"Esos intereses oligopólicos y monopólicos que se mueven en distintos sectores de la economí­a quieren subordinar la voluntad del pueblo argentino y no van a poder hacerlo; vamos a defender con fuerza y decisión la capacidad de transformación y de cambio", dijo el presidente Néstor Kirchner en el acto de conmemoración del Dí­a de la Independencia, en Tucumán, el pasado 9 de julio.

A muchos sorprendieron aquellas palabras del Presidente, dado que la alta concentración de los mercados nunca fue tema prioritario de discusión de la clase dirigente de los últimos años. Sin embargo, a algunas esferas polí­ticas no las asombraron, ya que conocen la intención del Gobierno de apurar la reforma a la Ley de Defensa de la Competencia.

Incluso, trascendió hoy que los fondos de inversión Allianz y Dredsner Bank serán citados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para que den explicaciones sobre su operatoria con tí­tulos de la deuda pública ajustada por inflación durante las últimas semanas. Esos fondos fueron duramente cuestionados por Kirchner la semana pasada y ahora el organismo antitrust deberá determinar si hubo cartelización en las ventas de bonos que hicieron desplomar su cotización cerca del 10% en el mercado local (ver: Fondos especulativos: a quiénes acusó el Presidente).

Los cambios legales, que buscan reforzar la participación del Ministerio de Economí­a como organismo que defina cuándo una fusión es monopólica y cuándo no, recibirí­an un fuerte influjo polí­tico para que sean tratados en los últimos meses del año en el Congreso.

Hoy, la economí­a nacional presenta más de diez sectores de gran importancia donde existe una muy alta concentración. Así­, existen áreas clave donde una empresa concentra casi todo el mercado, o bien dos o tres controlan más del 90 por ciento (para ver informe exclusivo de como es la concentración de empresas por sector haga clic aquí­). 

 

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Un ejemplo es el de Siderar. La mayor siderúrgica nacional concentra el 99% del mercado de la chapa laminada en frí­o y el 84% de la chapa laminada en caliente. La compañí­a del Grupo Techint surgió tras la fusión de Aceros Paraná (ex Somisa), Propulsora Siderúrgica, Aceros Revestidos y otras empresas de aquel consorcio económico.

También está el ejemplo del cemento, donde tres firmas controlan el 96% del mercado (Loma Negra, Minetti y Avellaneda) y cuatro el 100 por ciento (si se suma a aquellas tres a Petroquí­mica Comodoro Rivadavia). Justamente este sector fue sancionado en el 2005 con una multa de más de $300 millones por acuerdos ilegales.

En el sector petroquí­mico hay un caso paradigmático. Se trata del etileno, uno de los productos quí­micos más importantes de donde se obtiene el polietileno, donde una empresa concentra el 93% del mercado -PBB Plisur-.

En panificación industrial, las fusionadas Bimbo y Fargo concentran el 79%; en bebidas gaseosas, Coca Cola y Pepsi se reparte el 84% del mercado, con una participación del 60 y 24 por ciento, respectivamente.

El mercado de las galletitas también presenta un fuerte control en manos de pocas empresas. En el caso de galletitas saladas, dos compañí­as manejan el 77% -Kraft el 41%, y Danone y Arcor el 36%-.

En la actualidad, el Gobierno estudia dos fusiones en dos sectores de alta concentración: la compra de supermercados Disco por el grupo chileno Cencosud (propietario de la cadena Jumbo) y adquisición de Multicanal por Cablevisión.

El 81% de la distribución minorista de bienes de consumo masivo están en manos de tres empresas, mientras que en TV por cable el 67% está en manos de dos empresas que están en proceso de fusión.

Citación a fondos

Los fondos de inversión Allianz y Dredsner Bank deberán presentarse a partir del próximo 7 de agosto ante la CNDC para dar explicaciones sobre su operatoria con tí­tulos de la deuda pública ajustada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), informó hoy un matutino porteño.

Agregó que la decisión de citar a los financistas se tomó horas antes de que el presidente Néstor Kirchner acusara el jueves por la mañana a esas mismas agencias de administración de cartera de "generar desconfianza sobre la inflación" para obtener mayores ganancias con los papeles indexados a través del CER. Ese dí­a, en un encendido discurso en la Casa Rosada, el mandatario denunció que "hubo importantes ventas por más de u$s300 millones en bonos" durante la semana más negra para quienes prestan dinero al Estado, explicó.

La mera venta de bonos, incluso si tuviera un objetivo deliberadamente especulativo, no constituye en el paí­s delito alguno ni se considera violatoria de la libre competencia. Por eso lo que investiga la CNDC es si los fondos actuaron coordinadamente, como cuando dos o más compañí­as acuerdan subir sus precios en simultáneo y perjudican así­ al conjunto de los consumidores, remarcó la publicación.Jumbo-Disco

El último viernes, infobaeprofesional.com dio a conocer un dictamen de la Procuración General de la Nación que recomendó a la Corte Suprema de Justicia habilitar al Gobierno para analizar la fusión de las cadenas de supermercados Jumbo y Disco.

Ese avance podrí­a significar el fin a la larga batalla legal que se desató por la compra de Disco por Cencosud y que nunca pudo ser analizada por el Poder Ejecutivo, a raí­z de sucesivas decisiones de la Justicia Federal de la provincia de Mendoza que frenaron la operación desde el año 2004.

La procuración se opone al criterio de la cámara federal mendocina que consideró que sólo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) plenamente integrada (con sus cinco miembros) podí­a aprobar o rechazar fusiones, y no la actual Secretarí­a de Comercio Interior, que encabeza Guillermo Moreno.

Pero según la Justicia mendocina no habí­a autoridad que pudiera resolver la cuestión porque no se habí­a constituido el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia previsto en la ley antitrust pero que nunca fue creado.

Sin embargo, como en aquel momento la CNDC no tení­a el quórum suficiente para funcionar –sólo contaba con tres de sus cinco miembros- y tampoco estaba conformado el tribunal nunca pudo arrancar con el estudio de la fusión.

Ahora la procuración revocó esa decisión y admitió que la revisión administrativa de M&A recae sobre una autoridad dual, la CNDC, que dictamina y asesora, y la secretarí­a de comercio, que resuelve. El máximo tribunal judicial deberá ahora resolver si sigue la lí­nea de la procuración. Cablevisión-Multicanal

A fines de septiembre último, Cablevisión anunció la compra de Multicanal, operación con la que se conformó "la primera red nacional de video y banda ancha". Así­ lo sostuvo el consorcio integrado por el Grupo Clarí­n y la empresa Finitech Advisory cuando se realizó la operación por un total de u$s1.100 millones.

Dentro del paquete se incluyó al proveedor de Internet Fibertel, el operador de cable Teledigital y Prima, firma que provee acceso web y que controla a Flash, Ciudad Internet y Fullzero.

La CNDC todaví­a no decidió nada al respecto. La operación es muy reciente y está en las primeras etapas del proceso de estudio.

De concretarse la operación, las dos empresas lí­deres del sector de televisión paga y de acceso a Internet concentrarán la mayor porción del mercado de servicios ví­a fibra óptica, uno de los segmentos del consumo de mayor crecimiento en los últimos años y de más proyección a futuro.

Según fuentes vinculadas a la operación, por la relevancia de los jugadores involucrados, el análisis profundo de este caso pasará para después de octubre. Pero públicamente, el presidente de la CNDC, José Sbatella, se encargó la semana pasada de evitar adelantar si el Gobierno se expedirá sobre esta operación antes de fin de año.Debate legislativo

Cuando a principios de año el Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias al Congreso, introdujo como uno de los puntos del temario la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, el proyecto no avanzó y desde entonces quedó como materia pendiente. La iniciativa busca crear definitivamente al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, como órgano encargado de controlar las operaciones de concentración económica y sancionar conductas anticompetitivas.

Si bien este tribunal está previsto desde que entró en vigencia la ley antitrust, en 1998, nunca fue puesto en marcha. En su lugar se reparten su función la CNDC y la Secretarí­a de Comercio Interior.

Uno de los principales puntos de reforma es que prevé que el Ministerio de Economí­a será quien resuelva en última instancia administrativa en aquellas operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas referidas a servicios públicos, energí­a, defensa y minerí­a y a toda otra que pueda tener alto impacto en el empleo y la inversión.

En tanto, reservaba al Tribunal de Defensa de la Competencia la última palabra en fusiones y adquisiciones que no se refieran a aquellas áreas y, en forma exclusiva, en los casos de conductas anticompetitivas, en virtud de que es "el juez natural" en estos conflictos.

Desde el Gobierno creen que aquella distinción es "conveniente", dado que la legislación en materia de defensa de la competencia tiene un alto impacto en el libre tránsito, la prosperidad general y el bienestar del paí­s.

Ahora que esos cambios se volvieron una cuestión "urgente" para el Ejecutivo, se espera que antes de fin de año se logre un gran avance, impulsado principalmente por el Senado. Hay que esperar, pero sólo unos meses.

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