La millonaria suma que acumula el "default" del agro: ¿puede seguir creciendo?

Los incumplimientos en el pago de sus deudas que vienen arrastrando cuatro de las principales empresas agropecuarias del país ya marcan que se trata del mayor default del sector. Entre los pasivos acumulados por Los Grobo; Agrofina; Surcos y Vicentín el monto que se encuentra sin haber sido cancelado supera los u$s1000 millones y tiende a incrementarse con el correr de las semanas y la falta de acuerdo entre las empresas y sus acreedores para poder negociar una salida.

En este sentido, en los últimos días el mayor productor de soja de la Argentina informó que los bancos que poseen la mayor parte de la deuda cercana a los u$s450 millones le reclamaron la cancelación total de ese dinero, siguiendo el mismo esquema de presión que utilizaron para su controlada, Agrofina.

De acuerdo a una nota enviada por Los Grobo a la Comisión Nacional de Valores (CNV), las entidades financieras encabezadas por el Banco Galicia, en su carácter de agente administrativo y prestamista, solicitó "la exigibilidad inmediata del pago de todas y cada una de las sumas adeudadas por la Sociedad a los banco mencionados en los Financiamientos".

Acreedores "implacables"

Del mismo modo, el banco avisó que "procederá a ejecutarse-a satisfacción de dichos bancos- las garantías otorgadas bajo cada uno de los Financiamientos, a los efectos de obtener el pago de la totalidad de las sumas adeudadas".

La respuesta de Los Grobo a este pedido no se hizo esperar. Desde la empresa explicaron que ya expusieron "los fundamentos legales correspondientes a fin de continuar las negociaciones con los bancos, para evitar que las ejecuciones se lleven a cabo".

La crisis de este grupo y de su controlada y que son propiedad del fondo Victoria Capital Partner se inició el último viernes del 2024 cuando se conoció la incapacidad de ambas sociedades para cumplir con vencimientos de deuda, atribuyendo esta situación a la iliquidez del mercado y a factores económicos adversos.

La suma anunciada en ese momento fue de un total de u$s10 millones que deberían cancelar hasta el 31 de marzo próximo.

Si bien el grupo intenta darle forma a un plan de pagos que le permita salir de esta crisis de coyuntura, hasta ahora sus acreedores se han mostrado indiferentes a sellar una salida negociada.

Futuro incierto del sector agropecuario

Las decisiones que se tomen tienen vinculación con los montos totales que Los Grobo y Agrofina adeudan en valores negociables en circulación con vencimiento durante el primer trimestre de este año.

En el caso de la productora de agroquímicos, entre enero y marzo debe cancelar deuda por $23.898 millones, además del monto sin cancelar y todavía en default por otros $9.136 millones que vencieron en diciembre del 2024 y lo que va de enero.

Con respecto al holding creado por la familia Grobocopatel que ofrece productos, servicios y conocimiento para la cadena alimentaria, en el trimestre que vence en marzo próximo tiene la obligación de cancelar deuda por $10.760 millones en total, entre pagarés bursátiles y descuentos de valores, de los cuales $2.740 millones vencen este mes; otros $5.770 millones en febrero y $2.250 millones en marzo, lo cual le suma otros $3.446 millones impagos hasta la fecha.

En la actualidad, los ejecutivos del holding se encuentran llevando a cabo un proceso de análisis y valoración del impacto del endeudamiento respecto de su activo y patrimonio neto.

La idea es determinar las alternativas a seguir frente a los compromisos financieros y económicos asumidos para evitar el tan temido "fantasma de la quiebra".

Calificación negativa para empresas referentes del campo

En este sentido, un informe de FIX (afiliada a Fitch Ratings), bajó la calificación de emisor a largo plazo de Agrofina S.A. y Los Grobo Agropecuaria SA a categoría C(arg) desde BBB(arg) y mantuvo el «rating watch negativo» sobre ambas compañías.

Esto implica que la calificadora internacional observa un "riesgo crediticio extremadamente vulnerable respecto de otros emisores o emisiones dentro del país".

El reporte también anticipa que la compañía "no cumplirá con sus compromisos financieros", aunque a la vez, deja una puerta abierta para que los propietarios del grupo puedan encarar un proceso de normalización de las actividades y retomen los planes de negocios que habían sido diseñados para poner en marcha a partir de este 2025.

"Ante la volatilidad de los flujos en los últimos trimestres, FIX siempre incorporó en la calificación una visión consolidada de Agrofina y Los Grobo, incluyendo el compromiso de integración del aporte de capital en Los Grobo previsto para el último trimestre de 2024, el cual fue postergado", argumentó la calificadora.

Propuesta en duda

Por su parte, desde Surcos también esperan poder cerrar un acuerdo con sus acreedores que, en varios casos, son los mismos bancos que reclaman el pago de sus deudas a Los Grobo y Agrofina.

Este martes 28 de enero, la sociedad también envió un comunicado a la CNV para informar sobre las últimas novedades en este proceso, explicando que llevó adelante una videoconferencia con inversores y acreedores en la cual se abordaron varios puntos:

1- Los motivos que la llevaron al incumplimiento de sus obligaciones financieras.

2- Las medidas e iniciativas que se estaban implementando para afrontar la compleja situación financiera y de contexto del negocio.

3- La contratación de Columbus IB como asesor financiero exclusivo para asistir en el proceso de reestructuración de su deuda financiera.

En ese marco, Columbus IB comunicó que, en primer lugar, se orientaría a revisar los cash flows proyectados en base a un plan de negocios adaptado a la nueva realidad del mercado en general, y de la compañía en particular.

En función de ello, se buscaría diseñar una propuesta de refinanciación integral que fuera realista y sustentable.

En el mismo encuentro virtual, se pudo saber sobre un embargo de cuentas bancarias e inhibición general de sus bienes derivado del reclamo interpuesto por un proveedor comercial.

Con posterioridad, el Banco Galicia le comunicó a la compañía la existencia de un nuevo embargo sobre sus cuentas bancarias, en este caso de un acreedor financiero, todo lo cual ha impactado negativamente en su operatoria ya que, desde dicha fecha, Surcos se encuentra impedida de disponer de sus cuentas bancarias y de sus líneas de descuento de cheques; de pagar y cobrar normalmente y de liquidar exportaciones ni pagar importaciones,

"Esta situación ha generado un aumento significativo en la complejidad de sus operaciones, lo cual requiere de un análisis más exhaustivo y detallado a los fines de asegurar una propuesta integral razonable a sus acreedores financieros", determina la sociedad en su carta enviada a la CNV.

Pasivo dolarizado

Del mismo modo, informó que FIX SCR, bajó las calificaciones de Emisor de Largo Plazo y de Corto Plazo de la Sociedad y de las ON Serie X a categoría D(arg) desde C(arg).

La categoría C implica un riesgo crediticio extremadamente vulnerable respecto de otros emisores dentro del país, mientras que la D corresponde a emisores que ya han incurrido en incumplimientos.

Esta reducción responde a que el pasado 13 de enero, la sociedad anunció que no podría hacer frente al séptimo pago del servicio de las ON Serie X VS, con vencimiento ese mismo día.

En la actualidad, la empresa agrícola, que importa fertilizantes y componentes activos de difícil sustitución, tiene una deuda bancaria de casi $40.000 millones, la mayor parte con los bancos Nación, Bapro, banco Galicia, Santander, BBVA e ICBC.

Pero también acumula un pasivo en dólares tras haber dejado de pagar ONs en moneda extranjera que vencen en 2026 y 2027, y que supera los u$s80 millones.

De acuerdo a sus ejecutivos, los problemas se vinculan al retraso de la venta de agroinsumos por factores climáticos, agronómicos, financieros y cambiarios y al aumento de las tasas de interés para obtener financiamiento en dólares, lo cual complicó reestructurar la deuda.

Default sin rumbo

En cuanto al caso de Vicentín es más complejo y ya lleva varios años desde que el ex presidente, Alberto Fernández, intentó estatizar la compañía en plena pandemia del Covid-19, aunque no tuvo éxito.

Antes de esa fecha, en diciembre del 2019, su pasivo rondaba los u$s1.500 millones pero parte de ese monto, u$s450 millones, fue adquirido por el grupo inversor CIMA SA.

Ese dinero incluía créditos de varias entidades financieras como la CFI; FMO; ING; Rabobank; MUFG; SMBC y Natixis, aunque el principal acreedor es el Banco Nación.

Vicentin se encuentra en default desde diciembre de 2019 y en concurso de acreedores desde febrero de 2020.

En un primer momento, sus ejecutivos diseñaron un plan de reestructuración de su deuda que proponía una quita del 70% de su deuda pero que fue impugnada tanto por el Nación como por la ex AFIP.

En la actualidad, el proceso judicial de Vicentin está a cargo de la Corte Suprema de Santa Fe y se espera que no el máximo tribunal provincial no emita un fallo en contra ya que, de acuerdo a varias fuentes, esa posibilidad en contra de la homologación de su propuesta concursal, podría llevar al grupo a la quiebra y sin posibilidad de pagar salarios.

Es decir, si la justicia santafecina no resuelve la homologación del concurso preventivo de crisis planteado el año pasado, el paso siguiente será la quiebra.

De hecho, la empresa debió soportar un reclamo de los trabajadores por falta de pago de salarios que se solucionó de manera parcial tras un acuerdo con el sindicato de Aceiteros que le permitió rehabilitar la actividad de las plantas de San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda, que quedaron paralizadas por las medidas de fuerza.

La "bandera blanca" se mantendrá por tres meses, en los cuales el nivel salarial se mantendrá estable, aunque la empresa dejará de pagar cargas más allá del salario mínimo, vital y móvil, con excepción de los aportes para trabajadores de 60 años o más, para no afectar el proceso jubilatorio.

Mientras tanto, habrá que esperar el fallo final de la Corte Suprema de Santa Fe sobre la homologación de su acuerdo concursal con los acreedores, que se podría conocer durante febrero próximo y que, de ser favorable, permitiría el ingreso de nuevos accionistas como ACA, Vitrerra y Bunge, para hacerse cargo de las operaciones.