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Ya es crisis polí­tica: las denuncias sobre aportantes "truchos" forzaron a Vidal a echar a su contadora general

Ya es crisis polí­tica: las denuncias sobre aportantes "truchos" forzaron a Vidal a echar a su contadora general

La mandataria anunció que exigió a María Fernanda Inza que dé un paso al costado luego de que un informe periodístico descubriera que el oficialismo habría hecho figurar a 200 beneficiarios de planes sociales como aportantes en las Legislativas bonaerenses. También ordenó una auditoría interna

19.07.2018 04.35hs Política

La denuncia periodí­stica de que hubo una gran cantidad de aportantes falsos en las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017 en la Provincia se convirtió este miércoles en un verdadero problema polí­tico al cobrarse su primera ví­ctima: la contadora a cargo de la Contadurí­a General de la Provincia, Fernanda Inza.

La encargada de anunciar el desplazamiento fue la propia gobernadora bonaerense, Marí­a Eugenia Vidal, quien quedó en el ojo de la tormenta de esta crisis. Lo hizo en el marco de un cambio de estrategia: decidió tomar la iniciativa, luego de soslayar el tema durante dí­as a la espera de que el escándalo fuese disminuyendo.

Así­, la mandataria provincial anunció en una conferencia de prensa a la que habí­a convocado a los medios para difundir un paquete de medidas sociales, que le pidió la renuncia a la responsable de la Contadurí­a General del distrito, una de las dirigentes señaladas en las denuncias de aportantes falsos a la campaña, ya que es la tesorera del PRO bonaerense.

"Le he pedido en el dí­a de hoy la renuncia a la contadora Fernanda Inza, a cargo de la Contadurí­a General de la Provincia", señaló Vidal. Y acotó: "Ella formó parte del equipo de rendición de campaña, pero más allá de eso hace muchos años trabaja conmigo", especificó, sin ocultar el ví­nculo de cercaní­a que la une a la Inza.

"La conozco, confí­o en ella, no tengo ningún elemento objetivo que demuestre su involucramiento en este caso", agregó Vidal para respaldar a quien está apartando de forma "preventiva" hasta que la Justicia aclare lo sucedido. El pliego de Inza habí­a sido aprobado la semana pasada por el Senado bonaerense.

Es que el caso, en el que se sospecha de lavado de dinero, está siendo investigado en los tribunales de Comodoro Py, donde se consideró que hay suficientes elementos como para iniciar una pesquisa. 

"Mi conducta ha estado basada toda mi vida en la honestidad", señaló la mandataria, al ser consultada sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña del oficialismo en 2017 en medio de la rueda de prensa.

En ese contexto, Vidal aprovechó para adelantar que adoptó "decisiones muy concretas" para intentar aclarar qué sucedió con los aportes de campaña de las elecciones de 2015 y 2017. Es que además de pedirle la renuncia a la contadora, indicó que ordenó una auditorí­a interna sobre la rendición de cuentas del oficialismo presentada a la Justicia.

Además, la gobernadora destacó que el Gobierno nacional promoverá una nueva ley de financiamiento de los partidos polí­ticos, la que respaldará.

Y anunció que si participa de la próxima campaña en la provincia de Buenos Aires, dispondrá que el oficialismo tenga todos sus aportes "bancarizados", aunque la norma no lo obligue.

Vidal dijo que espera que todas las fuerzas polí­ticas imiten esa actitud, bancarizando la totalidad de sus aportes de campaña.

No es la primera mención de Vidal sobre el tema, que explotó luego de una investigación del portal El Destape en el que se descubrió –mediante el cruce de bases de datos– una presunta maniobra fraudulenta para financiar -por montos millonarios- la campaña de Cambiemos.

De acuerdo con ese medio, el oficialismo habrí­a hecho figurar como aportantes a por lo menos 200 beneficiarios de los planes sociales "Ellas Hacen" y "Argentina Trabaja", quienes desmintieron haber contribuido a ese fin.

La investigación fue creciendo hasta encontrar que listas enteras de Cambiemos en el interior bonaerense figuraban aportando a la campaña cuando en realidad no lo habí­an hecho. Esto llevó a que los propios integrantes de la alianza de Gobierno involucrados en la maniobra dijeran públicamente que no habí­an hecho ningún aporte y hasta se mostraran molestos por la situación.  

"Después de cada elección, cada partido tiene que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió. Nosotros lo hicimos, lo presentamos en la Justicia y no hay nada que ocultar", habí­a señalado una semana atrás Vidal cuando se refirió por primera vez al tema ante la consulta de la prensa durante su paso por la localidad de General Villegas.

La mandataria provincial habí­a señalado que "en estas denuncias sobre algunos aportantes, lo que hemos hecho es pedir una auditorí­a dentro del propio frente electoral y, en segundo lugar, presentarnos en la Justicia"

Fue en este contexto que la gobernadora prosiguió y este miércoles insistió con modificaciones en la ley de financiamiento de los partidos, al sostener que "tiene lagunas, deficiencias".

Además, Vidal planteó que "lo mejor es que los aportes sean bancarizados, así­ no quedan dudas sobre quién aportó, quién firmó un recibo" y agregó: "A partir de la bancarización de los aportes va a quedar claro quién aporta y quién no, así­ tenemos las cuentas claras".

La causa judicial y el futuro de Vidal
La denuncia avanza en el despacho del juez federal Sebastián Casanello, quien citó el martes de la semana pasada a los primeros testigos que aparecen como aportantes falsos en la última campaña electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

El caso fue impulsado por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien decidió abrir una investigación. La denuncia la presentó Lucas Schaerer, de la fundación La Alameda, liderada por el dirigente Gustavo Vera.

Los denunciados por La Alameda son los senadores Esteban Bullrich y Gladys González y los diputados Graciela Ocaña y Héctor Flores, quienes encabezaron las listas del oficialismo en la Provincia.

De avanzar, el expediente podrí­a complicar una potencial candidatura de Vidal en 2019, de allí­ el apuro de la gobernadora por encaminar la crisis cuanto antes.

Según el artí­culo 63 de la ley de financiamiento de los partidos polí­ticos "el presidente y tesorero del partido y los responsables polí­ticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos polí­ticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios" cuando " no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos".

Inza es la tesorera del PRO bonaerense y Vidal, su presidenta. Por eso, la gobernadora entiende que esta denuncia es directamente contra ella.


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