Después de casi tres meses de deliberaciones desde su ingreso en la Comisión de Medios del Senado, se aprobó el dictamen de la llamada "ley corta" de telecomunicaciones que aspira a acelerar inversiones en el sector.

El objetivo es que se trate en el recinto la próxima semana y que tenga rápida aprobación en esa cámara para pasar luego a Diputados. Pero las cosas no parecen que vayan a desarrollarse sin escollos.

Si bien el dictamen obtuvo la mayoría, las senadoras Ana Almirón (FPV) y María Eugenia Catalfamo (Unidad Justicialista) decidieron avanzar con un dictamen de rechazo en minoría.

Argumentaron que el tratamiento dado a este proyecto se dio con demasiada celeridad y con poca diversidad de opiniones. Este texto será acompañado, a su vez, por Pino Solanas (Proyecto SUR–Unen) y por Marcelo Fuentes (FPV).

Tal como informó iProfesional, la competencia plena –en todo el país– arrancará recién en 2022 y la posibilidad de que empresas como Telefónica y Claro puedan brindar televisión por suscripción a través del satélite se estiró para 2020.

La condición es que no podrán llegar a las localidades de menos de 100.000 habitantes antes de ese tiempo porque, en el marco de la discusión, se extendió la protección para las Pyme del sector.

En tanto, los legisladores que avanzarán con el proyecto en disidencia se tomarán esta semana para elaborar un texto alternativo que, esperan, también ingrese en el recinto en la primera semana de julio.

Más allá de las consideraciones expresadas por los legisladores, uno de los aspectos más celebrados fue la posibilidad de que las Pymes de telecomunicaciones puedan contar con espectro para ingresar en el negocio de la telefonía móvil, punto expresamente contemplado en el dictamen.

La movilidad les resulta estratégica para mantenerse en el negocio, especialmente cuando el 67% de los argentinos accede a Iternet a través del teléfono móvil, tal como lo dejó de manifiesto Heber Martínez, director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) este mismo miércoles durante la jornada La Revolución Móvil, organizada por Grupo Convergencia.

De ahí que para las Pymes de telecomunicaciones y cooperativas resulta estratégico contar con espectro, aspecto que se contempló en el dictamen al reservar un 30% para distribuir en ese segmento.

Si bien la intención es aplaudida por las mismas Pymes telco, también se plantean cómo van a afrontar el ingreso en ese negocio.

Así lo expresó un empresario de ese segmento. "El software de gestión para la telefonía móvil cuesta u$s4 millones. Decime de dónde va a salir esa cantidad de dinero", describió.

Uno de los aspectos que sí parece haber reunido consenso entre las distintas partes es el referido con los contenidos puesto que, interpretan, se logró avanzar en un esquema que permita tener transparentados, por ejemplo, los costos de comercialización de señales.

Lo cierto es que la norma contempla que:

- El servicio de TV por suscripción por vía satelital podrá ofrecerse en las ciudades ya habilitadas este año (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y en aquellas donde no exista otro prestador del servicio de radiodifusión por suscripción al 1° de julio de 2020. En la previsión original, esta fecha estaba fijada para 2019.

- En las localidades de menos de 100.000 habitantes donde el servicio sea ofrecido únicamente por Pymes de telecomunicaciones o independientes del servicio básico telefónico, el servicio satelital podrá ingresar recién en 2022. En las restantes localidades, en 2021.

- A esto se suma que ni Telefónica ni Telecom podrán dar televisión paga por satélite antes del 1° de julio de 2020.

- La comercialización de señales y programas audiovisuales deberá realizarse en condiciones equitativas y que se alejen de prácticas anticompetitivas.

- Se amplía el concepto de radiodifusión por suscripción a aquellos prestadores TIC que usen la tecnología de transmisión de contenidos audiovisuales basados en el protocolo IP, es decir, que hagan distribución de contenidos por Internet.

- Se promueve el uso compartido de infraestructura acordado mediante convenios, donde se elimina la posibilidad de que haya pactos de exclusividad. De este modo, se atienden demandas expuestas principalmente por las pequeñas prestadoras de telecomunicaciones.

- Se fija que será el Ente Nacional de comunicaciones (ENACOM) el que resolverá en cada uno de los eventuales conflictos que se susciten entre las diversas partes.

- Se determina que el ENACOM asignará en forma directa a ARSAT espectro de 3G y 4G para que cumpla con sus fines. A su vez, el regulador buscará ampliar la competencia a partir del otorgamiento de esas bandas a operadores locales y regionales, públicos o privados, según lo dispuesto en el decreto 1340/2016.

De modo que este será el dictamen que, de no mediar ningún obstáculo, se tratará la primera semana de julio en el Senado. Aunque habrá que ver qué peso tendrá, en este contexto, el dictamen de rechazo de minoría sobre el que están trabajando los cuatro legisladores mencionados.

El Gobierno pretende que esta ley se apruebe en septiembre. Y a partir de ahí se generen las condiciones para que las inversiones en el sector de las telecomunicaciones se aceleren de parte de todos los actores y no sólo de los grandes prestadores.

Claro que ese escenario no depende sólo de una ley. La situación coyuntural por la que atraviesa la Argentina, con retracción de consumo e inflación, más la expectativa por la definición que se espera de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) respecto de la fusión Telecom-Cablevisión, también mantienen en alerta a los distintos actores de la industria.

Las eventuales restricciones o condiciones que se impongan serán clave para ver de qué modo se para cada uno de los jugadores en el escenario por venir.