Carmen Argibay, integrante de la Corte Suprema de Justicia, aseguró este miércoles que "todo impuesto que supere el 33% es confiscatorio". Además estimó que el máximo tribunal se pronunciará sobre las retenciones, en el planteo realizado por la Provincia de San Luis contra el gobierno nacional, "en un año, con suerte y viento a favor".

La jueza hizo esta afirmación en declaraciones radiales tras conocerse que el máximo tribunal aceptó su competencia "originaria" para intervenir en una demanda presentada por esta provincia contra la inconstitucionalidad de los derechos de exportación, después que el Gobierno cerrara la posibilidad de introducir cambios con la puesta en marcha de un programa de redistribución social con fondos provenientes de la exportación de soja. La demanda presentada por la provincia de San Luis contra el Estado nacional, pide que se declare la inconstitucionalidad de las normas sobre derechos de exportación de productos agrí­colas, dictadas a partir del 1 de enero de 2002 y sus sucesivas modificaciones.

Fuentes del máximo Tribunal dijeron que la Corte "no ha hecho más que tomar la decisión procesal ineludible que correspondí­a al estado del expediente".

"Su participación, por el momento, no es ni más ni menos que la que le cabe en cualquier proceso en la que una provincia hace un reclamo al Estado Nacional, más allá de su procedencia o improcedencia, tema sobre el que el Tribunal no se ha expedido", aclaró la fuente.

Antes de que se conociera la decisión de la Corte, el ministro de Justicia, Aní­bal Fernández, sostuvo que la fijación de derechos de exportación "son atribuciones del Poder Ejecutivo" y adelantó que el gobierno apelará los fallos que puedan surgir en contra de las retenciones móviles.

La Corte Suprema de Justicia decidió notificar la demanda al Estado y le otorgó un plazo de 60dí­as para que contestar, según consignó un informe de prensa del máximo tribunal. Además de la declaración de inconstitucionalidad de las normas sobre retenciones a las exportaciones, la provincia de San Luis reclama la diferencia entre lo obtenido en materia de coparticipación tributaria y "lo que hubiese percibido de no haberse aplicado" la normativa que impugna.

El planteo, firmado por el gobernador Alberto Rodrí­guez Saá, expuso que el régimen de retenciones móviles al agro afecta la coparticipación federal de impuestos, según Télam.

La decisión de la Corte de tomar cartas en el asunto coincide con el dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti, quien semanas atrás opinó a favor de la competencia originaria del máximo tribunal en el tema. Aní­bal Fernández dijo que las retenciones se aplican sobre "rentas extraordinarias y como en cualquier paí­s del mundo se pagan como tales y se actúa en consecuencia".

El ministro de Justicia se manifestó en contra de que se lo califique de "confiscatorio" y puntualizó que "la condición de retención móvil hace que cuanto más renta exterior exista, más retención se paga y cuanto menos exista, menos se paga".

Fernández estimó que "a cortí­simo plazo" deberí­a finalizar la protesta del campo que lleva 90 dí­as, por cuanto "ya están las decisiones tomadas" y que el gobierno hizo "todas las correcciones" que debí­a hacer. Por el lado de las entidades, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, señaló que el sector seguirá en la búsqueda de las ví­as de diálogo con el gobierno por medio del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y subrayó el interés por destrabar el conflicto.

"Dentro del ofrecimiento del Defensor del Pueblo, si no concurre hoy el gobierno, el ombudsman ya le hizo un pedido a la Presidenta de una convocatoria a la que nos dijo que le gustarí­a que lo acompañáramos; estarí­amos dispuestos a concurrir a esa reunión", afirmó Miguens a una radio.

Asimismo, explicó que "el sector lo que quiere es ser tenido en cuenta en la polí­tica oficial, seguir trabajando y salir del conflicto" y destacó que "queda a la vista que el sector está haciendo todo lo posible por retomar el diálogo".

Al respecto, fuentes cercanas al Defensor del Pueblo dijeron que Mondino comenzó a analizar los elementos que aportaron ayer los cuatro representantes del sector agropecuario en la audiencia que mantuvieron durante más de tres horas, de la que no participó el Poder Ejecutivo.

Los representantes del gobierno nacional tampoco se hicieron presentes, por lo cual el ombudsman analizará los pasos a seguir, que incluirá la apertura de otra actuación destinada a accionar ante la falta de colaboración de funcionarios del Poder Ejecutivo, instancia que podrí­a incluir recurrir a la justicia ordinaria.

Por otra parte, con piquetes y cortes parciales en diversas rutas de la provincia, productores agropecuarios y transportistas cordobeses sostienen sus reclamos.

En Entre Rí­os, transportistas cortaron el tránsito en forma total en la ruta provincial 11 en cercaní­as de Victoria; a la vez que habí­a otros piquetes en la intersección de las rutas 12 y 16,en Gualeguay; en la ruta 39, cerca de Nogoyá; y en Valle Marí­a, en la entrada de Villaguay.

En tanto, sobre la ruta 14, a la altura de Gualeguaychú, el titular de la Federación Agraria de Entre Rí­os, Alfredo De Angeli, propuso a los productores que se abstengan de comercializar granos, en señal de rechazo a la decisión oficial de mantener las retenciones móviles a la soja.