los administradores de consorcios establecidos e incorpora a los impedimentos enumerados a quienes estén inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as.

También fija la obligación de "indicar en forma separada y diferenciada los importes que correspondan a expensas ordinarias y extraordinarias" y la aplicación de la plataforma web oficial.

Dos despachosEste mediodía, en el Salón "Intersecretarías - Presidente Alfonsín" de la planta principal, previo al uso de la palabra de los diputados, algunos ciudadanos y especialistas en la temática expresaron su opinión con respecto al proyecto del Poder Ejecutivo y argumentaron su oposición, principalmente por el exceso de manejo de información privada en la plataforma web, por la mejor formación de los administradores y porque la implementación constituirá "un exceso de gasto público".

El despacho de mayoría fue firmado con el objetivo de ser puesto en consideración, con tratamiento preferencial, en la sesión del jueves próximo. Por su parte, los diputados Sergio Abrevaya (GEN), Leandro Halperín (SUMA+) y Santiago Roberto (BP) se manifestaron en discordancia con algunos de los puntos del proyecto y el legislador del Bloque Peronista adelantó la presentación de un dictamen de minoría.

Para agilizar la falta de respuesta a los vecinos una vez realizadas las denuncias contra los Administradores de Consorcios, Abrevaya (GEN) presentó un proyecto. Argumentó que "en lo que va del año 2018, ya se registran un total de 327 denuncias, dirigidas a administradores de consorcios, es decir, más de tres por día para los responsables de llevar adelante la administración de los edificios de la ciudad.

El motivo más recurrente es la falta de transparencia en la liquidación de las expensas y sobreprecio. En segundo lugar, le sigue la desatención de la conservación de las parte comunes y finalmente, en tercer lugar, la falta de suministrar documentación e información para la correcta toma de decisiones de los propietarios".

Para solucionar esto, propone una modificación al artículo 17 de la Ley 941 de modo que quedaría redactado de la siguiente forma: "Artículo 17.- Denuncia y Veedores. La Autoridad de Aplicación debe recepcionar las denuncias correspondientes, enviar veedores a las reuniones ordinarias y/o extraordinarias de consorcios o actuar de oficio cuando toma conocimiento de la posible comisión por parte de los administradores de actos contrarios a la presente Ley".

El presidente de la Comisión de Legislación General, diputado Daniel Del Sol (VJ), presidió el encuentro al que también asistieron sus pares Paola Michielotto, Christian Bauab, María Luisa González Estevarena, Hernán Reyes y Guillermo Suárez (VJ).